La conducción cegetista se reúne con el bloque peronista para definir una estrategia legislativa y un plan de acción contra el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno. El foco del conflicto: la eliminación de las cuotas solidarias, la ultraactividad y la posibilidad de imponer convenios por empresa. Las tensiones crecen mientras el Ejecutivo intenta reordenar la discusión para evitar una ruptura total.
Escalada sindical y pulseada legislativa
La CGT decidió aumentar la presión política e institucional frente al proyecto de reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca instalar como una de sus principales banderas de “modernización”. La conducción de la central obrera se reunirá este miércoles a las 17 en el despacho del jefe del bloque peronista, José Mayans, en el Senado, con el objetivo de diseñar una estrategia conjunta que permita frenar o modificar los puntos más sensibles del borrador elaborado por Federico Sturzenegger.
La reunión, que incluirá a los triunviros Octavio Arguello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, junto a la plana mayor de la CGT, representa una señal política destinada a mostrar cohesión interna y capacidad de incidencia en el Congreso. El encuentro se da en la previa del consejo directivo cegetista que sesionará el jueves para delinear un plan de acción más amplio, que podría incluir movilizaciones, acuerdos con gobernadores y un pronunciamiento público de rechazo.
El corazón del conflicto: financiamiento sindical y negociación colectiva
El borrador del Ejecutivo contiene artículos que encendieron todas las alarmas en la CGT. El más polémico es el que elimina la obligatoriedad de las cuotas solidarias, el mecanismo que financia a los sindicatos en los convenios colectivos. Para la dirigencia, se trata de un “punto de quiebre” porque compromete directamente la viabilidad económica y política de las organizaciones gremiales.
Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT y titular del sindicato del Vidrio, fue contundente en declaraciones a El Destape:
“Es un proyecto de reforma totalmente regresivo que no genera ningún incentivo a incorporar nuevos trabajadores. El problema no son los derechos laborales sino la recesión económica que hay”.
No es el único eje conflictivo. La central sindical también cuestiona:
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La limitación de la ultraactividad,que impediría que los convenios sigan vigentes una vez vencido el plazo de negociación.
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La prelación del convenio por empresa sobre el convenio por actividad, una medida que los gremios consideran disruptiva para la estructura histórica del modelo sindical argentino.
Estos puntos fueron interpretados como un ataque directo al poder de negociación de los sindicatos y a su capacidad de coordinación sectorial.
Señales cruzadas y desgaste en la relación con el Gobierno
La tensión entre el Ejecutivo y la CGT se intensificó en las últimas semanas. El episodio más reciente fue la discusión pública por la ausencia de Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, en la última reunión del Consejo de Mayo. Jerónimo aseguró que no participó para “no legitimar el proyecto”, mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, insistió en que se trató de un simple problema de agenda.
En paralelo, el Gobierno buscó enviar una señal conciliadora ante el malestar sindical. Nuevamente Adorni, en conferencia, afirmó que las reformas vinculadas al modelo sindical podrían pasar a una “segunda ley”, lo que implica postergar la discusión más sensible. Sin embargo, esa declaración no logró disipar la desconfianza de la central obrera, que insiste en conocer el texto final antes de cualquier acuerdo.
El oficialismo, que pretendía iniciar el debate esta semana en la comisión de Trabajo del Senado, deberá esperar. Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras del ordenamiento del paquete legislativo, se encuentra ahora con un escenario trabado que exige negociar punto por punto.
El rol de los gobernadores y el bloque peronista
La CGT también tejió alianzas con mandatarios provinciales que integran el espacio de Provincias Unidas, entre ellos Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). Aunque se trata de un grupo heterogéneo, varios de estos gobernadores mostraron disposición a revisar los aspectos más controversiales del proyecto laboral.
La reunión de hoy en el Senado con la bancada peronista es decisiva. Unión por la Patria, que mantiene una oposición frontal al Gobierno en materia laboral, será el núcleo de la resistencia parlamentaria. El objetivo sindical es coordinar una estrategia que permita bloquear la reforma en la Cámara Alta o, al menos, forzar modificaciones sustantivas.
Lo que viene
La CGT sostiene canales de diálogo con la Casa Rosada, pero prepara su propio esquema de presión. En paralelo a la agenda parlamentaria, la central podría anunciar medidas de fuerza si el Gobierno insiste en avanzar con el texto original sin consensos.
Entre negociaciones, disputas discursivas y tensiones internas en el oficialismo, el futuro de la reforma laboral sigue abierto. Lo que está claro es que el conflicto entre el Gobierno y la CGT ingresó en una fase más dura, en un escenario económico marcado por la recesión y el deterioro del empleo, donde el debate sobre el futuro del modelo de trabajo adquiere un peso político decisivo.
