Denuncias desde municipios bonaerenses y provincias del interior revelan un esquema de reasignación arbitraria de cápitas hacia clínicas privadas, que no solo desfinancia hospitales públicos y penaliza a los jubilados, sino que –según denuncias– alimenta una “caja” política del oficialismo. La diputada Stolbizer exige responsabilidades mientras el organismo enfrenta crecientes sospechas y rechazo gremial.
Desde la Costa Atlántica bonaerense hasta provincias como Chaco, Jujuy, Santa Cruz y La Pampa, se multiplican las denuncias contra el PAMI por reasignar arbitrariamente cápitas de jubilados desde hospitales públicos a clínicas privadas. Lo que parece, según intendentes y legisladores, un desvío administrativo, se perfila como un entramado de corrupción con múltiples ramificaciones.
Derivaciones arbitrarias con impacto económico y social
En General Madariaga, el intendente Esteban Santoro denunció que desde diciembre de 2024, el PAMI transfirió de forma deliberada alrededor de 3.000 afiliados del hospital municipal al Instituto Médico Madariaguense, clínica privada que ahora recibe más de 80 millones de pesos mensuales por prestaciones –muchas de ellas no efectivamente brindadas.
Villa Gesell también sufrió pérdidas significativas: el hospital local dejó de percibir recursos equivalentes a 1.000 cápitas, alrededor de 12 millones de pesos mensuales, mientras jubilados son derivados a centros sanitarios a más de 70 km. En Necochea, se repite el patrón: 10.000 cápitas fueron reasignadas a la Clínica Cruz Azul, ocasionando una pérdida estimada de 180 millones de pesos anuales para el hospital «Dr Emilio Ferreyra».
Los municipios afectados coinciden: estas maniobras no pueden atribuirse a errores informáticos involuntarios. El abogado Leandro Alonso lo enfatizó: “No se trata de un botón mal apretado […], se trasladaron cerca de 10 mil afiliados de un día para el otro”.
Replicabilidad y alcance político
La denuncia de Madariaga despertó alertas en otras provincias. En Jujuy, se señala la derivación hacia clínicas vinculadas al diputado libertario Manuel Quintar. En Chaco se investigan presuntos pedidos de coimas; en Santa Cruz, el interventor y candidato Jairo Guzmán fue denunciado por extorsión y aportes obligatorios a profesionales; y en Misiones, un dirigente local fue denunciado por exigencias de aportes salariales de hasta el 10 % a funcionarios de PAMI y ANSES .
Mercer las acusaciones, la exfuncionaria del PAMI y diputada suplente Viviana Aguirre reveló que dirigentes del oficialismo exigían hasta un millón de pesos en efectivo por cargos en el organismo, describiendo un “circuito que ahora se intensificó con La Libertad Avanza”.
Respuesta institucional: investigaciones y rechazo gremial
ATE realizó protestas en varias delegaciones del país, reclamando transparencia y el fin del desvío de fondos de los jubilados; denunció que más de cinco millones de afiliados carecen de atención médica adecuada.
Por su parte, el PAMI anunció investigaciones internas orientadas a erradicar prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones previas. Se revisará el uso de “vías de excepción” para la entrega de insumos, que facilitan contrataciones opacas sin licitación. En paralelo, cuestionamientos públicos desde el organismo en Chaco rechazaron acusaciones y criticaron a médicos por supuestas irregularidades en licitaciones.
Presión política y judicial
La diputada Margarita Stolbizer presentó un pedido de resolución para citar al titular del PAMI ante la Comisión de Salud del Congreso. En su proyecto advirtió un “modus operandi de mala gestión y comportamientos criminales” que dañan a jubilados e instituciones públicas.
Los informes convergen en una conclusión alarmante: más allá de arbitrariedades individuales, emerge un patrón sistemático de desvío de fondos del PAMI hacia prestadores y operadores privados vinculados políticamente. La afectación real recae sobre los jubilados que ven interrumpidos sus tratamientos, obligados a desplazarse o directamente desatendidos, mientras los hospitales públicos se sostienen sin recursos.
Frente a esta emergencia institucional, el Congreso y organismos de control deben actuar con urgencia. Solo así podrá restaurarse la seguridad social que merecen quienes dedicaron su vida al país.
