La causa por la estafa de Vicentin vuelve a moverse en los tribunales y amenaza con reabrir viejas heridas sobre la corrupción estructural en el vínculo entre el poder económico, el sistema financiero y el Estado argentino.
REDACCION DATA POLITCA Y ECONOMICA
El juez federal de Reconquista, Álvaro Colla, citó a indagatoria a exfuncionarios del Banco Nación durante el macrismo, entre ellos el expresidente de la entidad, Javier González Fraga, y el exvicepresidente, Lucas Llach. El expediente investiga un entramado de préstamos irregulares y favorecimientos que habrían derivado en un perjuicio cercano a los 300 millones de dólares para el erario público.
La operatoria del desfalco
Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país, fue beneficiada entre 2016 y 2019 con créditos extraordinarios por parte del Banco Nación. La denuncia sostiene que la empresa, ya al borde de la cesación de pagos, recibió líneas de financiamiento que excedían largamente los límites permitidos, con condiciones laxas y sin garantías suficientes. Pese a su delicada situación patrimonial, la compañía obtuvo desembolsos millonarios que luego no pudo devolver, generando una deuda colosal con el banco público.
El mecanismo, según la investigación, se habría sostenido gracias a la connivencia de funcionarios que incumplieron normas básicas de prudencia financiera y omitieron los controles habituales. En diciembre de 2019, apenas semanas antes de declararse en default, Vicentin logró acceder a nuevas líneas de crédito, lo que despertó sospechas de una maniobra de vaciamiento en perjuicio del Estado.
Llamados a indagatoria y responsabilidades políticas
Las citaciones a González Fraga y Llach marcan un giro en la causa. Ambos deberán dar explicaciones sobre el rol que tuvieron en la concesión de los préstamos. Los investigadores sostienen que las decisiones adoptadas no fueron meros errores de cálculo, sino parte de una política de favorecimiento hacia un grupo empresario cercano al poder.
La trama también involucra a directivos de Vicentin, que afrontan acusaciones por administración fraudulenta y defraudación al Estado. Para la Justicia, el colapso de la agroexportadora no fue un simple traspié empresarial, sino la consecuencia de un esquema de endeudamiento deliberado que terminó transfiriendo pérdidas millonarias a las arcas públicas.
Evasión, contrabando y narcotráfico
El colapso financiero no fue el único frente judicial de la compañía. Investigaciones paralelas expusieron denuncias de evasión impositiva y maniobras de contrabando en los puertos controlados por Vicentin en el río Paraná. Distintos reportes judiciales y de organismos internacionales vincularon a la empresa y a parte de su directorio con el tráfico de cocaína hacia Europa, utilizando la infraestructura portuaria de la agroexportadora. Estos antecedentes reforzaron la idea de que el grupo empresario operaba en una zona gris, combinando negocios legales con actividades ilícitas que ponían en jaque al propio Estado.
El impacto en el sistema financiero y productivo
El escándalo Vicentin dejó secuelas profundas. Miles de productores, proveedores y trabajadores quedaron atrapados en el default de la compañía, mientras el Banco Nación cargaba con una deuda impaga que debilitó su balance. El caso reavivó el debate sobre el rol de la banca pública: ¿debe ser un instrumento de desarrollo productivo o un mecanismo de rescate a grandes grupos económicos con influencia política?
La historia también puso de relieve el grado de concentración en el negocio agroexportador y la fragilidad de los controles estatales. En un país con crónica restricción externa, el colapso de una de las principales exportadoras de granos significó un golpe adicional a la disponibilidad de divisas y a la confianza en el sistema financiero.
Una herida abierta en la política argentina
La causa Vicentin se inscribe en una larga lista de episodios donde se cruzan poder económico, financiamiento político y complicidad institucional. El intento fallido del gobierno de Alberto Fernández de intervenir y expropiar la compañía en 2020 mostró hasta qué punto el caso toca fibras sensibles en la política nacional, generando reacciones encontradas entre quienes vieron en la medida un rescate a la soberanía alimentaria y quienes la rechazaron como un avance estatal indebido.
Hoy, con el expediente judicial reactivado, las indagatorias prometen abrir un nuevo capítulo en la búsqueda de responsabilidades. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿Cómo es posible que, en un país con millones de personas sumidas en la pobreza y un Estado que ajusta sus cuentas al límite, se hayan entregado cientos de millones de dólares a una empresa quebrada sin rendición de cuentas?
La respuesta no solo compete a los tribunales. Es un espejo de las relaciones históricas de corrupción estructural entre el poder financiero y el sector público, una herida abierta que aún espera justicia.
