El rastro de los US$200.000: un documento del Bank of America vincula a Espert con la red de Fred Machado
Un registro contable de la entidad financiera, admitido como prueba en un juicio federal de EE.UU., detalla una transferencia destinada al diputado en enero de 2020. El documento, que incluye el código de matrícula del avión que Machado le prestó para campaña, agrega precisiones sobre el circuito del dinero y profundiza la crisis política del oficialismo.
– En la fría y meticulosa lógica de los registros bancarios, donde cada transacción queda grabada con la precisión de un notario digital, se encuentra una anotación que hoy recorre los pasillos de la política argentina como un relámpago. Se trata de una planilla del Bank of America que detalla una transferencia internacional de 200.000 dólares, con una particularidad crucial: en el campo del destinatario final figura el nombre de José Luis Espert, actual diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza.
Este documento, obtenido por el diario La Nación de bases de datos oficiales de Estados Unidos, fue incorporado como evidencia en el expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, el juicio celebrado en Texas que en 2023 terminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia del empresario Federico “Fred” Machado, por delitos que incluyen conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero. La transferencia, correspondiente al 22 de enero de 2020, no solo conecta al legislador oficialista con la estructura financiera de un acusado por narcotráfico, sino que también presenta una coincidencia elocuente: junto al nombre de Espert aparece el código N28FM, la matrícula del avión privado que el propio Machado le prestó para su campaña presidencial de 2019.
La revelación, que coincide con la denuncia presentada días atrás por Juan Grabois, agrega un capítulo de alta tensión a la crisis que atraviesa el gobierno de Javier Milei, que en las últimas horas también encajó sendas derrotas legislativas en el Senado. Mientras el oficialismo intenta recomponer su autoridad, el caso Espert abre un flanco judicial y político que cuestiona los estándares de transparencia de uno de sus referentes más visibles.
El documento: una transferencia bajo el escrutinio de la justicia estadounidense
La constancia de la transferencia integra la “Evidencia 45a” del caso contra Mercer-Erwin. Según los registros del sistema PACER (Public Access to Court Electronic Records), la Fiscalía logró incorporarla al expediente el 9 de septiembre de 2023. A pesar de las objeciones de la defensa, el juez federal Amos Mazzant admitió el material, que fue subido oficialmente a la plataforma el 26 de febrero de 2025.
La solidez del documento fue avalada durante el juicio por el testimonio de un experto del Bank of America, Jeffrey Jackson. Citado a declarar, Jackson explicó que la entidad crea este tipo de planillas por protocolo, en el momento o cerca del momento en que se registra cada movimiento, y que es “práctica regular” de la entidad hacer y mantener este tipo de registros. Su testimonio buscaba cerrar cualquier duda sobre la autenticidad de un papel que se convertiría en una pieza clave para la condena.
El recorrido del dinero, detallado en la planilla, es en sí mismo una muestra de la complejidad del entramado. La orden de pago de 200.000 dólares, emitida por Mercer-Erwin siguiendo instrucciones de Machado, se procesó a través de una “cash payment order” que transitó por una plataforma de criptomonedas (OKX), la plataforma de banca digital Cash Pro del Bank of America, y los bancos Citibank y Morgan Stanley, antes de ser destinada a José Luis Espert. La empresa emisora fue Wright Brothers Aircraft Title Inc., propiedad de Mercer-Erwin, una firma que, según la fiscalía, funcionaba como una fachada dentro de un esquema más amplio de lavado de activos.
El contexto: la trama de aviones, drogas y dinero
Para comprender el peso de esta evidencia, es necesario remontarse a la génesis de la causa judicial en Texas. Todo comenzó con una investigación periodística del canal WFAA de Dallas en 2019, que buscaba develar por qué en Onalaska, un pueblo de menos de 3000 habitantes, estaban registrados 1042 aviones, más que en Seattle o Nueva York.
El hilo conductor llevó hasta Aircraft Guaranty, un fideicomiso controlado por Mercer-Erwin y Machado que permitía ocultar a los verdaderos dueños de las aeronaves. La justicia estadounidense estableció posteriormente que esta estructura no solo se utilizó para blanquear dinero, sino que también facilitó la entrada de toneladas de cocaína a Estados Unidos y operó un esquema Ponzi que estafó a inversores con la compra de aviones inexistentes o no operativos.
La fiscalía, liderada por Ernest González, logró demostrar que Mercer-Erwin obtuvo 4,9 millones de dólares con estas maniobras, mientras que Machado se habría apropiado de 75 millones. Durante el juicio, la acusación fue contundente: “¿Tocó ella alguna vez un kilo de cocaína? No, no lo hizo, pero violó la confianza de la FAA [Administración Federal de Aviación] cuando era propietaria fiduciaria de estos aviones e hizo la vista gorda (…) y los aviones cayeron en manos de personas que abusaron de ellos e importaban cocaína al país”.
En este contexto, las transferencias bancarias, como la que tiene a Espert como destinatario, dejaron de ser meras anotaciones contables para convertirse en los hilos que tejían la trama delictiva.
El silencio de Espert y la encrucijada política
Frente a la contundencia del documento, la respuesta de José Luis Espert ha sido elusiva. Si bien admitió públicamente haber utilizado el avión de matrícula N28FM y una camioneta blindada de Machado durante su campaña, se ha negado sistemáticamente a confirmar o desmentir la recepción de los 200.000 dólares. Consultado nuevamente por LA NACION para esta nota, el diputado optó por no responder.
La falta de una explicación clara genera dos interrogantes cruciales que resonarán en los tribunales y en el Congreso. En primer lugar, si el dinero fue efectivamente recibido, ¿por qué no fue declarado ante la justicia electoral como contribución campaign o ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)? En segundo término, ¿qué contraprestación existió, si es que la hubo, por una suma de tal magnitud?
La conexión entre ambos hombres queda further reforzada por una fotografía, obtenida por este diario, que los muestra juntos el 18 de abril de 2019 en el aeropuerto de Bahía Blanca, junto a Nazareno Etchepare e Iván Sherman. La imagen materializa un vínculo que los registros bancarios se encargan de cuantificar.
El laberinto legal de Machado
Mientras el caso avanza en la arena política, la situación judicial de Fred Machado en la Argentina es un complejo entramado de apelaciones y dilaciones. Detenido desde el 16 de abril de 2021, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, declaró procedente su extradición a Estados Unidos en abril de 2022. Sin embargo, la defensa de Machado, a cargo de Francisco Oneto –abogado personal del presidente Javier Milei–, logró que la Corte Suprema de Justicia le devolviera el caso al juez de primera instancia el pasado 21 de agosto, argumentando la necesidad de que se solicite a la justicia norteamericana información sobre una sentencia que podría afectar las acusaciones.
La maniobra legal ha garantizado a Machado permanecer en prisión domiciliaria en Viedma, lejos por ahora de un juicio en Texas donde las pruebas, incluido el registro de la transferencia a Espert, ya han demostrado su eficacia.
Una anotación contable y su eco político
En el universo de los grandes delitos transnacionales, donde operan redes de narcotráfico y lavado de dinero, la evidencia más poderosa suele ser la más mundana: un registro bancario, una planilla contable, una anotación en un sistema digital. La transferencia de 200.000 dólares destinada a José Luis Espert, inmortalizada en los archivos del Bank of America y validada por un tribunal federal estadounidense, ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un problema de primera magnitud para un gobierno que se precia de su lucha contra la “casta” y la corrupción.
La pregunta que flota en el aire ya no es solo sobre la naturaleza de ese pago, sino sobre la capacidad de la política argentina para investigar y rendir cuentas sobre vínculos que, según los estándares de la justicia de Estados Unidos, formaron parte de una trama criminal. El silencio del diputado Espert, mientras tanto, solo amplifica el eco de una anotación contable que podría tener el volumen de un escándalo de Estado.
