Tras horas de negociaciones, el peronismo bonaerense acordó fijar el 15 de marzo como fecha para el recambio de autoridades. El entendimiento entre el sector que responde a Axel Kicillof y el kirchnerismo permitió desactivar, por ahora, una interna abierta, pero dejó expuestas tensiones de fondo y una unidad sostenida más por necesidad que por consenso político.
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires volvió a cerrar filas bajo presión. Luego de extensas negociaciones y con el calendario institucional al límite, los principales sectores del peronismo bonaerense alcanzaron un acuerdo para fijar el 15 de marzo como fecha de elecciones o recambio de autoridades partidarias. La definición tuvo como objetivo central evitar una confrontación interna que amenazaba con profundizar las divisiones entre el espacio que conduce el gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo encabezado por Máximo Kirchner.
El acuerdo se selló en el marco de una reunión del Consejo del PJ bonaerense realizada en Malvinas Argentinas, precedida por encuentros reservados y gestiones contrarreloj. La fecha consensuada funcionó como un punto intermedio entre las posiciones de ambos sectores y quedó establecida apenas dos días antes del vencimiento de los mandatos de congresales y autoridades partidarias locales en los 135 municipios de la provincia.
Uno de los ejes centrales de la negociación fue el esquema de apoderados del partido. A los cuatro actuales se sumarán dos representantes alineados con el gobernador: Ana Laura Ramos, subsecretaria de Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y María Sol Barreiro, subsecretaria Legal y Técnica de la Secretaría General. La ampliación fue leída como una concesión relevante al kicillofismo en la disputa por el control político y administrativo del PJ bonaerense.
También se alcanzaron acuerdos sobre el padrón y las afiliaciones, otro de los puntos sensibles del debate. El sector que responde a Kicillof impulsó la apertura de los padrones, una demanda que avanzará mediante un pedido formal a la Justicia Electoral. Se resolvió que las fichas de afiliación ya presentadas en los PJ locales puedan oficializarse, aunque con un límite máximo del 5% del total del padrón, un tope consensuado para evitar impugnaciones y preservar el equilibrio interno.
La negociación no estuvo exenta de tensiones. Durante las 48 horas previas al encuentro formal se sucedieron reuniones entre dirigentes de peso de ambos espacios, con el objetivo explícito de evitar que el conflicto estallara públicamente. Participaron, entre otros, el intendente de La Plata, Julio Alak; los ministros bonaerenses Andrés Larroque y Gabriel Katopodis; el diputado Mariano Cascallares; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Dichiara; y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.
La previa del acuerdo tuvo un capítulo clave en Ituzaingó, donde el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Kicillof, realizó un encuentro propio antes de trasladarse a Malvinas Argentinas. Allí participaron también dirigentes enfrentados con el kirchnerismo, como el exintendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, lo que expuso el entramado de alianzas y resistencias que atraviesa al peronismo provincial.
Ya en Malvinas Argentinas, las negociaciones se desarrollaron en formato fragmentado. Una comitiva encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario llegó primero para reunirse con el sector liderado por Máximo Kirchner. Dirigentes con posiciones más duras, como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se incorporaron más tarde. Durante varias horas, un grupo reducido negoció a puertas cerradas hasta alcanzar el acuerdo final, que luego fue ratificado formalmente en la sesión del Consejo partidario.
Con la fecha definida, el foco se traslada ahora a enero, un mes que será decisivo para el futuro del PJ bonaerense. Ambos sectores deberán negociar los nombres y los términos de una eventual lista de unidad, que debería cerrarse hacia fines de ese mes. La posibilidad de una competencia interna no está descartada, aunque por ahora ninguno de los espacios parece dispuesto a asumir el costo político de una fractura abierta.
Desde el entorno del gobernador insisten en que el partido debe alinearse con la gestión provincial. Tras el encuentro, el ministro Andrés Larroque remarcó que el PJ bonaerense necesita respaldar de manera contundente a Kicillof “en un momento muy delicado de la Argentina”, y vinculó ese ordenamiento interno con la necesidad de construir una alternativa nacional de cara a 2027 frente al gobierno de Javier Milei.
En el kirchnerismo, en tanto, también expresan la voluntad de evitar una interna, aunque sin resignar espacios de poder. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, sintetizó esa posición al señalar que el objetivo es alcanzar una lista de unidad, siempre que el acuerdo refleje de manera equilibrada a los distintos sectores.
De este modo, el PJ bonaerense vuelve a apelar a una fórmula conocida: una unidad forzada que permite ganar tiempo y contener el conflicto, pero que no resuelve las diferencias de fondo. La tregua alcanzada evita, por ahora, una ruptura abierta. Su estabilidad dependerá de si en las próximas semanas logra transformarse en un consenso político real o si las tensiones vuelven a emerger en el tramo final hacia marzo.
