Con la elección partidaria del 15 de marzo en el horizonte y el cierre de listas a principios de febrero, el peronismo de la provincia de Buenos Aires ingresa en semanas decisivas. La disputa no es sólo por un sello: es por el control de la principal estructura territorial del PJ y por el equilibrio de poder entre el kicillofismo y La Cámpora tras el fin del mandato de Máximo Kirchner.
El Partido Justicialista bonaerense convirtió su calendario interno en un reloj político. La elección de autoridades del 15 de marzo dejó de ser un trámite administrativo para transformarse en el escenario central donde el peronismo procesa, en tiempo real, su discusión más sensible: quién conduce el partido en la provincia, con qué respaldos, y qué señal deja esa definición para el armado nacional que mira a 2027.
El cronograma fijó una cuenta regresiva con fechas que condicionan cualquier negociación. El armado de avales, la exhibición y corrección de padrones y, sobre todo, el plazo de presentación de candidaturas obligan a ordenar nombres y acuerdos antes de que el debate quede sellado en una boleta. En la práctica, ese límite achica el margen para una “unidad” indefinida y empuja a los sectores a mover fichas con rapidez.
Magario, la apuesta del kicillofismo
En el universo que rodea a Axel Kicillof, el nombre que ganó tracción es el de Verónica Magario. La vicegobernadora dejó una definición pública que funcionó como mensaje hacia adentro: en un acto en La Matanza junto al gobernador y el intendente Fernando Espinoza, expresó la decisión de competir por la conducción partidaria y se mostró dispuesta a disputar “la herramienta” del PJ. El gesto no fue menor: significó poner un nombre propio sobre la mesa y elevar el tono en una interna que, hasta hace poco, se intentaba encapsular en conversaciones reservadas.
En el kicillofismo creen que Magario combina dos atributos que el partido valora: volumen territorial y rol institucional. La lectura es clara: si el gobernador pretende concentrarse en su proyección nacional, necesita una conducción provincial alineada o, al menos, no hostil. La presidencia del PJ bonaerense, en ese esquema, no es un cargo decorativo: ordena la lapicera partidaria, incide en las reglas del juego y estructura la relación con intendentes, secciones y distritos.
Vetos cruzados y la traba del “quién”
El problema es que la candidatura de Magario no termina de cerrar una síntesis amplia. En el cristinismo y en La Cámpora la resistencia es explícita; del otro lado, en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que responde a Kicillof y nuclea un bloque importante de intendentes, se descarta la continuidad de Máximo Kirchner al frente del partido. Así, el diálogo quedó atrapado en una dinámica conocida: veto contra veto.
Ese bloqueo alimentó una segunda línea de nombres, pensados como posibles “puentes” para evitar una interna con final incierto. En esa lista aparecen figuras del entorno del gobernador como Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, y también un apellido que empezó a circular con más insistencia: Julio Alak, por trayectoria y vínculos con distintos sectores del peronismo bonaerense. La idea, admiten en voz baja varios dirigentes, es encontrar a alguien con suficiente densidad política para ser aceptable para más de un campamento, sin que ninguno sienta que entrega la conducción sin condiciones.
El trasfondo: liderazgo, estructura y reordenamiento interno
La disputa por el PJ bonaerense es el síntoma de un reordenamiento mayor. El fin del mandato de Máximo Kirchner como titular partidario abrió un capítulo inevitable: redefinir el peso específico del kirchnerismo en la estructura provincial y, al mismo tiempo, medir cuánto poder real acumuló el kicillofismo en estos años de gestión y construcción territorial.
No se trata sólo de nombres. Lo que está en juego es el mecanismo de conducción: si el partido se administra como un esquema de equilibrio entre sectores o si pasa a ser una palanca clara de un liderazgo en ascenso. En el MDF sostienen que Buenos Aires necesita una conducción que acompañe el rumbo del gobernador y que “desate” la estructura partidaria para un nuevo ciclo. En el kirchnerismo, en cambio, la preocupación es quedar relegado a un rol defensivo y perder centralidad en el principal bastión del peronismo.
La discusión se potencia por un dato estructural: el PJ bonaerense no ordena sólo la mesa provincial; también atraviesa los 135 distritos y las conducciones seccionales. Cualquier fractura arriba repercute abajo, donde intendentes y armados locales dependen de acuerdos mínimos para sostener gobernabilidad y estrategia electoral.
¿Unidad o interna?
La mayoría de los sectores repite que busca evitar una competencia abierta. La unidad, sin embargo, no es un deseo abstracto: requiere un reparto de poder que hoy no aparece garantizado. Si no hay acuerdo, la interna se vuelve una posibilidad concreta, con dos consecuencias inmediatas. La primera, el desgaste público: una campaña partidaria en medio de tensiones acumuladas puede amplificar diferencias y dejar heridas difíciles de cerrar. La segunda, el efecto político hacia afuera: una elección competitiva en el principal distrito del país se leería como anticipo de una disputa mayor, con impacto directo en el tablero de 2027.
Por eso, las próximas semanas serán determinantes. El plazo para formalizar candidaturas funciona como límite real y no simbólico. Hasta entonces, el peronismo bonaerense tiene dos caminos: cerrar una lista de consenso que exprese un nuevo equilibrio, o habilitar una elección interna que redefina por voto la conducción del partido.
En cualquiera de los dos escenarios, la pelea por el PJ bonaerense ya dejó una certeza: lo que se dirime no es únicamente una presidencia partidaria. Es la conducción de la principal estructura territorial del peronismo, la relación de fuerzas entre sus núcleos duros y la arquitectura política que —con acuerdo o con choque— buscará proyectarse hacia la próxima etapa nacional.
