Tras un fallo unánime del máximo tribunal, la decisión sobre la entrega del empresario rionegrino acusado de narcotráfico, lavado y fraude queda ahora en manos del presidente Milei. En el centro del conflicto, emergen vínculos documentados con el economista José Luis Espert y una cristalización del choque entre justicia internacional y política local.
El fallo que cambia el tablero
La Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgó este martes su aval al pedido de extradición formulado por la Justicia estadounidense contra Federico “Fred” Machado, empresario rionegrino que cumple prisión domiciliaria en Viedma. Con el fallo, la última palabra recaerá en el Poder Ejecutivo, que deberá decidir si concede o rechaza la entrega del hombre procesado en Texas por delitos vinculados al narcotráfico, lavado de activos, asociación ilícita y fraude electrónico.
La resolución, que respalda en esencia las conclusiones del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén. El tribunal rechazó las impugnaciones de la defensa, que alegó ausencia de “igualdad de armas”, recusación del juzgador y cuestionamientos al alcance de la ley de extradición.
Un eje decisivo fue la documentación adicional enviada por Estados Unidos: sentencias condenatorias contra una coimputada —Kayleigh Moffett— y contra otra socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, que disiparon los argumentos de la defensa.
La Corte también ratificó la exigencia de “seguridades” para asegurar que el tiempo cumplido en Argentina sea computado en una posible condena y que se respete la integridad física del procesado.
Con el fallo firme, el expediente deberá volver al juez de Neuquén para proceder con los trámites de entrega a las autoridades estadounidenses.
Causa Texas: aviones, estafa y narcotráfico
La acusación estadounidense data del 5 de mayo de 2021, cuando un gran jurado del Distrito Este de Texas procesó a Machado, Mercer-Erwin y otros seis presuntos colaboradores por su participación en una estructura neoliberal vinculada a la compra ficticia de aviones y operaciones financieras fraudulentas.
Según la acusación, el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp., radicado en Onalaska (Texas), operaba un esquema Ponzi: la venta o promesa de venta de aviones inexistentes o ficticios, financiados con anticipos o préstamos que luego eran desviados. Parte de esos fondos habría sido canalizada hacia compañías intermediarias, entre ellas South Aviation, vinculada a Machado.
El monto defraudado se estima en unos US$350 millones según fiscales texanos.
Mercer-Erwin fue condenada a 16 años en Estados Unidos.
Durante su juicio, declaró que fue engañada por Machado en lo financiero; él, por su parte, niega participación directa, atribuyéndose el rol de mero cliente.
Un perito contable estimó que Mercer-Erwin obtuvo unos US$4,9 millones y Machado US$75 millones.
El caso, sin embargo, apunta a la posibilidad de que las operaciones aeronáuticas hayan servido como fachada para tráfico internacional de droga.
Otro elemento llamativo es la cantidad de aviones registrados en Onalaska: más de mil, pese a que la localidad carece de aeropuerto —lo que despertó sospechas desde reguladores del transporte aéreo.
Según la periodista Tanya Eiserer, del noticiero WFAA, la operativa incluía alertas sobre uso indebido de placas “N” (estadounidenses) para inscripciones preferenciales.
Además, el escándalo traspasó lo judicial: emergió un pago de US$200.000 a José Luis Espert, proveniente de fondos del fideicomiso, que generó un quiebre político dentro de la coalición gobernante.
Una de las apuestas centrales del impacto político del caso fue el hallazgo de que el economista José Luis Espert habría recibido US$200.000 en 2020, mediante un giro bancario vinculado a la estructura empresarial que Machado controlaba.
Las transferencias fueron registradas en documentos del sistema judicial estadounidense.
Espert reconoció el nexo, aunque aclaró —mediante video— que el dinero correspondía a servicios de consultoría para una empresa minera vinculada a Machado, y no a un aporte directo del empresario.
Alegó haber sido “ingenuo” y negó cualquier participación consciente en delitos.
Las implicancias políticas fueron inmediatas: Espert renunció poco después a su candidatura legislativa para el 26 de octubre.
Además, distintos bloques opositores reclamaron su destitución de la presidencia de la comisión de Presupuesto en Diputados por “inhabilidad moral” ante el escándalo.
La prensa internacional no tardó en advertir que el episodio puede comprometer la campaña de Milei.
La relación entre Espert y Machado se remonta a campañas de 2019: apoyo logístico en vuelos privados, viajes y provisión de vehículos.
Informes periodísticos contabilizan al menos 35 vuelos a cargo de naves asociadas a Machado durante la campaña presidencial de Espert.
Para mayor controversia, el abogado que representa a Machado en el expediente de extradición es Francisco Oneto —quien además actúa como abogado personal de Javier Milei en otras causas judiciales.
Esa coincidencia intensifica las presiones políticas sobre el Ejecutivo, el cual tiene 10 días hábiles para expedirse. En caso de silencio, la ley de cooperación penal establece que el silencio equivale a conceder la extradición.
Dilema ejecutivo: soberanía y política en juego
Legalmente, la decisión de extraditar o rechazar el pedido recae sobre el Presidente. Los argumentos permitidos para negarlo incluyen “razones especiales de soberanía, seguridad u orden público” o “otros intereses esenciales para la Argentina” que tornan inconveniente la entrega.
Si el pedido es aprobado, Estados Unidos deberá realizar el traslado en un plazo de 30 días corridos.
El contexto es especialmente sensible: el vínculo entre el abogado Oneto, la relación entre Machado y Espert y la cercanía del fallo con las elecciones legislativas del 26 de octubre cargan de tensión el acto final. El Gobierno deberá tomar una decisión trascendental que involucra al menos tres dinámicas: cumplimiento de tratados internacionales, autonomía política y desgaste electoral.
La justicia internacional entra al ring político
El aval de la Corte marca un punto de inflexión en un caso que ya se había convertido en epicentro de un escándalo político. La entrega de Machado a Estados Unidos no será simplemente un traslado judicial: resuena como mensaje hacia alianzas oscuras, mecanismos de financiamiento y el lugar de los poderes judiciales frente al poder político.
Si el Ejecutivo decide avanzar, el Estado argentino asumirá ante la opinión pública un compromiso irrestricto con la cooperación internacional. Si rechaza el pedido, quedará en evidencia un resquicio del poder político para contener la exposición de sus propias redes. En cualquier escenario, el episodio ya dejó claro que la política argentina ha entrado en una etapa donde la justicia traspasa los muros del poder y obliga a definiciones sin margen de neutralidad.
