Un operativo de madrugada en Parque Avellaneda derivó en un choque público entre Jorge Macri y Juan Grabois, con insultos, acusaciones y una grieta que va más allá del episodio puntual. La Ciudad lo presentó como parte de su política de “orden” y recuperación de inmuebles; el MTE denunció un golpe a la economía del reciclado y a 200 trabajadores. Detrás del conflicto asoma una discusión más profunda: quién controla el negocio millonario de la basura urbana y qué destino se les da a los terrenos públicos en una ciudad atravesada por la presión inmobiliaria.
El predio en disputa está ubicado bajo la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035, y era utilizado como depósito de materiales reciclables por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Grabois. Según la administración porteña, el espacio estaba ocupado sin autorización y se recuperó con un operativo en el que intervinieron 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, camiones, maquinaria, Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención.
La escalada: de un desalojo a una guerra en redes
La disputa se volvió nacional en cuestión de horas. Grabois reaccionó con un mensaje explosivo en X, denunció un ataque a “gente humilde que labura reciclando” y aseguró que la cooperativa actuaba en un marco de legalidad. Jorge Macri contestó con su línea más dura: “en la Ciudad la ley se cumple” y “los usurpadores no tienen lugar”, y exhibió el caso como “propiedad recuperada número 553”, un conteo que su gestión utiliza como emblema de ordenamiento del espacio y los bienes.
La Ciudad insistió en que se trata de una política sostenida de restitución de bienes, con un mensaje de tolerancia cero a las ocupaciones. La cooperativa, denuncio que el predio le fue cedidos por el gobierno de la Ciudad hace mas de 15 años y convocó protestas y denunció falta de alternativas de reubicación para los trabajadores afectados.
El punto ciego: reciclado, logística y trabajo popular
Desde El Amanecer sostuvieron que el predio era un nodo clave del sistema formal de reciclado: allí se recuperaban más de 100 toneladas mensuales de materiales y, en particular, 25 toneladas de descartes textiles. Para el MTE, el cierre no solo desplaza a unas 200 personas: también corta un circuito de recuperación que, aseguran, no tiene reemplazo inmediato.
La Ciudad respondió con otro argumento: que viene aplicando cambios en el esquema de reciclado y pagos a recuperadores. Pero el episodio deja una pregunta abierta: si el Estado desarma un punto de acopio y clasificación, ¿Qué alternativa real ofrece para sostener el trabajo y el servicio ambiental que esas cooperativas prestan?
El “orden” como política: ¿gestión o administración del conflicto?
La narrativa del macrismo porteño es consistente: el orden se garantiza con reglas claras y control. Pero el caso Parque Avellaneda reaviva una crítica recurrente: cuando crecen la informalidad, el desempleo y la pobreza urbana, la respuesta puede inclinarse a ocultar y desplazar el problema del espacio público, antes que resolver sus causas.
En esa lectura, el desalojo no es “una excepción”, sino parte de una lógica: correr cartoneros, manteros o personas sin techo de los lugares visibles para “limpiar” el paisaje urbano. El conflicto social, entonces, no se atiende: se esconde o, peor, se reprime y se expulsa hacia la periferia. La discusión no es solo jurídica; es política y de modelo de ciudad.
Detrás del episodio: el negocio millonario de la basura
En el trasfondo aparece una variable que suele quedar fuera de los partes oficiales: la basura es un negocio. Y en la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los capítulos más costosos del presupuesto.
Según un chequeo basado en datos del presupuesto 2025, la actividad “Recolección y Limpieza por Terceros – Contrato” representa alrededor del 6% del presupuesto total porteño, y el programa “Servicios de Higiene Urbana” llegó a representar 8,36% del gasto en la ejecución del cuarto trimestre de 2024.
Ese mismo análisis recuerda que la Ciudad dividió el servicio en 7 zonas, cada una a cargo de una empresa concesionaria, con excepción de una zona administrada por un organismo público.
En ese esquema, el reciclado —incluido el trabajo de recuperadores urbanos y cooperativas— convive con un sistema de recolección y limpieza tercerizado y de gran escala. Por eso, para sectores sociales y opositores, cada movimiento sobre depósitos, centros verdes o logística del reciclado no es “neutral”: también puede leerse como una disputa por quién controla etapas del circuito, recursos y contratos.
La otra caja negra: tierras públicas y presión inmobiliaria
El segundo gran telón de fondo es el suelo urbano. El destino de terrenos públicos en la Ciudad viene siendo foco de controversias desde hace años, con casos emblemáticos como Costa Salguero–Punta Carrasco, donde una ley autorizó un concurso para el desarrollo urbanístico del área.
La discusión fue tan intensa que la Justicia porteña llegó a declarar la nulidad de esa norma en una sentencia de fondo, en un expediente ampliamente citado en el debate público sobre bienes de dominio público y procedimiento legislativo.
Más recientemente, la costanera volvió al centro por decisiones administrativas y adjudicaciones que reactivaron tensiones entre actores empresariales y políticos, alimentando la percepción de que, detrás de la retórica del “orden”, persiste una matriz: reordenar el territorio para habilitar negocios.
En ese marco, no son pocos los que miran el caso de Parque Avellaneda con una lupa distinta: si el predio recuperado queda bajo evaluación de áreas patrimoniales del Estado porteño —como informó la propia Ciudad en operativos similares—, la pregunta inevitable es qué uso se le asignará y quién se beneficia cuando un espacio público cambia de manos.
Una pelea que excede a Macri y Grabois
El cruce entre Jorge Macri y Grabois tuvo el tono de época: redes, insultos, consignas, y un operativo exhibido como trofeo. Pero el episodio funciona como síntoma.
Porque la discusión de fondo no es solo si hubo o no autorización en Ameghino 1035. Es qué hace el gobierno porteño con los conflictos sociales: si los aborda con políticas integrales o si los gestiona con expulsión del espacio público. Y también es quién maneja dos resortes decisivos en la Ciudad: el circuito millonario de la higiene urbana y el destino del suelo público en una metrópolis donde el metro cuadrado define poder.
Por eso, detrás del escándalo puntual, queda una frase que resume el choque de modelos: para el macrismo, “orden” es ley y control; para las organizaciones sociales, ese orden muchas veces se construye reprimiendo y corriendo a los mas pobres e excluidos, mientras los grandes negocios —la basura y la tierra— siguen siendo centrales en la disputa por la Ciudad.
