El oficialismo bonaerense obtuvo dictamen de mayoría para el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva, pero no consiguió los votos para autorizar un endeudamiento por USD 3.035 millones. La oposición presentó un dictamen de minoría y forzó la postergación del debate. El financiamiento es clave para Axel Kicillof, que enfrenta crecientes tensiones internas y un escenario político fragmentado.
Un avance parcial en medio de un clima tenso
La Legislatura bonaerense vivió una jornada de alto voltaje político. La Comisión de Presupuesto e Impuestos otorgó dictamen de mayoría al Presupuesto 2026 y a la Ley Fiscal Impositiva, dos textos centrales para la administración provincial. Sin embargo, el oficialismo chocó contra su principal obstáculo: la autorización de un endeudamiento por USD 3.035 millones, considerado indispensable para sostener obras, asistencia a municipios y amortiguar el impacto del ajuste del gobierno nacional.
Los ocho legisladores peronistas de la comisión votaron a favor de los proyectos clave, pero la oposición —alineada en un dictamen de minoría— impidió alcanzar los dos tercios necesarios para habilitar el debate legislativo del endeudamiento. Ese freno dejó en evidencia las dificultades del gobernador Axel Kicillof para construir mayorías en un escenario político cada vez más fragmentado.
La pulseada por el financiamiento
El pedido de endeudamiento es el punto neurálgico del paquete económico provincial. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Hacienda bonaerense, la autorización permitiría financiar obras viales y sanitarias, reforzar programas educativos, cubrir necesidades de infraestructura municipal y sostener proyectos productivos que, en muchos casos, dependen de fondos internacionales previamente aprobados.
El oficialismo planea reabrir esta semana las negociaciones con los bloques dialoguistas, con la intención de someter los tres proyectos a votación el miércoles 26 de noviembre. Según legisladores consultados, la oposición reclama mayor precisión en la asignación territorial de los fondos, informes periódicos de ejecución y límites más claros al uso de herramientas financieras.
La discusión no es nueva: en los últimos años, la aprobación del endeudamiento provincial fue motivo de tensión en todas las administraciones. Incluso bajo gobiernos del mismo signo político, las autorizaciones se lograron con acuerdos que exigieron concesiones a intendentes de distintos espacios.
Una Legislatura que actúa como termómetro político
El tratamiento del Presupuesto dejó expuestos los desafíos internos que enfrenta el peronismo bonaerense. La necesidad de ordenar la relación entre intendentes, legisladores y La Cámpora se volvió más evidente después de los cruces recientes entre Mayra Mendoza y dirigentes cercanos a Máximo Kirchner, quien terminó desautorizando públicamente a la jefa comunal de Quilmes.
Este episodio refleja la tensión subyacente entre los sectores que respaldan a Kicillof como figura provincial con proyección nacional y aquellos que buscan preservar su capacidad de conducción dentro del peronismo. En este contexto, cada votación legislativa se transforma en una instancia de medición de fuerzas.
La oposición, por su parte, observa esta dinámica con atención. Los bloques dialoguistas saben que su respaldo al endeudamiento puede conceder margen político al Gobernador, pero también buscan capitalizar el desgaste que la gestión provincial acumula en un contexto económico crítico. Por eso, cada condición que exigen forma parte de una estrategia más amplia: mostrar responsabilidad institucional sin regalar un cheque en blanco.
El trasfondo económico: ajuste nacional y asfixia financiera
El Presupuesto 2026 se discute en un contexto de contracción fiscal impuesta por el gobierno nacional. Desde que se anunciaron los recortes de transferencias a las provincias, la administración bonaerense advirtió sobre la imposibilidad de sostener obras esenciales sin financiamiento alternativo. Según estimaciones del propio ejecutivo provincial, la provincia perdió miles de millones en envíos no automáticos durante el último año, lo que acentuó la dependencia de créditos externos y líneas específicas para infraestructura.
En este escenario, el endeudamiento en divisas se vuelve clave para evitar la paralización de obras que afectan directamente a la economía local. Tal como señalan informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y de consultoras privadas, la obra pública provincial funciona como uno de los principales motores del empleo formal en el territorio bonaerense.
Un tablero abierto y negociaciones a contrarreloj
El oficialismo intentará unificar los tres proyectos en una sola sesión, pero nada garantiza que la oposición flexibilice su postura. La discusión se moverá, como en cada cierre de año legislativo, entre demandas territoriales, necesidades políticas y la búsqueda de acuerdos viables.
Si Kicillof logra destrabar el endeudamiento, habrá superado uno de los mayores desafíos de su segundo mandato. Si no, enfrentará un 2026 con limitaciones financieras severas y la presión interna de sectores que evalúan alternativas estratégicas para el peronismo provincial.
Por ahora, el mensaje es claro: el Presupuesto avanza, pero el financiamiento —la pieza que sostiene todo el andamiaje— sigue atrapado en una negociación que definirá el margen de acción política y económica de la provincia en los próximos meses.
