El fallo judicial que suspendió toda obra en Tigre desató un fuerte rechazo del Municipio, que advierte por el impacto inmediato en el empleo, la inversión y el desarrollo urbano. El gobierno local cuestiona la intromisión sobre sus facultades y defiende un nuevo perfil de planificación con límites de altura y obras viales estratégicas.
Un freno que sacudió al distrito
El fallo judicial que dispuso la suspensión total de la actividad de construcción en Tigre generó un quiebre en la agenda local. La resolución, que alcanza a obras nuevas y en ejecución, fue calificada por el Municipio como “inédita” y “lesiva” de las atribuciones que la Constitución provincial otorga a los gobiernos locales en materia de diseño urbano y ordenamiento territorial. La medida, dictada en respuesta a reclamos ambientalistas y denuncias de particulares, tensionó el vínculo entre el Poder Judicial, el Ejecutivo municipal y los actores del desarrollo inmobiliario.
Fuentes del Municipio señalaron que la paralización de obras afecta de manera directa a uno de los sectores más activos de la economía tigrense: la construcción. Según estimaciones del sector, cada emprendimiento moviliza decenas de oficios, proveedurías y comercios de cercanía. La Cámara Argentina de la Construcción viene advirtiendo que suspender obras implica “impactos inmediatos en empleo y en la viabilidad financiera de empresas que operan con cronogramas estrictos”, un argumento que diversos municipios del conurbano han utilizado en casos similares.
El impacto económico y urbano
El oficialismo local sostiene que el crecimiento urbano de las últimas décadas fue clave para atraer inversión privada, incrementar la actividad comercial y facilitar la llegada de familias al distrito. En Tigre conviven desarrollos de alta densidad, nuevas centralidades barriales y barrios de baja altura, una heterogeneidad que —según la gestión municipal— exige “planificación integral más que prohibiciones generalizadas”.
Consultoras del sector inmobiliario señalan que el fallo genera incertidumbre en compradores e inversores. Para el economista urbano Ariel Wilkis, “las restricciones abruptas provocan un doble efecto: frenan obras en curso y desalientan la previsibilidad, que es el principal insumo de los desarrolladores”. En Tigre, donde la construcción explica una porción significativa del empleo privado, el impacto se siente con rapidez.
El debate por el nuevo perfil urbano
Mientras tanto, el Concejo Deliberante analiza un nuevo perfil urbano que busca un equilibrio entre densidad, alturas y preservación ambiental. El proyecto, impulsado por el intendente Julio Zamora, propone límites de altura diferenciados según zonas, un pedido creciente de organizaciones vecinales. La ordenanza obtuvo respaldo legislativo en noviembre, aunque sectores opositores cuestionan “la falta de consensos más amplios”.
El fallo judicial llega en pleno debate político. En octubre, la Justicia ya había respaldado una presentación del ambientalista Sebastián Rovira que denunciaba “excesos en la construcción de torres sin estudios adecuados de impacto”. La discusión se aceleró cuando un sector del deliberativo rechazó el pedido de suspender nuevas torres, impulsado por Fuerza Patria. La parálisis actual, por decisión judicial, reabre el conflicto desde otro ángulo: el límite entre la planificación local y la intervención de la Justicia.
Obras viales y movilidad: el otro frente
El Municipio remarcó que la planificación urbana proyectada se complementa con obras viales estratégicas. Entre ellas, pavimentos en distintas localidades y una intervención de gran escala en el Camino Bancalari–Benavídez, una traza que absorbe buena parte del tránsito interurbano. La gestión sostiene que estas obras permiten acompañar el crecimiento urbano, reducir tiempos de viaje y descomprimir la red vial.
A esto se suma la presión sobre el transporte público. La coordinación entre Nación, Provincia y Municipio para mejorar el servicio automotor y ferroviario aparece como un punto clave para enfrentar la congestión. De acuerdo con estudios del Observatorio de Movilidad Metropolitana, Tigre es uno de los distritos con mayor expansión demográfica reciente, lo que exige una estrategia combinada entre inversión vial, densificación equilibrada y nuevas alternativas de transporte.
Gobernanza, inversión y consenso
El gobierno local insiste en que la planificación urbana debe surgir de “consensos, estudios técnicos y trabajo conjunto entre Estado y ciudadanía”. Funcionarios consultados señalan que el fallo “rompe esa lógica” y deja en suspenso proyectos que ya habían superado instancias administrativas y ambientales.
El Municipio anticipó que apelará la decisión y defenderá sus facultades para establecer el modelo de desarrollo urbano. Para la gestión, el desafío no solo radica en resolver el conflicto judicial, sino en sostener el empleo del sector, preservar la inversión y consolidar un esquema urbano que combine altura, ambiente y movilidad.
Mientras la disputa avanza en tribunales, Tigre enfrenta un dilema más amplio: cómo encauzar el crecimiento en un territorio que se convirtió en uno de los polos de atracción inmobiliaria del norte del conurbano. La resolución de este conflicto marcará, en gran medida, cuál será el ritmo —y el alcance— de su desarrollo en los próximos años.
