La central obrera convocó a una movilización masiva el 18 de diciembre para rechazar la reforma laboral del Gobierno. El nuevo triunvirato combina presión callejera con negociaciones en el Senado para frenar los puntos más regresivos del proyecto. Será la primera demostración de fuerza frente a la Casa Rosada.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
La decisión: movilizar pese al guiño del Gobierno
La Confederación General del Trabajo resolvió convocar a una movilización en Plaza de Mayo el jueves 18 de diciembre, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei. La resolución fue adoptada en la sede de Azopardo y confirma la estrategia que la conducción sindical viene madurando desde hace semanas: movilizar en la calle mientras se negocia en el Congreso.
La medida se mantuvo incluso después de que el Ejecutivo decidiera moderar el artículo que afectaba la recaudación de las cajas sindicales a través de las cuotas solidarias. Aunque ese gesto alivió uno de los puntos más irritantes para la central obrera, no logró frenar el malestar general. El Consejo Directivo concluyó que el proyecto sigue siendo “regresivo” y que “recorta derechos individuales y colectivos”.
“No es momento de un paro, pero sí de salir a la calle”, afirmaron fuentes del triunvirato.
Un plenario con señales de unidad
Más de cuarenta secretarios generales participaron de la reunión del Consejo Directivo, entre ellos figuras históricas y dirigentes de peso político como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Romero (UDA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). La asistencia confirmó un dato central: la reforma laboral generó una unidad interna inédita, incluso entre sectores habitualmente más dialoguistas.
Por la mañana, la mesa chica había pulido los lineamientos de la estrategia: dar una señal de presencia política antes de que la iniciativa oficial llegue al recinto del Senado. En este sentido, un análisis reciente de CIPPEC señala que los procesos de reforma laboral sin consenso “tienden a activar reflejos defensivos en el sindicalismo”, que rápidamente se articula para preservar su capacidad de negociación.
Los puntos más conflictivos de la reforma
El proyecto elaborado por el ministro Federico Sturzenegger propone una reconfiguración integral del sistema laboral. Entre los puntos que más preocupan a la CGT se destacan:
• Ultraactividad limitada
Los convenios colectivos perderían vigencia una vez vencidos, salvo sus cláusulas normativas. La autoridad laboral podría suspender disposiciones que considere “distorsivas”. Para la CGT, esto debilita la negociación colectiva y genera incertidumbre. Informes de la OIT sostienen que la ultraactividad es una herramienta esencial para el equilibrio contractual.
• Cambios en las indemnizaciones
El proyecto excluye del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones, premios y propinas. Además, fija un tope máximo equivalente a tres salarios promedio del convenio y un piso del 67%. El sindicalismo considera que esto abarata el despido y erosiona la estabilidad laboral.
• Restricciones a la actividad sindical
La iniciativa tipifica como infracción grave el bloqueo de establecimientos, reduce a diez horas mensuales los créditos horarios de los delegados y exige autorización patronal para asambleas sin goce de sueldo. La CGT afirma que esto limita su capacidad de organización y protesta.
• Regulación del derecho de huelga
El proyecto obliga a garantizar el 75% de la actividad en servicios esenciales y el 50% en servicios de importancia trascendental. Para la central obrera, estas normas afectan la autonomía sindical y violan estándares internacionales sobre libertad de asociación.
La rosca en el Senado: el otro escenario de la disputa
Mientras convoca a la movilización, la CGT acelera su trabajo político en el Congreso. Dirigentes de la central se reunieron esta semana con senadores de Unión por la Patria para articular una estrategia que permita frenar o al menos suavizar los aspectos más duros del proyecto. El oficialismo aspira a tratar la reforma en los próximos días, lo que convierte a la Cámara Alta en el verdadero campo de disputa institucional.
“Comienza una etapa de defensa y resistencia. Nada está descartado”, declaró Gerardo Martínez. Su ausencia en la última reunión del Consejo de Mayo —el órgano impulsado por el Gobierno para debatir la modernización laboral— fue interpretada como una señal clara de distanciamiento.
Los números en el Senado son ajustados. El Gobierno necesita sumar votos fuera de su bloque. Gobernadores peronistas y patagónicos siguen de cerca el impacto político de la reforma, mientras bloques provinciales evalúan costos y beneficios de acompañar una iniciativa que genera fuerte rechazo entre trabajadores y sindicatos.
El Senado será el primer test político serio de la reforma.
El oficialismo necesita aliados y la CGT busca consolidar una mayoría negativa.
El 18 de diciembre: una prueba de fuerza decisiva
La movilización hacia Plaza de Mayo será la primera demostración pública del nuevo triunvirato de la CGT. La apuesta es doble: mostrar capacidad de convocatoria y enviar un mensaje político al Gobierno, al Congreso y al establishment empresarial. El contexto económico —con salarios deteriorados, inflación en alza y conflictividad creciente— brinda un marco propicio para que el sindicalismo recupere centralidad.
La consigna de Azopardo es clara: ninguna reforma estructural avanzará sin resistencia si no se construye consenso previo. La marcha del 18 será un termómetro del clima social, del músculo sindical y de la capacidad del oficialismo de avanzar en un terreno históricamente sensible.
La CGT apuesta a una doble estrategia: presión en la calle y negociación en el Congreso. La pulseada con Milei recién empieza.
