La caída del capítulo más duro del ajuste en Diputados expuso una derrota política para el oficialismo. Con el debate trasladado al Senado, el Ejecutivo acelera el tratamiento del Presupuesto 2026 y del Régimen Penal Tributario, en un escenario de negociaciones forzadas, resistencias internas y conflictos que condicionan su agenda legislativa.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
El tratamiento del Presupuesto 2026 dejó un saldo incómodo para el Gobierno de Javier Milei. Aunque el oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados, el resultado estuvo lejos de representar un triunfo político. La exclusión del Capítulo 11, que concentraba los aspectos más duros del ajuste fiscal, marcó una derrota significativa y dejó en evidencia los límites del poder libertario para imponer su programa sin concesiones.
El capítulo rechazado era una de las piezas centrales del esquema de recorte del gasto y reasignación de partidas que impulsaba el Ejecutivo. No logró reunir los votos necesarios y quedó fuera del texto aprobado, producto de la resistencia de bloques opositores y también de aliados circunstanciales que se negaron a acompañar un ajuste considerado excesivo en el actual contexto social y económico. La votación obligó al Gobierno a retroceder y reformular su estrategia parlamentaria.
Pese al revés, la Casa Rosada optó por acelerar el trámite legislativo y giró rápidamente el proyecto al Senado. El objetivo es evitar que la derrota en Diputados se traduzca en un mayor desgaste político y contener eventuales nuevas modificaciones. Para ello, el Ejecutivo apuesta a una negociación más fina con gobernadores y bloques provinciales, conscientes de que el margen para nuevos traspiés es cada vez más estrecho.
El Presupuesto 2026 llega a la Cámara alta condicionado desde su origen. Mantiene el núcleo del programa fiscal del Gobierno —basado en el equilibrio de las cuentas públicas y la reducción del gasto—, pero ya sin uno de sus capítulos clave. Esa ausencia obliga a recalibrar proyecciones y compromisos, en un contexto atravesado por negociaciones con organismos internacionales y vencimientos de deuda que presionan sobre la política económica.
En paralelo, el oficialismo impulsa en el Senado el debate del Régimen Penal Tributario, una iniciativa con la que busca endurecer las sanciones contra la evasión fiscal y enviar una señal de orden y disciplina al mercado. El Gobierno intenta compensar la derrota en Diputados con avances en otros frentes legislativos que le permitan sostener el relato de gobernabilidad.
Sin embargo, el clima político es adverso. El antecedente inmediato del fracaso de la aprobación exprés de la reforma laboral, cuya discusión fue postergada hasta febrero, sigue pesando en el Congreso. Ese traspié debilitó la posición negociadora del Ejecutivo y reforzó la percepción de que el oficialismo enfrenta serias dificultades para construir mayorías estables.
A las tensiones fiscales y laborales se suman los conflictos ambientales. En el Senado, el oficialismo logró dictamen para avanzar con un proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición. La iniciativa, cuestionada por flexibilizar controles en zonas protegidas, reactivó protestas y advertencias sobre su impacto ambiental, sumando un nuevo foco de conflicto político y social.
El contraste es evidente: mientras el Gobierno intenta acelerar los tiempos legislativos para evitar nuevos reveses, la agenda se fragmenta y multiplica los frentes de resistencia. Presupuesto, política tributaria, reforma laboral y legislación ambiental aparecen atravesados por un mismo problema de fondo: la dificultad del oficialismo para construir consensos amplios que sostengan un programa de reformas profundas.
En términos políticos, la media sanción del Presupuesto 2026 dejó una señal clara. El Gobierno logró avanzar, pero al costo de ceder en puntos centrales y aceptar límites impuestos por un Congreso que no responde automáticamente a la lógica del Ejecutivo. La estrategia de confrontación permanente muestra sus límites cuando se traduce en votaciones concretas.
Con el debate ahora en manos del Senado, el oficialismo enfrenta un desafío decisivo. Debe evitar que el Presupuesto sufra nuevas modificaciones que desdibujen su programa económico y, al mismo tiempo, recomponer acuerdos que le permitan sostener la gobernabilidad legislativa en 2026. Por ahora, el mensaje que dejó Diputados es inequívoco: incluso con media sanción, el poder libertario no es absoluto y el Congreso está dispuesto a marcarle la cancha.
