Durante los primeros veinte meses del gobierno de Javier Milei, la combinación de desregulación, endeudamiento, debilitamiento del Estado y complicidades entre las élites empresariales, judiciales y políticas ha intensificado el saqueo sistemático de la riqueza nacional. Lejos de ser un país pobre, Argentina sufre un proceso de saqueo sistemático que impide su desarrollo soberano.
Por Antonio Muñiz
Una economía rica que no se ve
Argentina sigue siendo una nación con recursos naturales, capacidad industrial y una estructura productiva diversa. Sin embargo, la riqueza que genera no se traduce en bienestar colectivo. Informes recientes del INDEC y del Banco Central muestran que el país mantiene saldos negativos en cuenta corriente y que los flujos financieros al exterior no se explican por crisis externas, sino por prácticas recurrentes de fuga, sobreendeudamiento y especulación. Argentina produce riqueza, pero sus frutos son capturados por minorías que operan al margen del interés nacional.
La liberalización como acelerador del saqueo
La llamada “apertura económica” del gobierno de Milei ha profundizado esa dinámica. La eliminación de los controles fiscales y el desmantelamiento de las áreas de control estatal generaron un terreno fértil para la evasión, el contrabando y la fuga de divisas. En paralelo, la reducción de funciones en organismos públicos claves debilitó los mecanismos de supervisión sobre contratos, concesiones y licitaciones. El Estado, reducido a su mínima expresión, dejó el espacio libre para que el capital concentrado y las mafias financieras operen sin regulación.
Deuda, fuga y acumulación financiera
El endeudamiento externo y la fuga de capitales constituyen las dos caras de una misma moneda. La deuda funciona como una palanca de extracción: transfiere ingresos presentes y futuros hacia acreedores externos, mientras la fuga garantiza que esos mismos sectores acumulen riqueza en paraísos fiscales o cuentas offshore. Esta financiarización de la economía —que sustituye la inversión productiva por la especulación y la renta financiera— consolida una estructura de poder que vive del endeudamiento crónico y del deterioro del trabajo nacional.
Captura sistémica y economía criminal
A la matriz de corrupción estructural se suman hoy la apropiación de activos públicos a precios irrisorios y las conexiones cada vez más visibles entre sectores empresarios, financieros y el narcotráfico.
El caso de José Luis Espert, que reconoció haber recibido 200.000 dólares de un empresario preso por narcotráfico, no es una excepción: es un síntoma.
Expone la penetración transversal de la economía criminal en la política, la justicia, las fuerzas policiales y los grupos económicos. La droga, en este contexto, no es solo un flagelo social, sino una herramienta de acumulación, mediante el armado de estructuras financieras para el lavado y la capitalización de bancos, cuevas y fondos especulativos.
Impacto social y narrativa del empobrecimiento
El resultado es visible en la vida cotidiana: inflación sin control, deterioro salarial, hospitales desfinanciados y servicios públicos colapsados. Sin embargo, el discurso oficial insiste en que “somos un país pobre que vivió por encima de sus posibilidades”. Esa narrativa, funcional al poder concentrado, culpabiliza a la sociedad y oculta que la verdadera causa del empobrecimiento no es la escasez, sino la apropiación sistemática de la riqueza nacional por parte de una minoría parasitaria.
Reconstruir la soberanía desde las causas del subdesarrollo
Argentina no necesita resignarse al destino de la dependencia ni al relato de la impotencia. Necesita una transformación profunda que ataque las raíces estructurales del subdesarrollo: la concentración económica, la fuga de capitales, la captura del Estado por intereses privados y la desindustrialización inducida.
Superar este ciclo exige una nueva arquitectura de políticas públicas que combine planificación estratégica, justicia fiscal y control democrático de los recursos. Implica construir un Estado inteligente y soberano, capaz de orientar el crédito, recuperar el ahorro interno, proteger la producción nacional y subordinar las finanzas al desarrollo.
Pero, sobre todo, demanda un consenso político y social que ponga en el centro la idea de Nación. Romper el pacto de saqueo significa reconstruir el pacto de dignidad: volver a concebir al Estado como herramienta de justicia, a la economía como instrumento de bienestar y a la política como expresión de soberanía popular.
No se trata de administrar la decadencia, sino de refundar la Argentina sobre bases propias. Y esa tarea —urgente y colectiva— es la única que puede transformar un país saqueado en un país verdaderamente libre.
