El oficialismo logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo sostener el artículo que derogaba leyes sensibles. La votación expuso tensiones internas, acusaciones de extorsión y límites al ajuste impulsado por el Gobierno.
En una sesión extensa y cargada de cruces, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo, aunque el resultado dejó un sabor agridulce para el oficialismo. Si bien La Libertad Avanza consiguió aprobar la ley en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, no logró sostener el capítulo XI —que incluía el polémico artículo 75— mediante el cual buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y el financiamiento universitario.
Ese capítulo fue rechazado en la votación en particular por 123 votos en contra, 117 a favor y dos abstenciones, lo que obligó a girar el proyecto al Senado sin ese paquete de disposiciones. La caída del artículo 75 fue celebrada por la oposición como una victoria política y legislativa frente a una maniobra que, según denunciaron distintos bloques, intentaba condicionar el voto parlamentario al agrupar múltiples medidas sensibles en un solo capítulo.
La estrategia del oficialismo consistió en incorporar en el capítulo XI no solo la derogación de las leyes de Discapacidad y de financiamiento universitario, sino también la eliminación de la actualización automática de asignaciones sociales, la modificación del régimen de zona fría y cambios en el esquema de prestaciones para personas con discapacidad. El objetivo, según admitieron en voz baja legisladores de distintos bloques, era forzar a sectores dialoguistas a acompañar el paquete completo para no poner en riesgo el Presupuesto en su conjunto.
Las críticas fueron inmediatas. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó la maniobra como una “extorsión” y advirtió que votar a favor del artículo 75 implicaba “violar la ley de administración financiera”. En la misma línea, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, habló de una “perversidad” legislativa: “Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar”, denunció durante el debate.
El clima se tensó aún más cuando Martínez acusó al oficialismo de intentar condicionar al Poder Judicial al incluir, dentro del mismo capítulo, artículos vinculados al cumplimiento de fallos de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la transferencia de recursos al Consejo de la Magistratura por más de 21.000 millones de pesos. “Buscan que ni se le ocurra a la Justicia cuestionar la votación del capítulo 11”, lanzó el diputado santafesino, en un discurso que fue respondido con dureza por la oficialista Silvana Giudici, quien rechazó las acusaciones de maniobras irregulares y negó que existiera “cualquier tipo de trampa”.
Las fisuras también se hicieron visibles entre los aliados habituales del Gobierno. Desde Provincias Unidas, Pablo Juliano sostuvo que el oficialismo “se recontra caga en la gente” al utilizar el Presupuesto para avanzar sobre derechos sociales, mientras que el senador radical Martín Lousteau —referenciado en ese espacio— advirtió sobre la anomalía de permitir votos “con salvedades” en capítulos que concentraban múltiples decisiones sensibles. Incluso Karina Banfi, diputada radical que suele acompañar al Ejecutivo, cuestionó el método: “No pueden obligar a ningún legislador a votar algo que no quiere. Esto es extorsivo”, afirmó.
Pese a ese revés, el oficialismo logró articular una mayoría en la votación en general gracias al respaldo del PRO, sectores de la UCR, Innovación Federal y fuerzas provinciales. El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto y subrayó que el eje central del Presupuesto es el equilibrio fiscal, definido por el presidente Javier Milei como “la piedra angular” de su programa económico. “Hace más de un siglo que la Argentina no tiene superávit fiscal. Este Presupuesto es clave para construir el país que siempre soñamos”, sostuvo el legislador cordobés.
En términos macroeconómicos, el Presupuesto 2026 proyecta una inflación anual del 10,4%, un crecimiento del PBI del 5% y un superávit primario de 2,7 billones de pesos. Estima un tipo de cambio de 1.423 pesos por dólar a diciembre de 2026 y un volumen de recursos y gastos prácticamente equilibrado, en torno a los 148 billones de pesos. Según el texto oficial, el 85% de los recursos se destinará a gastos sociales, con 65,7 billones asignados a jubilaciones y 4,8 billones a las universidades nacionales.
También se establece la prohibición de que el Tesoro se financie con adelantos del Banco Central, una de las banderas centrales del programa económico libertario, y se prevé un aumento del consumo privado del 4,9%, del consumo público del 4,5% y de la inversión del 9,4%. En el frente externo, el Gobierno proyecta un crecimiento de las exportaciones del 10,6% y de las importaciones del 11,1%.
Sin embargo, el episodio del capítulo XI dejó en evidencia los límites políticos del oficialismo en el Congreso. Como señaló La Política Online, la oposición logró asestarle “un duro golpe” al Gobierno al impedir que el ajuste avanzara sobre áreas particularmente sensibles, como la discapacidad y el sistema universitario, que en los últimos meses protagonizaron masivas movilizaciones sociales y académicas.
Con el proyecto ya en manos del Senado, el debate se traslada ahora a la Cámara alta, donde el Gobierno deberá rearmar consensos en un escenario aún más complejo. La media sanción garantiza la continuidad del trámite legislativo, pero el rechazo al artículo 75 marcó un mensaje político claro: incluso en nombre del equilibrio fiscal, no todo es negociable.
