Con acuerdos parlamentarios y una oposición fragmentada, el Gobierno de Javier Milei consolida un esquema de gobernabilidad para su segunda etapa, apoyado en los gobernadores, el aval explícito del poder económico local y el respaldo estratégico de Estados Unidos. La minería y la energía reconfiguran el mapa político y económico del país.
Por Antonio Muñiz
La primera mitad del mandato de Javier Milei dejó una definición central para entender el funcionamiento del poder en la Argentina actual: la gobernabilidad ya no se estructura en torno a un partido dominante ni a mayorías legislativas estables, sino a partir de un entramado de acuerdos con los gobernadores, el respaldo activo de las principales organizaciones empresarias y un alineamiento geopolítico explícito con Estados Unidos. Ese triángulo explica cómo un gobierno con una minoría histórica en el Congreso logró sostener su agenda y evitar un escenario de bloqueo institucional.
Desde el inicio de la gestión, la incógnita fue cómo el Ejecutivo podría gobernar con una relación de fuerzas tan desfavorable en el Parlamento. La respuesta se fue construyendo con el correr de los meses: negociación directa con las provincias, una oposición fragmentada y desarticulada, y un peronismo sin conducción nacional clara. En ese contexto, la referencia central de negociación dejó de ser un espacio partidario y pasó a ser el conjunto de los mandatarios provinciales.
Provincias, Senado y desplazamiento del AMBA
El núcleo de este esquema se apoya en una reconfiguración del poder territorial. Las provincias asumieron un rol protagónico, fortalecidas por dos factores estructurales: la Constitución de 1994, que consolidó la propiedad provincial de los recursos naturales, y el peso del Senado, donde la representación igualitaria entre distritos equilibra las asimetrías demográficas.
Este diseño institucional adquiere centralidad en un escenario de fragmentación política. El tradicional predominio del Área Metropolitana de Buenos Aires, que durante décadas concentró el poder político y económico, comenzó a diluirse frente a un entramado federal donde los gobernadores administran recursos estratégicos, bancas claves y capacidad de negociación directa con la Casa Rosada. En ese marco, el Congreso aparece encaminado a aprobar el Presupuesto nacional, lo que significaría el primer año completo del actual gobierno con una ley de gastos sancionada por el Parlamento, un dato institucional relevante para una gestión que inició su mandato con prórrogas presupuestarias.
El respaldo explícito del poder económico
A este reordenamiento político se suma un apoyo claro y sostenido de los principales actores del poder económico. Las grandes organizaciones empresarias —la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, AmCham y diversas cámaras sectoriales— acompañaron el rumbo general del Gobierno, en particular su programa de desregulación, apertura económica, reforma laboral y reducción del rol del Estado.
Ese respaldo no se limita a pronunciamientos públicos. También se expresa en la articulación permanente con los grandes estudios jurídicos porteños, que cumplen un rol central en la ingeniería normativa del nuevo esquema económico. La convergencia entre el Ejecutivo, el establishment empresario y el entramado jurídico-financiero conforma un bloque de poder que refuerza la gobernabilidad, incluso en ausencia de mayorías propias en el Congreso, y envía una señal de previsibilidad hacia los mercados.
El factor Estados Unidos
Un componente clave de este andamiaje es el apoyo político del gobierno de Estados Unidos. Más allá de las tensiones coyunturales en el frente financiero, Washington aparece como un sostén estratégico del Gobierno argentino, tanto en los organismos multilaterales como en el plano político. El alineamiento geopolítico, las afinidades ideológicas y el interés estadounidense en sectores estratégicos explican este respaldo, que opera como un ancla externa para la gestión de Milei y fortalece su posición frente a actores locales y provinciales.
Minería, energía y el nuevo federalismo económico
El nuevo equilibrio de poder también se explica por el impacto de los grandes proyectos de inversión en el interior del país. En el norte argentino, la minería —con el litio como principal vector— se convirtió en un factor decisivo. Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan y Catamarca concentran proyectos estratégicos que prometen exportaciones, ingreso de divisas y recursos fiscales, lo que incrementa el peso político de sus gobernadores en la negociación con la Nación.
En paralelo, las provincias patagónicas ganaron centralidad a partir de las inversiones en energía y minería. Vaca Muerta, los desarrollos de gas natural licuado, el petróleo no convencional. La minería metalífera consolidan a Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz como actores clave del nuevo mapa económico. Este proceso configura un federalismo de base extractiva, donde los recursos naturales se transforman en moneda de negociación política y en pilares del esquema de gobernabilidad.
Economía, dólares y límites estructurales
Más allá del andamiaje político, el principal límite del modelo sigue siendo la falta de sustentabilidad estructural: la escasez crónica de dólares. La restricción externa atraviesa a todos los gobiernos desde hace décadas y la solución buscada en el endeudamiento permanente, vuelve a aparecer como el talón de Aquiles del programa económico. La falta de acumulación sostenida de reservas condiciona la estabilidad de mediano plazo y pone en evidencia que el éxito del esquema de gobernabilidad dependerá de la capacidad de transformar el respaldo político, empresario y externo en un flujo efectivo y sostenido de inversiones y divisas.
Protesta social, represión y judicialización del conflicto
La reducción de la protesta social en el espacio público es presentada por el Gobierno como uno de los logros de la gestión. Sin embargo, diversos informes y pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales señalan que esta contención no respondió a la resolución de los conflictos de fondo, sino a un endurecimiento inédito de las políticas de seguridad. La represión de manifestaciones callejeras, la aplicación sistemática de protocolos restrictivos, la judicialización de la protesta y las denuncias por violencia institucional —incluidas observaciones de la ONU sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de la protesta— configuraron un escenario que desalentó la movilización social. En ese marco, lo que se exhibe como control del conflicto es una estrategia que ocultó tensiones económicas y sociales persistentes, desplazándolas del espacio público sin resolverlas.
Un esquema eficaz, con tensiones latentes
En síntesis, la gobernabilidad de Javier Milei se apoya hoy en un triángulo de poder bien definido: gobernadores fortalecidos por el control de recursos estratégicos, respaldo explícito del poder económico local y apoyo político de Estados Unidos. Un esquema que mostró eficacia en el corto plazo para sostener la gestión y avanzar en su agenda, pero que convive con límites estructurales cada vez más visibles.
El modelo económico comenzó a trasladar costos crecientes sobre el entramado productivo y social —con impacto en el empleo, la actividad y las economías regionales— y alimenta un aumento del conflicto social que, aunque parcialmente contenido, persiste y amenaza con emerger con mayor intensidad. La sostenibilidad del actual esquema de poder dependerá, en última instancia, de cómo el Gobierno gestione esas tensiones económicas y sociales que hoy permanecen latentes, pero no resueltas.
