Tras el cruce entre el Gobierno nacional y los municipios por el nivel de las tasas locales, el intendente de Pilar, Federico Achával, puso el foco en una discusión de fondo sobre el esquema impositivo argentino. Señaló el impacto del IVA en las cuentas municipales y advirtió que, sin una reforma integral, la baja de tasas resulta inviable.
La decisión del Municipio de Pilar de elevar al 2% la tasa que pagan supermercados, hipermercados y grandes centros comerciales volvió a exponer las tensiones entre los gobiernos locales, la Casa Rosada y el sector empresario. En ese marco, el intendente Federico Achával respondió a las críticas del Gobierno nacional con un planteo que trasciende el caso puntual: para reducir la presión tributaria municipal, sostuvo, es imprescindible revisar el rol del IVA y su impacto sobre las finanzas locales.
En declaraciones al diario Clarín, Achával planteó que el debate no puede limitarse a señalar a los municipios como responsables del costo fiscal que enfrentan empresas y consumidores. “Para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA”, sintetizó, al tiempo que reclamó una discusión estructural sobre el esquema tributario vigente.
Según explicó el jefe comunal, los municipios asumieron en los últimos años un volumen creciente de responsabilidades sin un correlato equivalente en recursos. Áreas como salud, educación, seguridad y obra pública pasaron a depender en mayor medida de los gobiernos locales, en un contexto marcado por la retracción de las transferencias nacionales. “Hoy no existen transferencias para programas sociales y otras políticas que antes contaban con respaldo nacional”, señaló.
El punto central de su argumentación gira en torno al IVA. Achával remarcó que los municipios pagan el 21% de ese impuesto en prácticamente todas sus erogaciones —medicamentos, insumos médicos, servicios de salud, obras de infraestructura— sin posibilidad de recuperarlo. En el caso de Pilar, precisó, el pago anual de IVA alcanzará este año los 55.000 millones de pesos, mientras que por coparticipación el distrito recibe alrededor de 22.000 millones. El resultado es un saldo negativo cercano a los 32.000 millones de pesos.
Ese desfasaje, advirtió, no es una excepción sino una situación extendida en los municipios de todo el país. Desde su perspectiva, el esquema actual termina asfixiando las cuentas locales y obliga a sostener parte de la gestión con recursos propios, entre ellos las tasas municipales. “Si no se discute esto, la discusión sobre tasas queda incompleta”, planteó.
En cuanto al destino de los fondos recaudados, el intendente defendió la política fiscal local al señalar que las tasas vuelven a los vecinos en forma de servicios y obras. Enumeró el sostenimiento de los hospitales municipales, el refuerzo del sistema de seguridad —cámaras, móviles, personal y centros de monitoreo— y el fortalecimiento del sistema educativo, al que definió como una herramienta clave para reducir desigualdades sociales.
Achával también destacó indicadores de gestión que, según afirmó, se lograron pese al freno de la obra pública nacional. Desde el inicio del actual gobierno nacional, el municipio asfaltó 2.000 cuadras, construyó 16 escuelas y tres hospitales, y avanza en la creación de una universidad local. “Las tasas tienen sentido cuando se traducen en políticas públicas concretas que mejoran la calidad de vida”, sostuvo.
La suba de la tasa, aclaró, alcanza exclusivamente a grandes superficies comerciales y no afecta a los almacenes de barrio. Pilar, recordó, cuenta con un presupuesto de 488.000 millones de pesos para una población estable de 423.000 habitantes, a la que se suman unos 150.000 vecinos adicionales los fines de semana. Además, subrayó que el distrito tiene una extensión territorial una vez y media mayor que la Ciudad de Buenos Aires, aunque con un presupuesto sensiblemente inferior.
En su evaluación de la coyuntura nacional, el intendente reconoció como aspectos positivos de la gestión de Javier Milei el objetivo de alcanzar el superávit fiscal y la desaceleración de la inflación. Sin embargo, advirtió que aún resta un debate profundo sobre los instrumentos utilizados para lograr esos objetivos y sus efectos distributivos. “Hay que discutir cómo se llega y quiénes pagan el costo”, deslizó.
El planteo de Achával vuelve a poner en agenda una discusión largamente postergada: la relación fiscal entre Nación, provincias y municipios. Más allá de la controversia puntual por las tasas, el trasfondo revela una tensión estructural entre responsabilidades crecientes y recursos limitados, en un esquema tributario que, según los intendentes, carga de manera desigual sobre los gobiernos locales. En ese escenario, el IVA emerge como un punto neurálgico de una reforma que sigue pendiente.
