En el contexto del alineamiento automático e incondicional del gobierno de Milei con Estados Unidos y la abierta intervención de la administración Trump en la política y la economía argentina, se concretó el ejercicio militar Tridente que involucró a tropas y medios estadounidenses.
Sin consecuencias políticas ni legales a la vista, Milei se salió con la suya y consiguió correr al Congreso Nacional de la decisión sobre el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida al exterior de tropas de nuestro país, un objetivo planteado desde el primer día por el gobierno ultraderechista. El artículo 346 del proyecto de la Ley Bases proponía facultar “al Poder Ejecutivo a autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”. Aunque tras la negociación con la oposición dialoguista ese artículo fue excluido del texto finalmente aprobado, fue exactamente lo que Milei hizo al autorizar mediante decreto de necesidad y urgencia los ejercicios Tridente y Solidaridad sin un marco legal que lo habilitara. Aunque la presencia de tropas extranjeras es uno de los asuntos más sensibles en materia de soberanía e integridad territorial, la reacción opositora no logró evitar su concreción ni interpelar, al menos hasta ahora, a los funcionarios involucrados en una decisión que viola abiertamente el marco constitucional y legal.
Lo que se sabe sobre el ejercicio Tridente
El pasado 11 de noviembre, el Ministerio de Defensa argentino anunció en su cuenta oficial en la red social X la concreción del ejercicio Tridente. La información brindada por el Ministerio que conduce Luis Petri fue escueta. El posteo solo informó que se trató de un ejercicio de “operaciones de interdicción marítima” y que participó personal de la Agrupación Buzos Tácticos de la Armada Argentina y el Pelotón GOLF de los Navy SEALs de la Armada de Estados Unidos. En tono celebratorio el tuit señaló: “Después de 24 años, nuestros buzos volvieron a entrenarse con una de las fuerzas más prestigiosas del mundo. Esta cooperación con un aliado como Estados Unidos fortalece la defensa nacional y eleva la eficacia y el profesionalismo de nuestras patrullas de vigilancia y control en los espacios marítimos de jurisdicción argentina”. Con el mismo tono épico, la jefa de gabinete del Ministerio y aspirante a suceder a Petri, Luciana Carrasco, difundió la novedad. Se desconoce, por lo tanto, si el despliegue militar estadounidense se ajustó a los términos del DNU 697/2025, mediante el cual Milei se auto atribuyó una facultad propia del Congreso, y al Anexo II de ese decreto que contiene la “Información Básica” sobre el ejercicio. Entre los datos de mayor interés están la cantidad de efectivos que participaron, los medios que introdujeron al país y si el despliegue involucró a los puertos militares anunciados (Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia).
La ilegalidad del procedimiento: una violación constitucional y legal
La presencia de tropas extranjeras se autorizó mediante un instrumento administrativo, eludiendo por completo al Poder Legislativo. Como sostuve al momento de la publicación del DNU 697/2025 y fue publicado en pAS, los dos ejercicios “autorizados” por Milei, el Tridente y el Solidaridad están viciados de nulidad de forma categórica:
· Fundamento Constitucional: el DNU viola el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, que dispone que es el Congreso de la Nación el que debe autorizar el ingreso de tropas extranjeras y el egreso de las tropas argentinas.
· Fundamento Legal: La decisión es “contradictoria con lo que dispone la Ley 25.880 que establece las pautas precisas para tales casos.
· Responsabilidades: como sostuve entonces, esa decisión no solo es inconstitucional y abiertamente ilegal, sino que además carga de responsabilidades legales y penales al presidente Milei, al ministro de Defensa Luis Petri y a los demás ministros firmantes del DNU.
El gobierno intentó justificar el DNU alegando una “naturaleza excepcional” de la situación que hacía imposible seguir los trámites ordinarios, un argumento falaz e inválido ya que, como ha señalado el experto en Relaciones Internacionales y Defensa Nacional Luciano Anzelini, el proyecto fue enviado al Congreso con cinco meses de demora. Anzelini destacó que se trataba de “un ejercicio verdaderamente relevante desde el punto de vista estratégico y revela una violación de lo que fija la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 28 y de la ley 25880 que aprueba la entrada y salida de tropas del territorio. Puntualmente, el plan de ejercitaciones combinados debe ser tratado por las comisiones de defensa nacional y relaciones exteriores y después debe ser tratado en el pleno de la Cámara”, y agregó que “El proyecto ingresó al Congreso de la Nación a fines de agosto con cinco meses de demora (…) El proyecto de ley debe aprobar las ejercitaciones que se realizan desde el 1 de septiembre, lo enviaron el último día de agosto, esto muestra una impericia absoluta”.
Es importante resaltar que, si bien carece de las connotaciones geopolíticas que otorga al ejercicio Tridente el contexto de creciente y abierta dependencia de los Estados Unidos, la “autorización” de salida al exterior a tropas argentinas para participar en Chile en el ejercicio Solidaridad es igualmente inconstitucional e ilegal y sienta un precedente grave para la salida de tropas sin autorización del Congreso en momentos en que han trascendido versiones sobre la posible participación argentina en las operaciones navales estadounidenses en el Caribe.
Un antecedente que pasó desapercibido
Lo ocurrido con el DNU 697/2025 tiene antecedentes recientes. En agosto pasado, tropas estadounidenses fueron parte de un ejercicio en Tierra del Fuego, noticia que pasó desapercibida en los grandes medios de comunicación argentinos y suramericanos. Ocurrió en el marco de un ejercicio militar en el que participaron integrantes del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y la Brigada de Infantería de Marina Austral de la Armada Argentina. La autorización del Congreso fue eludida a través de la inverosímil calificación del ejercicio como un “intercambio de expertos”.
Como lo conté y analicé en pAS, en una nota publicada el 25 de setiembre del corriente bajo el título “La presencia de marines en Ushuaia y la política de intervención por invitación”, el hecho se conoció por un posteo en la cuenta de la red X de US Marine Corps Forces, South realizado el 24 de agosto. Según esa publicación, el ejercicio se habría realizado el día 12 de agosto en Ushuaia.
En ese artículo encuadré el creciente intervencionismo militar estadounidense en la categoría de “intervención por invitación”:
La intervención estadounidense que el gobierno argentino habilita está enmarcada en el contexto más amplio del intervencionismo que Trump despliega en la región. Es importante tener en cuenta que la injerencia estadounidense no solo se manifiesta en las tradicionales presiones políticas, los condicionamientos económicos financieros a través de organismos internacionales, las maniobras desestabilizadoras, los golpes blandos o la amenaza militar o de uso de la fuerza. También existe la “intervención por invitación” que caracteriza al actual gobierno argentino. Se trata de un concepto que Arlene Tickner utilizó para caracterizar la política exterior colombiana en el marco de la implementación del Plan Colombia (…) Rescata el concepto de “imperio por invitación” desarrollado por Geir Lundestad para el caso europeo, consistente en la aceptación de la supremacía militar, política y económica estadounidense y la convocatoria a que ese país tuviera una fuerte presencia en la zona…”
Especulo con que aquel ejercicio de agosto fue la punta de lanza y ocasión del testeo de una avanzada de mayor intervención militar estadounidense en la Argentina. Aquella experiencia y el ejercicio Tridente estarían diciéndole al gobierno que puede avanzar sin tener que afrontar consecuencias negativas por ese tipo de actos ilegales.
El trasfondo geopolítico: soberanía e intervencionismo por invitación
Más allá del debate jurídico, el “Tridente” se inscribe en una estrategia de la política de alineamiento e invitación a la intervención estadounidense en la Argentina.
Considero que las coordenadas para el análisis de lo que está ocurriendo son las siguientes:
· Alineamiento Automático: estamos ante un ejercicio militar que se da en un momento de alineamiento automático e incondicional que ha decidido el gobierno de Javier Milei con Estados Unidos.
· Intervención por Invitación: el gobierno de Milei invita a la intervención de Estados Unidos en los planos político, económico, financiero y militar. El hecho de que sea “por invitación” no quiere decir que eso deje de ser una intervención.
· Estrategia de Caballo de Troya: La elección de las ubicaciones (Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia) no es casual. La estrategia apunta a que la Argentina funcione como el “caballo de Troya” en un traslado de las tensiones del Atlántico Norte al Sur, contradiciendo los consensos regionales que buscan mantener esta zona como un espacio de paz .
· Sub-alianza con el Reino Unido: Además, debe conectarse esta presencia con la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido: Estados Unidos tiene a la potencia que usurpa parte de nuestro territorio nacional, las Islas Malvinas, como principal socio político, económico y militar, por lo que esta actividad debe leerse en clave de una sub-alianza con el Reino Unido y su pertenencia a la OTAN.
La intervención por invitación menoscaba la soberanía nacional
El Ejercicio Tridente, por lo tanto, trasciende la anécdota de un entrenamiento militar bilateral. Se ha convertido en un símbolo de la profunda polarización política local y de las tensas relaciones internacionales. En ese sentido resulta relevante la iniciativa de interpelación a Petri presentada por diputados y diputadas de la oposición. Aun cuando el ministro mendocino no dé las explicaciones en tal calidad no podrá eludirlas a partir de diciembre cuando asuma como diputado nacional.
Mientras el gobierno celebra una cooperación que considera vital, debemos sostener una perspectiva crítica que cuestione la legitimidad del operativo por su clara inconstitucionalidad y advierta sobre los riesgos geopolíticos de una creciente intervención estadounidense que compromete la soberanía y la posición estratégica de la Argentina en el Atlántico Sur. La interpelación a los ministros involucrados y posibles acciones judiciales deberían ser, sin duda, el próximo capítulo en este debate que enfrenta seguridad, legalidad y geopolítica.
El pueblo ecuatoriano acaba de rechazar en el referendum realizado el pasado domingo la rehabilitación de bases estadounidenses en su territorio. En tiempos en que se encuentra en agenda la posible habilitación de una base militar de Estados Unidos en territorio argentino y escala la “cooperación” con la potencia del Norte, habrá que ver si la sociedad argentina, históricamente sensible y opuesta al intervencionismo militar extranjero en América Latina, es capaz de reaccionar ante la avanzada militarista de Estados Unidos que amenaza con inusitada prepotencia imperialista a nuestra región.
