Tras casi un año sin actualizaciones, el Ministerio de Salud dispuso un incremento escalonado de los aranceles. Prestadores y familias sostienen que la medida es tardía y no cubre el desfasaje inflacionario.
El Gobierno nacional dispuso un aumento de hasta 35% en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, tras casi un año sin actualizaciones. La medida, que se aplicará en tres tramos —octubre, noviembre y diciembre—, busca recomponer los aranceles del nomenclador nacional, que regula los honorarios de instituciones y profesionales del sector.
Desde el Ministerio de Salud afirmaron que el incremento permitirá “garantizar la continuidad y calidad de la atención”, aunque los prestadores y familiares lo consideran insuficiente frente al deterioro acumulado por la inflación y los retrasos presupuestarios.
Una actualización que llega con demora
El ajuste fue definido tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, donde participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. La medida se concretó gracias a una partida adicional autorizada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y beneficiará a prestadores de internación, transporte, apoyo educativo, rehabilitación y atención médica.
El último incremento, de apenas 0,5% en diciembre de 2024, había generado una fuerte caída en los ingresos de instituciones y profesionales, provocando cierres de centros y demoras en los pagos. El aumento actual, de entre 29,7% y 35,4%, llega entonces como una respuesta tardía, en un contexto de malestar y judicialización del conflicto.
Fallo judicial y presión social
La medida coincidió con el fallo del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, que ordenó restablecer 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral suspendidas por la ANDIS.
El Gobierno acató la decisión, pero la causa expuso tensiones entre la política de ajuste fiscal y la protección de derechos sociales básicos.
En paralelo, el Foro Permanente de Discapacidad y diversas organizaciones marcharon frente al Congreso y al Ministerio de Salud reclamando la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que prevé una actualización del 70%, el doble de lo otorgado por el Ejecutivo. “El aumento del 35% no compensa un año de recortes”, sostuvieron las entidades.
