El Supremo Tribunal Federal de Brasil concluyó que Jair Bolsonaro lideró una estructura criminal para desconocer los resultados de la elección de 2022, atentando contra la democracia. La sentencia, que incluye el plan para asesinar a Lula y al juez Alexandre de Moraes, marca un hito institucional y sienta jurisprudencia internacional sobre los límites del poder.
Por redacción Data Política y Económica
El 11 de septiembre de 2025, en una sesión decisiva, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, tras hallarlo culpable de cinco cargos relacionados con su estrategia para permanecer en el poder después de perder las elecciones presidenciales de 2022.
Los cargos y la trama descubierta
El fallo lo responsabiliza de dirigir una organización criminal armada, intento de abolir violentamente el régimen democrático de derecho, conspiración para un golpe de Estado, daños calificados y deterioro de bienes públicos protegidos.
Investigaciones federales detectaron un plan conocido como “Green and Yellow Dagger” u “Operation Counter-coup”, que no solo pretendía desconocer los resultados electorales, sino también asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente electo Geraldo Alckmin, y al juez del STF Alexandre de Moraes.
Parte de la trama incluyó promover narrativas de fraude electoral, maniobrar políticamente con aliados dentro de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia, y la violencia del 8 de enero de 2023, cuando seguidores bolsonaristas asaltaron los edificios de los tres poderes en Brasilia.
Votos, defensas y condenados
Cuatro de los cinco jueces del STF votaron por la condena: Alexandre de Moraes como relator, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin. El magistrado Luiz Fux fue el único disidente, manifestando que no se probó la participación directa de Bolsonaro en algunos de los planes de asesinato.
Además de Bolsonaro, siete de sus colaboradores, entre ex ministros y dirigentes militares, también fueron condenados. Las penas varían según la gravedad de su participación, llegando hasta 26 años en algunos casos.
Importancia institucional y política
El juicio, conocido como Ação Penal 2668, representa la primera vez en la historia brasileña que un ex presidente es condenado por planear un golpe de Estado para impedir la transferencia de poder tras una elección.
El fallo además reafirma principios constitucionales fundamentales: que ningún poder —ni siquiera el presidente electo democráticamente— está por encima de la ley, que legitimar discursos fraudulentos o conspiraciones no es un atajo legal, y que la violencia política y el uso indebido de las fuerzas armadas pueden y deben ser sancionados.
También reabre en América Latina el debate sobre la vocación de las instituciones judiciales frente al autoritarismo, y ofrece un precedente concreto para otros países con amenazas similares.
Brasil ha demostrado que incluso aquellas democracias bajo presión autoritaria pueden defenderse y juzgar a quienes intentan subvertirlas desde dentro. La condena de Bolsonaro no solo revierte impunidad, sino que redefine los límites del poder presidencial y las consecuencias del uso de la mentira como instrumento político. Si las instituciones sostienen estándares como estos, la democracia no es solo un ideal teórico: puede convertirse en un muro tangible contra el avance del autoritarismo.
