Tras más de dos décadas de negociación —y un cierre político anunciado en 2024— los gobiernos del Mercosur y la Unión Europea se encaminan a la firma del acuerdo en Asunción el 17 de enero de 2026. La UE ya reunió una mayoría de Estados miembros para habilitar el paso, pero el tramo decisivo será el Parlamento Europeo y, luego, el complejo calendario de ratificaciones nacionales.
El anuncio volvió a poner en primer plano un pacto que alternó avances y bloqueos durante años. Esta vez, la novedad no es solo la foto política: es el pasaje a una fase procedimental concreta. La Cancillería argentina informó que la firma está prevista para el 17 de enero en Paraguay, con la expectativa de formalizar el texto para iniciar el circuito institucional de aprobación en Europa y en los países del Mercosur.
Del lado europeo, el movimiento tiene respaldo político: la Unión Europea habilitó el avance hacia la firma tras reunir una mayoría suficiente entre los Estados miembros. Ese aval despeja el primer obstáculo, pero no asegura el desenlace. El acuerdo todavía debe atravesar la instancia que puede definir su destino: el Parlamento Europeo y, según el esquema legal que adopte la UE, una trama de ratificaciones adicionales en los Estados miembros.
De “acuerdo político” a “acuerdo firmable”
La cronología reciente explica el salto. En 2024 se comunicó un entendimiento político entre ambos bloques, que abrió una etapa de revisión técnica y jurídica. En 2025, la Comisión Europea impulsó el armado legal para su adopción, con la mira puesta en acelerar tiempos y reducir el margen de veto.
En ese proceso, la UE avanzó con una arquitectura que busca ordenar el tránsito entre la firma y la vigencia plena. En términos prácticos, el objetivo es que una parte de los compromisos comerciales pueda empezar a aplicarse antes de que se complete el ciclo total de ratificaciones, sin renunciar a un acuerdo de asociación más amplio que incluye reglas políticas y de cooperación.
¿Qué contiene el corazón del acuerdo?
En lo sustancial, se trata de un esquema de liberalización comercial con desgravaciones arancelarias graduales y reglas de origen para evitar triangulaciones. A eso se suman disciplinas sobre acceso a mercados, procedimientos aduaneros y mecanismos de defensa comercial.
La Unión Europea presenta el pacto como una plataforma de expansión de exportaciones industriales y de servicios hacia Sudamérica, y como una pieza para diversificar relaciones en un contexto internacional más incierto. El Mercosur, en cambio, concentra expectativas en el acceso agroindustrial y en la mejora de condiciones para exportaciones históricamente penalizadas por aranceles y cuotas, aunque el debate interno vuelve siempre al mismo punto: cómo evitar que la apertura consolide un patrón primario-exportador y presione sobre sectores industriales sensibles.
Para dimensionar el volumen, la UE informó que el comercio bilateral en 2024 superó los 111.000 millones de euros, con un intercambio prácticamente equilibrado entre exportaciones e importaciones. Ese tamaño explica por qué el acuerdo despierta apoyos empresariales fuertes y, al mismo tiempo, resistencias políticas intensas.
La resistencia europea: agro, competencia y clima
El principal foco de oposición en Europa sigue siendo el agro. En varios países, organizaciones rurales denuncian que el acuerdo puede habilitar una competencia “desleal” por diferencias de costos, escala y regulaciones, con impacto en precios internos y rentabilidad. La discusión creció al ritmo de protestas y presiones parlamentarias, sobre todo en Estados donde el voto rural tiene peso estratégico.
En las últimas decisiones políticas, se registraron rechazos y abstenciones que revelan que el consenso europeo no es uniforme. Aun así, la mayoría alcanzada fue suficiente para empujar el proceso hacia la firma. Para contener la resistencia, desde Bruselas se insistió en mecanismos de salvaguarda, monitoreos y herramientas para reaccionar si ciertos sectores enfrentan un daño repentino por aumento de importaciones.
El otro eje de disputa es ambiental. La negociación quedó atravesada por exigencias y compromisos vinculados a estándares, trazabilidad y políticas climáticas, un terreno donde conviven convicciones genuinas, tensiones comerciales y presión de lobbies internos.
¿Qué significa para Argentina y el Mercosur?
Para el Mercosur, el acuerdo se vuelve una oportunidad y una prueba al mismo tiempo. La oportunidad: ampliar mercados, ganar previsibilidad y mejorar condiciones de acceso para exportaciones clave. La prueba: si la región logra traducir el nuevo marco en inversiones productivas, integración tecnológica y mayor valor agregado, o si el resultado termina reforzando una inserción periférica basada en materias primas y pocos eslabones industriales.
En Argentina, el debate adquiere un matiz adicional por la fragilidad macroeconómica y la discusión sobre política industrial. En ese contexto, las reglas de origen, los plazos de desgravación y los márgenes para administrar sectores sensibles se vuelven puntos críticos: determinan si el acuerdo opera como palanca de desarrollo o como presión competitiva sobre un entramado productivo que ya enfrenta costos altos y volatilidad.
Lo que viene: Parlamento Europeo y calendario político
Con la firma, el acuerdo no “entra en vigor” automáticamente: abre el tramo más político. El Parlamento Europeo debe otorgar su consentimiento y, luego, se activan las ratificaciones que correspondan según el formato legal definitivo. Allí se cruzan variables que suelen desordenar cualquier hoja de ruta: elecciones, cambios de gobierno, presión sectorial y coyunturas económicas.
Por eso, el 17 de enero aparece como una fecha bisagra, pero no como un punto de llegada. El pacto está más cerca que nunca de convertirse en realidad, aunque su aprobación final seguirá dependiendo de una disputa que excede el texto comercial: la de los modelos productivos, las asimetrías y el poder de veto que todavía conservan actores clave dentro de Europa.
