Un registro contable en un expediente federal de Texas apunta a un “wire out” de US$200.000 a nombre de José Luis Espert. La anotación, vinculada al fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, bajo investigación por fraude y lavado, reabre el debate sobre el financiamiento de la campaña de 2019 y pone en primer plano denuncias previas de irregularidades.
Un documento incorporado al expediente que tramita en la Corte Federal de Sherman, Texas, reveló una transferencia bancaria por US$200.000 con fecha 1 de febrero de 2020 y a nombre de José Luis Espert. La anotación forma parte de los registros de la firma Aircraft Guarantee Corp, administrada por Debra Mercer-Erwin y el empresario argentino Federico “Fred” Machado, ambos procesados en Estados Unidos en un caso que investiga fraude, lavado de activos y vínculos con el narcotráfico.
La investigación, originada en una serie de reportajes del canal WFAA (Dallas, ABC), permitió a la fiscalía norteamericana imputar a Mercer-Erwin y a Machado por un esquema de ventas ficticias de aeronaves. El fideicomiso en Onalaska, Texas, habría sido utilizado para ocultar transferencias de fondos y facilitar el ingreso de aeronaves que luego aparecieron involucradas en operaciones de narcotráfico. En noviembre de 2024, Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión.
En Argentina, la aparición de este registro contable motivó una denuncia por lavado de activos ante el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli. La presentación, impulsada por un equipo vinculado a Juan Grabois, sostiene que la anotación podría revelar un vínculo entre financiamiento de campaña y fondos de origen ilícito. El desafío judicial será comprobar la trazabilidad del dinero: si efectivamente la transferencia existió, si llegó a cuentas relacionadas con Espert o con la sociedad Varianza SA —constituida por el economista y su esposa en diciembre de 2019— y si se usó para financiar actividades políticas.
El nombre de Machado ya había aparecido en la campaña del Frente Despertar de 2019. Documentos y fotografías muestran a Espert junto al empresario, quien además habría cedido aeronaves y vehículos para el despliegue electoral. Ese vínculo alimentó sospechas desde hace tiempo, pero nunca había sido respaldado por documentos judiciales como los que ahora emergen de Texas.
A esta trama se suman las acusaciones públicas de Lilia Lemoine, quien en 2023 denunció irregularidades en el manejo de fondos de campaña y señaló “vínculos con narcos” en el entorno de Espert. Sus dichos, difundidos en redes y medios, se suman como antecedentes políticos y testimoniales, aunque será la justicia la que deba determinar su alcance probatorio.
El caso plantea tres interrogantes centrales: si la transferencia realmente existió, si esos fondos ingresaron en la campaña o el patrimonio personal de Espert y, finalmente, si había conocimiento de su eventual origen ilícito. En Estados Unidos la investigación se concentró en los organizadores del esquema; en Argentina, la clave será demostrar una conexión directa entre el dinero y la política local.
El silencio de Espert ante las revelaciones y la difusión de documentos con sello judicial norteamericano mantienen viva la polémica. Mientras la justicia define si avanza en pruebas contables y peritajes bancarios, la discusión ya impacta en el plano político y mediático.
La anotación de Texas no equivale a una condena, pero constituye un elemento documental de peso. Si se confirma que los US$200.000 llegaron efectivamente a la campaña, el caso dejará de ser un escándalo mediático para transformarse en un expediente con consecuencias judiciales y políticas de gran magnitud.
