La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) escaló este 12 de septiembre de 2025: allanamientos, hallazgo de USD 80.000 en caja de seguridad, renuncia de los abogados defensores de Diego Spagnuolo y declaraciones claves que vinculan a Karina Milei con el escándalo. La investigación judicial, que emergió tras la difusión de audios atribuidos al ex titular de ANDIS, promete profundizar pruebas y repercusiones políticas.
El origen del escándalo
El foco del Karinagate se encendió con la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, abogado y ex director de ANDIS. En esos audios, Spagnuolo señala un supuesto esquema de sobornos relacionados con la compra de medicamentos, en el que menciona a Karina Milei y al operador político Eduardo “Lule” Menem como destinatarios de coimas.
Aunque las grabaciones fueron reveladas públicamente, la Fiscalía federal a cargo, Franco Picardi, no las considera prueba directa todavía, sino indicios que habilitaron la investigación.
El testigo clave
Un momento decisivo llegó con la declaración de Fernando Cerimedo, consultor en comunicación y ex asesor vinculado a La Libertad Avanza. Cerimedo ratificó ante la fiscalía que Spagnuolo le había hablado desde mayo de 2024 sobre los mismos hechos que aparecen en los audios: retornos, coimas y hechos de corrupción en la Agencia.
Allanamientos y hallazgos
Picardi ordenó allanamientos simultáneos en propiedades del extitular Spagnuolo, del exfuncionario Daniel Garbellini y de los hermanos Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, proveedora de medicamentos implicada en la trama.
En uno de los operativos en una sucursal bancaria, los investigadores encontraron 80.000 dólares y 2.000 euros en efectivo dentro de una caja de seguridad vinculada a Spagnuolo. También se secuestraron comunicaciones digitales y documentación relacionada con contrataciones y compras de medicamentos, consideradas piezas clave para seguir la ruta del dinero.
El desguace de la ANDIS
La investigación reveló un contraste brutal: mientras se recortaban prestaciones esenciales, se abría paso un entramado mafioso para desviar fondos públicos. Durante la gestión de Spagnuolo, la ANDIS avanzó con la quita de pensiones y subsidios destinados a personas con discapacidades, muchas de ellas congénitas, dejándolas sin la mínima asistencia indispensable. Ese ajuste, que golpeó a los sectores más vulnerables, se dio al mismo tiempo que se armaba un circuito de corrupción en torno a la provisión de medicamentos y contrataciones de servicios. El doble estándar —ahogo social y saqueo financiero— expone la dimensión de la irresponsabilidad gubernamental.
Una defensa en retirada
En medio de los avances de la investigación, la defensa de Spagnuolo se resquebrajó. El viernes 12 de septiembre, sus abogados, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, renunciaron alegando “motivos personales”. La decisión llegó en un momento delicado, tras los allanamientos y en paralelo a la declaración de Cerimedo.
Fuentes judiciales señalan que hubo pérdida de confianza entre el exfuncionario y sus defensores, sumada a versiones de tensiones internas y dificultades para sostener una estrategia sólida frente a la presión judicial.
Repercusiones políticas
El caso tiene un fuerte impacto político, ya que alcanza al círculo más cercano del Presidente. Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem aparecen mencionados en la trama, lo que genera un escenario de máxima sensibilidad institucional.
Encuestas recientes muestran que la mayoría de la población considera el caso grave, reclama medidas ejemplares y percibe que la credibilidad del gobierno está en entredicho. Desde la Casa Rosada, en cambio, insisten en calificar las filtraciones como “operaciones políticas” y niegan que la investigación comprometa la gestión presidencial.
El Karinagate combina pruebas materiales, como los fondos hallados en la caja de seguridad, con testimonios que refuerzan la veracidad de los audios filtrados. La renuncia de la defensa de Spagnuolo añade dramatismo a una causa que no solo compromete a un exfuncionario, sino que amenaza con salpicar a la cúpula del poder político. Lo que está en juego no es únicamente la suerte judicial de los involucrados: la legitimidad del gobierno y la confianza pública en la transparencia del Estado atraviesan hoy una de sus pruebas más difíciles.
