El gobierno de Javier Milei avanza en la reprivatización de las principales hidroeléctricas del país. Nueve grupos locales y extranjeros buscan quedarse con las represas del Comahue, en un esquema de tarifas fijadas en dólares que garantiza rentabilidad empresaria y anticipa un fuerte impacto en las facturas de los usuarios.
La licitación de las represas El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila —que generan cerca del 15 % de la electricidad argentina— marca el regreso de las privatizaciones a gran escala en el sector energético. El gobierno nacional promueve un esquema de concesiones por 30 años bajo contratos en dólares y con exclusión de cualquier actor estatal, tanto local como extranjero.
Durante los dos primeros años, los adjudicatarios deberán vender el 95 % de la energía a las distribuidoras a un precio fijo en dólares, mientras el 5 % restante podrá colocarse libremente en el mercado mayorista. A partir del tercer año, esa proporción regulada irá disminuyendo hasta desaparecer en 2046, cuando toda la producción se comercialice a precios de mercado.
Detrás del tecnicismo regulatorio se esconde un cambio estructural: la energía se dolariza mientras los salarios siguen en pesos. El precio que las distribuidoras pagarán —y que se trasladará directamente al usuario final— se ajustará al tipo de cambio y no a los costos de generación, que en su mayoría se cubren con insumos nacionales y con infraestructuras ya amortizadas.
Especialistas del sector advierten que el esquema no refleja los costos reales de producción, sino que busca asegurar una rentabilidad garantizada a los nuevos concesionarios, independientemente de la evolución del mercado interno. Según estimaciones de consultoras energéticas, este modelo podría incrementar las tarifas eléctricas entre un 30 % y un 50 % en los primeros años de concesión si se mantiene la brecha cambiaria.
El investigador del Conicet e integrante del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), Federico Bernal, remarcó que “las represas están amortizadas desde hace décadas y generan con costos bajísimos. Dolarizar sus precios solo sirve para asegurar rentas extraordinarias al capital privado”.
Los actores en disputa
Nueve grupos empresariales compiten por las licencias. Entre los actuales operadores figuran Enel (El Chocón), AES Argentina (Alicurá) y Central Puerto (Piedra del Águila). Entre los nuevos interesados se encuentran Pampa Energía, Aluar junto a Genneia, Edison Energía —vinculada al entorno de Santiago Caputo—, BML Inversora e IPS Renewal, integrada por capitales guatemaltecos.
Los oferentes deben acreditar activos superiores a US$ 300 millones y patrimonio neto mayor a US$ 150 millones, además de contar con un operador técnico con al menos el 25 % de participación. El gobierno espera recaudar entre US$ 500 y 700 millones, una cifra modesta frente al valor estratégico de las represas, construidas con inversión pública y hoy plenamente amortizadas.
Las provincias y un beneficio limitado
Para lograr el aval político de Neuquén y Río Negro, la Nación incorporó tres fuentes de ingresos para las provincias: un canon hídrico (2 % de la facturación por uso del agua), un canon ambiental (2 % destinado a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) y regalías energéticas equivalentes al 12 % de las ventas de energía.
A esto se suma un recargo tarifario nacional que pagarán todos los usuarios del país para financiar obras pendientes en las presas Arroyito y Portezuelo Grande, ordenadas por la Corte Suprema en 2009. En la práctica, los consumidores terminarán financiando tanto las obras como la rentabilidad de los nuevos concesionarios.
Rentabilidad asegurada y pérdida de control público
La reprivatización de las represas del Comahue reproduce una lógica ya conocida: trasladar al sector privado el control de los activos estratégicos y garantizarle beneficios a largo plazo mediante contratos en dólares. La diferencia con los años 90 es que, esta vez, las centrales están en pleno funcionamiento, lo que reduce riesgos empresariales y multiplica las ganancias esperadas.
Diversos analistas advierten que el Estado perderá capacidad de planificación energética y control sobre un recurso esencial, mientras los usuarios afrontarán aumentos sostenidos en sus facturas. “Estamos ante una reedición del modelo de privatización financiera, donde la rentabilidad se blinda y el costo se socializa”, afirmó el economista Pablo Manzanelli, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.
En nombre de la eficiencia y la atracción de inversiones, el país consolida así un sistema en el que el precio de la energía se ajusta al dólar y la rentabilidad de los empresarios se garantiza por contrato. La contracara será inevitable: tarifas más caras en dólares para hogares y empresas argentinas, en una economía donde la mayoría de los ingresos siguen percibiéndose en pesos y la energía continúa siendo un bien público esencial.
