El despliegue naval ordenado por Donald Trump frente a las costas de Venezuela reaviva los fantasmas de la intervención militar en América Latina. Bajo el argumento de combatir al narcotráfico, Washington amenaza también a Colombia y desata una peligrosa espiral de inestabilidad en la región.
La tensión en el Caribe alcanza niveles inéditos desde la crisis de Panamá en los años ochenta. La administración de Donald Trump ordenó el despliegue de destructores, buques de asalto y aeronaves de combate frente a las costas de Venezuela, bajo el argumento de “neutralizar redes de narcotráfico vinculadas al régimen de Nicolás Maduro”. Sin embargo, fuentes diplomáticas y analistas internacionales advierten que el movimiento forma parte de una estrategia más amplia de control político y económico sobre América Latina.
Según reportes de The Washington Post y Bloomberg, el Pentágono identificó objetivos militares en el territorio venezolano “asociados a organizaciones criminales”. Entre ellos, bases en la isla de La Orchila y en el estado Zulia. La orden presidencial de Trump fue explícita: los destructores “deben estar listos para actuar en cualquier momento”.
El gobierno venezolano respondió con una movilización general. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la activación de más de un millón de milicianos y denunció una “campaña imperialista de agresión bajo cobertura antidrogas”. En Caracas, el Encuentro Parlamentario del Gran Caribe en Defensa de la Paz reunió a delegaciones de distintos países para rechazar la amenaza militar y exigir respeto al derecho internacional.
Colombia, otro frente de presión
La ofensiva estadounidense no se limita a Venezuela. En las últimas semanas, Washington ha incrementado la presión sobre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, acusándolo de “falta de cooperación efectiva” en la lucha contra el narcotráfico. El presidente colombiano denunció públicamente que EE. UU. “pretende reeditar la doctrina Monroe con otro nombre” y advirtió que no permitirá que su país “sea utilizado como plataforma de agresión contra naciones hermanas”.
Petro, que impulsa una política de paz total y un enfoque no militarizado contra el narcotráfico, se ha convertido en blanco de las críticas del Departamento de Estado y de sectores republicanos. Medios afines a Trump lo acusan de “tolerar a los cárteles” y de “debilitar la cooperación antidroga”, mientras que analistas latinoamericanos advierten que el objetivo real es desestabilizar a los gobiernos progresistas que se resisten al tutelaje de Washington.
“Estamos ante una reedición de la vieja política de seguridad hemisférica de la Guerra Fría”, señaló el politólogo brasileño Luiz Moniz Bandeira, cuya obra vuelve a cobrar vigencia. “El narcotráfico es la nueva excusa que reemplaza al comunismo para justificar la intervención militar”.
El narcotráfico como pretexto geopolítico
La estrategia norteamericana parece seguir un libreto conocido: la construcción de un enemigo transnacional que habilite operaciones unilaterales en nombre de la “seguridad continental”. Ya en 1989, George H. W. Bush utilizó el mismo argumento para invadir Panamá y capturar a Manuel Noriega. Hoy, Trump retoma ese guion, presentando a Maduro y al denominado Cártel de los Soles como amenazas equivalentes al terrorismo.
El Wall Street Journal sostuvo que la operación busca “destruir infraestructuras militares utilizadas por redes narcotraficantes dirigidas por el régimen venezolano”. Pero diplomáticos europeos consultados por Reuters aseguran que el despliegue militar y el discurso belicista esconden intereses sobre los recursos energéticos, el control del Caribe y la influencia sobre los gobiernos del Cono Sur.
La expansión de bases estadounidenses en Aruba, Curazao, Guyana y Colombia —sumada a los ejercicios conjuntos del Comando Sur— confirma una rearticulación de la presencia militar de EE. UU. en Sudamérica. Esta estrategia, según especialistas del Centro Brasileño de Estudios de Relaciones Internacionales, responde a la creciente gravitación de China y Rusia en el continente y al auge del BRICS como polo alternativo.
Un continente al borde del caos
La posibilidad de un ataque sobre Venezuela desata temores de una escalada regional. Una acción militar podría abrir una etapa de inestabilidad, caos y violencia en Sudamérica, con consecuencias políticas imprevisibles. Las fronteras colombo-venezolanas, históricamente tensas, se convertirían en zona caliente, afectando el comercio, la seguridad y los flujos migratorios.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) alertó en su último informe que una crisis militar en el Caribe “tendría efectos desestabilizadores sobre toda la región, comprometiendo la seguridad energética, alimentaria y financiera del continente”.
Mientras tanto, la CELAC recordó que en 2014 todos los países de América Latina y el Caribe firmaron la Declaración de La Habana, que proclamó al continente como “zona de paz”. Ese consenso, uno de los pilares de la diplomacia regional, hoy se ve amenazado por el regreso del intervencionismo militar estadounidense.
La Casa Blanca insiste en que su objetivo es combatir al narcotráfico. Pero el despliegue de más de una decena de buques, miles de marines y bombarderos estratégicos indica algo más profundo: la reafirmación del poder norteamericano en un continente que ya no se pliega sin resistencia. En palabras del exembajador estadounidense William Brownfield, “América Latina debe ser parte de la solución o será parte del problema”.
Esa definición resume el espíritu de la nueva doctrina: disciplinar a los países que se aparten de la agenda de Washington. En este marco, tanto Venezuela como Colombia —y por extensión, toda Sudamérica— quedan atrapadas en la lógica de una confrontación que combina geopolítica, economía y guerra híbrida.
Redacción Data Política y Económica
