Una medida del Gobierno de Milei, presionada por los tiempos electorales y la geopolítica, suspendió por apenas días los derechos de exportación para capturar USD 7.000 millones. Expertos y datos coinciden en que el diseño de la norma benefició principalmente a las grandes cerealeras, que liquidaron stocks adquiridos con el impuesto descontado. La sombra de la injerencia externa y la repetición de crisis pasadas marcan un final previsible para una estrategia de alto riesgo.
– El relato fue claro y contundente: una medida extrema para una situación extrema. El Decreto 682/2025, lanzado a contrarreloj a finales de septiembre, proponía una tregua fiscal sin precedentes: la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. El objetivo, según el Ministerio de Economía, era simple y ambicioso: incentivar la liquidación de divisas para alcanzar una meta de USD 7.000 millones antes del 31 de octubre, fortaleciendo las reservas del Banco Central en un contexto de presión cambiaria y a las puertas de las elecciones legislativas.
Sin embargo, la tregua duró menos de lo esperado. En apenas 24 horas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que el cupo había sido completado. La velocidad del operativo, celebrada por el oficialismo como un éxito de gestión, escondía una realidad más compleja y menos benévola para el eslabón inicial de la cadena: el productor agropecuario. El diseño de la norma, según advierten especialistas, funcionó como un salvavidas de hierro para las grandes exportadoras, que liquidaron stocks acumulados sin traspasar el beneficio fiscal a quienes venden la mercadería.
“Economía permitió que se anotaran DJVE (Declaraciones Juradas de Venta al Exterior) a diestra y siniestra, sin ningún límite ni condición. Las exportadoras vieron la posibilidad que les habilitaron y se aprovecharon de la necesidad de los cráneos del Palacio de Hacienda”, explicó el periodista especializado Matías Longoni a través de la red social X. Longoni aclaró que, en consecuencia, las empresas “no cometieron ningún delito”, sino que actuaron conforme a las reglas establecidas por el propio Gobierno.
El mecanismo de la transferencia de beneficios, clave en esta controversia, opera de la siguiente manera: cuando una cerealera compra soja o otros granos a un productor, descuenta del precio las retenciones vigentes, ya que es ella quien luego se encarga de pagarlas al fisco. La sospecha fundada, indicada por Longoni y respaldada por analistas del sector consultados para esta crónica, es que “la mayor parte de las DJVE que anotaron es por mercadería que les queda por comprar. Como mañana regresan las retenciones, volverán a descontarlas de los precios”.
En otras palabras, las empresas registraron ventas futuras bajo el paraguas de la “retención cero”, pero la soja que liquidaron ya la habían adquirido pagando un precio menor al productor (con la retención descontada). El beneficio fiscal quedó, así, encapsulado en sus balances.
La Geopolítica como Desencadenante
La velocidad fulminante de la liquidación no puede entenderse solo por la lógica del mercado. Un evento externo actuó como catalizador. La advertencia pública del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue el parteaguas. “Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, declaró Bessent el 25 de septiembre.
Esta comunicación, inusual por su tono directo, evidenció la alta sensibilidad geopolítica de la medida argentina. Para los Estados Unidos, la eliminación de retenciones abarataba artificialmente las exportaciones argentinas de soja, principalmente dirigidas a China, otorgando una ventaja competitiva no deseada en medio de la tensión comercial persistente entre Washington y Beijing.
“En la pulseada comercial entre China y EE.UU., el gigante asiático le dijo a Trump que si sigue tensando la cosa no le va a comprar más soja. La medida que tomó Argentina, en este sentido, complica a EE.UU. porque le facilita a China la compra del grano. Por eso la orden y reacción de Trump con este tema”, analizó el economista Javier Preciado Patiño. La reacción del Gobierno de Milei fue inmediata: dar por cerrado el cupo y reinstaurar las retenciones, cumpliendo de facto con el requerimiento estadounidense.
Un Déjà Vu con Sabor Amargo
La situación tiene ecos de un pasado no tan lejano. En 2018, durante la administración de Mauricio Macri, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionó para que se frenara el cronograma de reducción gradual de las retenciones que el gobierno tenía en marcha. En ese entonces, el entonces ministro de Hacienda era Luis Caputo, hoy titular de Economía. Macri, tras resistirse, cedió y congeló la baja por seis meses. El objetivo era idéntico: obtener dólares para calmar el mercado y honrar compromisos de deuda.
“Cualquier semejanza con la situación actual, es puro Caputo”, señaló una fuente del sector agropecuario que prefirió mantener el anonimato. El patrón se repite: falta de divisas, presión externa y una medida fiscal de emergencia que, en su implementación, prioriza el cortoplacismo financiero sobre una reforma estructural del sistema tributario agropecuario.
Silencio en el Campo y Futuro Incierto
Llama la atención el silencio de las principales entidades rurales (Sociedad Rural Argentina, CRA, CONINAGRO) tras el rápido desenlace de la medida. Estas organizaciones habían pujado históricamente por la eliminación total y definitiva de las retenciones. Su falta de pronunciamiento sugiere, para los analistas, un reconocimiento tácito de que la medida no estaba dirigida a ellos, sino a resolver una urgencia macroeconómica y geopolítica donde su beneficio era, en el mejor de los casos, indirecto y marginal.
El cierre express del cupo deja al descubierto las fragilidades de la economía argentina. Por un lado, el Gobierno logró su objetivo inmediato: ingresaron USD 7.000 millones a las reservas, un alivio transitorio para la presión sobre el dólar en un año electoral. “Normalmente en octubre se liquidan en promedio 1.700 millones de dólares, estamos hablando de cuatro veces más ese número”, destacó Preciado Patiño, lo que grafica la magnitud del «manotazo» cambiario.
Por otro lado, las consecuencias a mediano plazo son inciertas. El regreso de las retenciones, aunque buscado por EE.UU., contiene una posible escalada de precios internos de los alimentos, un factor de presión inflacionaria del que la administración Milei ha buscado despegarse. Además, la percepción de que el productor fue nuevamente excluido de un beneficio fiscal profundiza la desconfianza en el sector clave para la generación de divisas.
La efímera aventura de las «retenciones cero» deja más interrogantes que certezas. Funcionó como un acelerador masivo de liquidaciones, pero su diseño reveló una vez más que en la economía argentina, las urgencias suelen primar sobre las planificaciones. La medida, nacida de la necesidad interna y abortada por la presión externa, operó como un puente dorado para las grandes comercializadoras, que maximizaron ganancias en una ventana de oportunidad de apenas un día. Para el campo productivo, en cambio, quedó la sensación de haber sido un espectador más en una pulseada donde las reglas, una vez más, parecen escritas para favorecer a los que tienen mayor poder de lobby y capacidad de maniobra financiera. El éxito contable del operativo no logra ocultar su fracaso distributivo, una ecuación que la Argentina parece condenada a repetir.
