El Estado, por su naturaleza específica y su enorme complejidad, debe ser pensado tanto en su planificación como en su organización, procedimientos, presupuestos y políticas de empleo público.
Por Claudia Bernazza*
(para La Tecl@ Eñe)
No voy a debatir aquí el daño que Milei nos está haciendo. Encumbrado en la primera magistratura, ha venido a destruir el Estado. Lo dijo en todos los idiomas posibles, lo graficó con una motosierra, con un organigrama que volaba por los aires, con un topo colándose a traición.
Pero si pudo decir todo eso, si pudo pasar por alto la excepcionalidad de los DNUs, es porque el fastidio con el Estado era previo. El malhumor con sus trámites y con un funcionariado que no lograba conectar con los problemas reales le dio la plataforma de lanzamiento que necesitaba. Por estas razones, quisiera repasar nuestras debilidades antecedentes, las que deberán superarse, si llegamos al poder, en un tramo muy breve de tiempo. Ya nadie firma cheques en blanco.
La capacidad del Estado depende de dimensiones muy precisas: contar con un plan de gobierno, liderar y conducir equipos para llevarlo a cabo, obtener los resultados y brindar los servicios que la sociedad está esperando. Con estas capacidades, promover y dar cauce a los acuerdos sociales, asegurar la convivencia, fortalecer la identidad, cumplir una función distributiva en un escenario donde el capitalismo se ha vuelto salvaje. Ejercer, además, una soberanía sin claudicaciones sobre los recursos naturales, liderando las actividades estratégicas para el desarrollo.
Estas capacidades estatales son, fundamentalmente, humanas. Las tecnologías vendrán en ayuda, nunca en reemplazo. No hay inteligencia artificial capaz de pensar la estrategia que necesitamos para salir de este infierno. Nos toca a nosotros encontrar la salida. Nos empobrecieron, nos endeudaron, nos llevaron al derrumbe de nuestras economías. En estas condiciones, deberemos gestionar lo público.
Las elecciones de medio término que estamos transitando nos brindan la oportunidad de iniciar este recorrido. El Congreso Nacional, cuando se lo propone, tiene un amplio margen de acción. Puede frenar ajustes y robos a cielo abierto, puede bloquear la llegada de narcotraficantes a cargos políticos. Por eso, lo primero que debemos proponer es la creación de una comisión de Estado y Administración Pública en cada una de sus cámaras. El Estado es la única silla que tienen los pueblos para sentarse en la mesa de los poderosos, por eso su organización debe ser materia central de debate, no un tema perdido en el laberinto de expedientes de la comisión de Legislación General.
El Estado, por su naturaleza específica y su enorme complejidad, debe ser pensado tanto en aspectos referidos a su planificación como a su organización, a lo que se suman procedimientos, presupuestos y políticas de empleo público. El federalismo argentino le agrega una complejidad más a esta materia, por lo que la creación por vía reglamentaria de estas comisiones se torna urgente.
El Estado, a partir de su capacidad para el ejercicio legítimo de la violencia, tiende a ser coptado por las élites dominantes para sojuzgar a sus compatriotas. Estas élites han demostrado que son capaces de reinventar la historia y la identidad nacional, moldeando leyes y políticas a su medida. Estos grupos han escrito constituciones, han protegido sus vastísimas propiedades, han segregado por raza o religión, han protegido sus intereses hasta límites insospechados. Las luchas populares fueron capaces de abrir otros caminos, recuperando el ejercicio del gobierno para las mayorías. Cuando esto sucede, el Estado puede ser la máxima expresión de la conciencia de un pueblo, ofreciendo un método a sus demandas y su sed de futuro.
Pero no existe una organización ideal del Estado. Ninguna cátedra puede enseñar el modelo perfecto, mal que le pese a la Escuela de Negocios de Harvard. Su configuración surge en cada momento histórico y en cada territorio, sabiendo que los territorios también forman parte de los conflictos y enfrentamientos que acompañan su organización.
El rumbo de esta nave, así como su reconfiguración para adaptarse a los nuevos escenarios sociales, depende de nosotros. Una vez asumida su conducción por parte de las fuerzas populares, comienza otra aventura, quizás más compleja y desafiante. Controlar la botonera (generalmente inventada por otros, y en nuestro caso por el modelo conservador del siglo XIX) y, al mismo tiempo, rediseñar el tablero. Planificar futuros, promover el desarrollo, cuidar la casa común y lograr que cobije a todos. Garantizar convivencias, distribuir equitativamente el fruto del quehacer colectivo. Todo esto debe realizarse con equipos humanos siempre imperfectos, los que lidiarán con una sociedad impaciente y postergada.
El Estado, en sus tres poderes, necesita de hombres y mujeres preparados para gobernar y administrar lo público. Cuando el Estado los convoca por la vía electoral o como Estado empleador, seguramente lo hará con vocación por los mejores, pero se cruzarán otros intereses, así como una oferta laboral escasa en el ámbito privado por una economía en caída libre. El ingreso a las listas o los cargos, así como a los planteles de personal, sufrirá las presiones propias de una población descartada por el mercado.
En el caso del funcionariado político, la planificación y la decisión serán capacidades a tener en cuenta, lo mismo que la capacidad para conducir equipos, ejecutar programas, facilitar accesos y agilizar tramitaciones. Su convocatoria deberá abandonar la idea de gestionar con los “propios” para reunir a quienes puedan poner “cabeza, corazón y coraje» a la gestión, hombres y mujeres comprometidos con las causas colectivas que van a abordar. En los organismos públicos y en el clima social ya no hay margen para funcionarios timoratos o improvisados.
En el caso de los trabajadores y trabajadoras estatales se deberán reunir las mejores capacidades sociales. Para cumplir con este objetivo, su ingreso y promoción deberá considerar tres tipos de competencias: técnicas, relacionales y sobre todo éticas, porque sin una convicción firme acerca del rol del Estado, la experticia técnica puede servir para fines opuestos, incluso para el desmantelamiento estatal. Por otro lado, las profesiones liberales no reparan en la importancia del trabajo grupal, por lo que quienes provienen de este entrenamiento suelen aferrarse a los expedientes y las tramitaciones individuales antes que a la gestión participativa. Los convenios con organizaciones sociales para llevar adelante programas necesitan dejar atrás mostradores antipáticos y obstáculos permanentes en los trámites a realizar.
Finalmente, el ingreso y la promoción del personal deberá recurrir a instrumentos novedosos que contemplen la opinión experta pero también la opinión de los pares, en una propuesta de trayectoria horizontal que no suponga necesariamente asumir funciones ejecutivas para mejorar el salario. Hace tiempo que la política adeuda el mapeo de los contratos precarios y las inequidades salariales para jerarquizar el trabajo público. Los diálogos paritarios y las convenciones colectivas deberán retomar, más temprano que tarde, estos desafíos.
Este jueves 23 de octubre a las 19hs en la Facultad de Cs Sociales de la UBA, Claudia Bernazza, junto a Ana Castellani y Jorge Sotelo disertarán en una mesa que lleva el título: Mesa Modelo de Desarrollo y reconstrucción nacional: ¿Qué Estado necesitamos?, organizada por la materia Planificación de la Comunicación, de la Carrera de Cs. de la Comunicación de la UBA. La entrada es libre y gratuita.
Para profundizar estos temas: Evaluando en clave pública, en https://www.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/Evaluando-en-clave-p%C3%BAblica-DT-1-EYPP.pdf
*Ingeniera agrónoma. Doctora en Ciencias Sociales. Candidata a diputada nacional por Fuerza Patria.
