Sumido en una racha de derrotas parlamentarias, el Ejecutivo afronta hoy un nuevo capítulo de tensión: el Senado sesionará para insistir en la ley que obliga al Poder Ejecutivo a distribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Gobernadores presionan desde hace meses, mientras el Gobierno busca resguardos fiscales como argumento para el veto.
El Senado de la Nación sesionará hoy a las 11 con un único tema central: el rechazo del veto presidencial de Javier Milei sobre la ley que modifica el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La jornada se da en medio de una escalada de confrontaciones legislativas, luego de que Diputados rechazara los vetos presidenciales sobre las leyes del Garrahan, universidades y emergencia pediátrica con mayorías superlativas.
El proyecto, impulsado originalmente por gobernadores de distintas jurisdicciones, había sido aprobado en el Senado en julio con 56 votos afirmativos, uno solo en contra, y ausencia de varios senadores, entre ellos libertarios y otros vinculados a mandatarios que mantienen pactos provinciales con la Casa Rosada.
Esa aprobación generó expectativas en las provincias de contar con un mecanismo más previsible y menos sujeto al cortoplacismo y discrecionalidad del Ejecutivo.
El veto fue fundamentado por el Gobierno en la necesidad de preservar el «equilibrio fiscal», alegando que la norma limitaría la capacidad del Ejecutivo de manejar respuestas urgentes ante crisis provinciales o emergencias financieras.
Sin embargo, los gobernadores rechazan el argumento, sosteniendo que los ATN son recursos que les pertenecen y que el Estado los retiene de modo ilegal.
El bloque opositor confía en contar con los votos suficientes para rechazar el veto, lo que implicaría que la ley vuelva al Ejecutivo para su promulgación. Esa insistencia no sólo requiere mayoría simple, sino que el escenario esté lo suficientemente concurrido para impedir maniobras de ausentismo como las registradas anteriormente.
Los sectores del oficialismo están en una situación compleja. Las negociaciones previas con gobernadores aliados, los intentos de otorgar “partidas enmascaradas” mediante ATN en los últimos días, y los llamados al diálogo parecen no haber sido suficientes para recomponer alianzas lo bastante fuertes como para evitar esta nueva derrota legislativa.
Este contexto legislativo se inscribe en una seguidilla de rechazos a vetos presidenciales que dejan al descubierto debilidades crecientes del Ejecutivo para imponer su agenda económica, sobre todo en áreas sensibles como salud, educación, y desarrollo provincial. Para muchos analistas, la acumulación de derrotas politiza aún más las sesiones del Congreso, convirtiendo cada veto rechazado en un símbolo de limitación de poder.
El tratamiento del veto a la ley de los ATN en el Senado no será un simple capítulo legislativo: es teatro de un enfrentamiento que va más allá de nombres o partidos. Es la cristalización de una tensión fundamental entre la promesa de autonomía provincial y el ajuste fiscal exigido por el Gobierno. Si el Senado rechaza el veto —como todo indica—, el triunfo legislativo corresponderá a los gobernadores y a una oposición que ya no teme confrontar públicamente al Ejecutivo. Y en ese triunfo se filtra una advertencia clara: no se gobierna solo con decretos ni discursos, sin respaldo institucional. En estos días el Gobierno no sólo juega una sesión parlamentaria: se juega autoridad política.
