Luego del cierre del año legislativo con dos proyectos clave sancionados, el Gobierno vuelve a poner al Congreso en el centro de su estrategia. La aprobación del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal funcionó como punto de partida para una segunda etapa que el oficialismo busca desplegar durante febrero.

En ese marco, el Ejecutivo prevé un nuevo llamado a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, una ventana en la que intentará avanzar con tres iniciativas que ya cuentan con dictamen. Se trata de la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la reforma a la Ley de Glaciares y la reforma laboral, considerados ejes centrales del programa económico.

Distinto es el escenario del nuevo Código Penal, una iniciativa de mayor complejidad política y técnica. Aunque fue presentada en octubre por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto a quien era entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el texto todavía no ingresó formalmente al Congreso y no tiene definido ni cámara de origen ni calendario de tratamiento.

La llamada “regla fiscal” ya estuvo a punto de tratarse. El proyecto tenía dictamen vigente e incluso había sido incluido en la sesión de Diputados donde se aprobaron el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal. Sin embargo, ante el riesgo de quedarse sin quórum, el oficialismo optó por levantar la sesión y dejar el tema para más adelante.

La iniciativa busca establecer sanciones para funcionarios públicos y directores de bancos estatales que incurran en gasto considerado innecesario o excesivo, o que impulsen mecanismos de emisión monetaria calificados como distorsivos. En los hechos, apunta a convertir en ley el principio que el Gobierno ya aplica desde el inicio de la gestión de Javier Milei: no gastar más de lo que entra.

Ese criterio se tradujo en un ajuste profundo del gasto público, al punto de que el Ejecutivo decidió no implementar leyes vigentes como la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y la emergencia en Discapacidad, aun cuando fueron votadas en ambas cámaras y restablecidas tras los vetos presidenciales.

La contracara de ese ajuste aparece en el frente tributario. En paralelo al recorte del gasto, el Gobierno convalidó pérdidas de recaudación por decisiones propias, como la baja de Bienes Personales, la reducción del impuesto a las Ganancias para grandes empresas, la caída de impuestos internos a la electrónica y a los automóviles, la baja de retenciones a determinados granos, la eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, además de distintos blanqueos y perdones fiscales.

Otro de los proyectos que el oficialismo quiere cerrar en febrero es la reforma a la Ley de Glaciares, que ya tiene dictamen favorable en el Senado. El objetivo central es trasladar a las provincias el control y la regulación de las actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares.

El planteo se apoya en el artículo 124 de la Constitución, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias desde la reforma de 1994. Con esta modificación, el Gobierno busca destrabar inversiones en un sector estratégico, especialmente en las provincias cordilleranas del centro y sur del país.

La normativa vigente protege a los glaciares y también limita proyectos en zonas periglaciares, ecosistemas de alta montaña con suelos congelados o saturados de agua que cumplen un rol clave en la regulación de los recursos hídricos. La reforma mantiene la protección de los glaciares, pero elimina las prohibiciones específicas sobre las áreas periglaciares.

La reforma de “modernización” laboral es la apuesta más sensible del paquete legislativo. El proyecto apunta a reducir costos laborales y bajar la litigiosidad, y es visto por el Gobierno como una pieza clave para el nuevo esquema económico.

En el Senado, la iniciativa logró avanzar con un dictamen de mayoría impulsado por Patricia Bullrich desde la jefatura de la bancada libertaria. Sin embargo, la fuerte movilización de la CGT y las dificultades políticas que rodearon la discusión del Presupuesto terminaron por frenar su tratamiento antes de fin de 2025.

Con ese escenario, Bullrich fijó una nueva fecha tentativa para llevar el proyecto al recinto: 10 de febrero. Antes, durante la segunda quincena de enero, podrían darse reuniones preliminares. Según adelantó la propia dirigente, el debate estará abierto y no será “a libro cerrado”.

El texto incluye puntos que generan fuerte resistencia sindical. Entre ellos, la eliminación de las cuotas solidarias, que pasarían a requerir consentimiento expreso del trabajador. Los empleadores solo podrían actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación, que seguirían siendo voluntarias.

También se propone poner fin a la ultraactividad de los convenios colectivos, priorizar los convenios por empresa sobre los de actividad, fijar pautas salariales ligadas a productividad, modificar el régimen de indemnizaciones, crear un Fondo de Asistencia Laboral como fondo de cese, implementar un banco de horas, habilitar el fraccionamiento de vacaciones, cambiar los plazos de preaviso y eliminar la responsabilidad solidaria en casos de tercerización.

La reforma integral del Código Penal aparece como el proyecto más ambicioso del temario, pero también el más verde en términos parlamentarios. El texto busca reemplazar una norma vigente desde 1921, que a lo largo de las décadas fue modificada con sucesivos parches.

Según los trascendidos, el nuevo código pasaría de 316 a 920 artículos e incorporaría la imprescriptibilidad de delitos gravísimos como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y delitos de lesa humanidad, además de un endurecimiento generalizado de penas, con foco especial en corrupción y narcotráfico.

El proyecto también absorbe iniciativas ya anunciadas por el Gobierno, como el régimen penal juvenil con baja de la edad de imputabilidad, la ley antimafia, la ley de reiterancia y el juicio en ausencia. Además, crea un capítulo específico sobre delitos informáticos, que incluye figuras vinculadas a contenidos sexuales falsos generados con IA, porno venganza, grooming, acoso digital y estafas como el phishing.

Por ahora, el Ejecutivo no definió cuándo enviará el proyecto ni por qué cámara comenzará su recorrido legislativo.

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