Con el respaldo de gobernadores, exaliados y una oposición unificada, la Cámara de Diputados dio un golpe contundente al gobierno de Javier Milei al rechazar sus vetos sobre la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y el financiamiento universitario. Las leyes ahora pasan al Senado, en medio de advertencias sobre un presidente debilitado institucional y políticamente.
La Cámara de Diputados argentina dio este miércoles una demostración de fuerza política: con mayorías que superaron con holgura los dos tercios, se rechazaron los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica que incluye al Hospital Garrahan, y a la ley de financiamiento universitario. Fue un resultado histórico, tanto por las cifras alcanzadas como por la fractura que dejó expuesta en la relación entre el Ejecutivo y sectores que hasta hace poco eran parte de su sostén.
En el recinto, el veto a la emergencia pediátrica fue rechazado por 181 votos contra 60, mientras que el veto al financiamiento universitario obtuvo 174 votos contra 67. Ambos superaron con amplitud el umbral exigido para insistir en la sanción de las normas, dejando al presidente Javier Milei frente a uno de los reveses parlamentarios más severos de los últimos años.
El resultado no solo refleja la capacidad de articulación de la oposición, que reunió al peronismo, el radicalismo en sus distintas vertientes, la izquierda y el bloque de Miguel Ángel Pichetto, sino también el viraje de legisladores que hasta hace semanas eran aliados del oficialismo. El MID, la bancada de Marcela Pagano, los misioneros que responden a Carlos Rovira y varios legisladores vinculados a gobernadores provinciales se sumaron al rechazo. Incluso un grupo de diputados santafesinos que responden a Patricia Bullrich marcó diferencias y terminó votando en contra de los vetos.
El gobierno intentó contener la sangría de votos con una negociación de último minuto que incluyó el giro de 12.500 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a provincias aliadas. La jugada, encabezada por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, terminó siendo insuficiente y expuso la falta de pericia política en la conducción oficial. Desde el propio bloque libertario, varias voces deslizaron críticas hacia la coordinación de la estrategia, lo que alimenta las tensiones internas.
El clima dentro del recinto fue áspero. Diputados libertarios acusaron a la oposición de “golpismo” y de conspirar contra la gobernabilidad. Sin embargo, referentes como Miguel Pichetto respondieron que el verdadero objetivo era garantizar recursos “razonables” para el sistema universitario y para la salud pediátrica, evitando la “crisis terminal” de dos áreas clave del Estado. Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, llamó a “reconstruir la esperanza” y subrayó que la movilización ciudadana en las calles no expresaba “bronca ni rencor, sino el deseo de hacer una Argentina grande”.
Mientras tanto, afuera del Congreso, miles de docentes, estudiantes, médicos y organizaciones sociales se manifestaban en defensa de las universidades públicas y del Hospital Garrahan, convirtiendo la sesión en un episodio que trascendió lo legislativo para transformarse en un hecho político de alta magnitud.
El trasfondo social explica buena parte de la derrota. En los últimos meses se multiplicaron las denuncias de hospitales desfinanciados, escasez de insumos y caída de becas universitarias, en un contexto económico marcado por la recesión y el ajuste. El rechazo de los vetos funcionó como un mensaje institucional contundente: la sociedad no está dispuesta a aceptar recortes en áreas sensibles como la salud y la educación.
La interna oficialista también quedó expuesta. Dirigentes cercanos a Santiago Caputo cuestionaron duramente la gestión política de Martín Menem y de Lisandro Catalán. Desde ese sector admitieron que “es necesario hacer cambios urgentes en la conducción política” para evitar que se repita un golpe parlamentario de estas dimensiones.
Las leyes ahora pasarán al Senado, donde se espera que también se ratifique la insistencia del Congreso, lo que obligará al Poder Ejecutivo a promulgar ambas normas. De confirmarse, será una derrota doble: institucional, porque se le impone al presidente una política contraria a sus decisiones, y política, porque desnuda su aislamiento frente a un Congreso que muestra capacidad de articular mayorías amplias.
Este episodio marca un punto de inflexión en la relación entre Milei y el sistema político. No se trata únicamente de la pérdida de una votación, sino de la confirmación de que el oficialismo carece de las mayorías necesarias para imponer su agenda, incluso en temas centrales de su plan de gobierno. La oposición, fortalecida por la movilización social y por la adhesión de aliados desencantados, se erige ahora como un bloque capaz de condicionar seriamente el rumbo presidencial.
El rechazo de los vetos al financiamiento universitario y al Garrahan es mucho más que un traspié legislativo: es una derrota política de proporciones históricas para el gobierno de Javier Milei. La contundencia de los números y la transversalidad de la oposición exhiben un Congreso dispuesto a marcar límites y una sociedad movilizada en defensa de derechos básicos. En este nuevo escenario, el oficialismo deberá decidir si redobla su apuesta de confrontación o si inicia un camino de diálogo real con gobernadores, bloques legislativos y actores sociales. Lo que quedó claro es que el margen para maniobras improvisadas se agotó, y que el reloj político de la Argentina comenzó a marcar un tiempo distinto.
