Es un secreto a voces que se viene una nueva devaluación. Tal es el grado de descomposición que ha generado la política de especulación financiera, endeudamiento público y vaciamiento de las reservas del Banco Central, que no se descarta que pueda llegar antes de las elecciones.
Por Raúl Hutin*
Cualquiera sea el resultado, el Gobierno, el FMI y ahora también el Gobierno de EEUU pretenden seguir la misma tónica, que en nada modificaría el programa económico. Y ahora que dependemos de las decisiones que se toman en los Estados Unidos, la visita de Toto Caputo podría precipitar esa decisión. Más tarde o más temprano, lo que debemos plantearnos los ciudadanos es qué efectos podría tener la devaluación sobre el conjunto de la sociedad.
Los empresarios pymes reconocemos, como todos, que la Argentina es cara y tiene sus precios relativos totalmente alterados. Mientras las importaciones han crecido vertiginosamente, en forma paralela hemos perdido la mayor parte de nuestras exportaciones industriales, el 50% del turismo internacional, y se profundizó exponencialmente la salida al exterior de nuestros conciudadanos, desplazando productos y empleos nacionales. Como ha ocurrido reiteradamente en las últimas décadas, bien puede reconocerse que una liberalización cambiaria abrupta puede provocar enormes daños a la mayor parte de la sociedad.
Es imprescindible reconocer que esta devaluación es producto de un desastre, y que debe declararse una emergencia que priorice el uso de las divisas para impulsar la producción y el trabajo, y no para ahondar la crisis y la especulación financiera con una liberalización cambiaria enloquecida. No sirve si no tiene un sentido reactivante: solo genera un nuevo salto en el valor del dólar, acompañado por la suba de todos los precios y, por consiguiente, una pérdida enorme para la mayoría de los argentinos que nos manejamos en moneda nacional. No sería conveniente para el conjunto del país que vuelvan a perder, una vez más, los mismos de siempre.
Para evitar que se repita el drama de que la mayoría del país deba pagar, con un mayor deterioro de sus condiciones de vida, una crisis que no ha provocado, y que la inflación siga devorando los ingresos de quienes cobramos en pesos, es necesario desmitificar la idea de que la inflación es generada por los productores o los trabajadores.
Si hay causas de la inflación, deben identificarse de manera realista:
1)Hay precios que, paradójicamente, por ser la Argentina un país exportador neto, están dolarizados (por ejemplo: alimentos, energía).
2)Los servicios públicos básicos para la producción y las familias (gas, electricidad) tienen precios dolarizados.
3) Hay precios clave para la economía cuyos oferentes son monopólicos o cartelizados por pocas empresas con posición dominante (por ejemplo: acero, aluminio, cemento, petroquímica, farmacéuticos) y muchos servicios (salud, seguros, entre otros).
Los resultados de la recesión son evidentes: los supermercados de todo el país cerraron los números en rojo, los mayoristas de frutas y verduras denuncian caídas de entre el 40% y el 50% en sus ventas, y deberían entender que el peor negocio es aquel que no se realiza.
En el tema energético (luz, combustibles, gas), al igual que el transporte urbano, tampoco debería ajustarse —como sucede ahora— según la variación del dólar, ya que partimos de recursos que son patrimonio de todos los argentinos, cuya explotación se realiza en pesos y en la que no interviene la divisa extranjera. Si no aumenta el combustible, tampoco debería aumentar el transporte, y por la diferencia en el costo de mantenimiento de las unidades, convendría pagar una subvención.
Reflexionemos: cuanto más suban los precios sin que aumente el salario real, más caerá el consumo; y con esa caída, también caerá la recaudación fiscal. Para mantener el equilibrio buscado, se profundizará el ajuste, y así estaremos aún peor de lo que estamos ahora.
Raúl Hutin. Secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales
Las pymes, que somos proveedoras del mercado interno, proponemos tres medidas para cuidar los pocos dólares que tiene el país y, al mismo tiempo, salvar lo que queda de nuestro parque industrial:
1-Volver a la declaración jurada de necesidad de importación (DJNI), con la cual podría frenarse esta catarata de importaciones y el flujo de dólares hacia el exterior, habilitando únicamente la importación de productos no fabricados en el país o no considerados esenciales. El sistema debe ser claro, eficiente y, sobre todo, transparente, para combatir severamente las maniobras dolosas.
2-Promover el comercio con todos los países del mundo en forma equitativa, complementaria y no asimétrica, que desarticule el tejido productivo e industrial como ocurre en los acuerdos de liberalización desbalanceados con grandes economías (EEUU, Unión Europea).
3-Implementar un estricto control de los movimientos financieros y de la balanza de pagos, así como del comercio exterior, única forma de preservar las reservas destinadas a las importaciones y evitar su continua fuga.
Para poder avanzar, la condición necesaria, aunque no suficiente es que el gobierno escuche al sector y piense una agenda en conjunto. Por el momento solo recibimos de su parte silencio, desinterés y gestos en sentido contrario.
(*) Secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales
