La filtración de conversaciones en las que el ex titular de Discapacidad, Diego Spagnuolo, describe una presunta trama de coimas que llegaría a la hermana del presidente y a su círculo íntimo, desató una crisis política, allanamientos judiciales y una fractura en el relato oficial de lucha contra la corrupción.
Los allanamientos: la Justicia entra en escena
En la madrugada del 22 de agosto de 2025, por orden del juez federal Sebastián Casanello y a pedido del fiscal Franco Picardi, se realizaron catorce allanamientos simultáneos. Los procedimientos apuntaron a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las instalaciones de la droguería Suizo Argentina S.A. y los domicilios particulares de los principales implicados en la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos.
Según reportaron fuentes policiales, uno de los momentos más significativos de la operación ocurrió cuando fue interceptado Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería mencionada repetidamente en los audios como presunto canal de los sobornos. Al ser detenido cuando intentaba salir de su domicilio en Nordelta, se le incautaron aproximadamente doscientos mil dólares en efectivo, distribuidos en sobres, junto con papeles con anotaciones. Sin embargo, el objetivo principal de los allanamientos, el exfuncionario Diego Spagnuolo, no fue hallado en su domicilio, por lo que las autoridades no pudieron secuestrar su teléfono celular, un elemento crucial de la investigación ya que en los audios él mismo afirma tener “todos los WhatsApps de Karina” como prueba de la trama.
En la sede de la ANDIS, las fuerzas de seguridad secuestraron documentación contable y soportes informáticos. Entre los papeles incautados, destacan comprobantes de pagos a la droguería Suizo Argentina por la suma de más de diez mil millones de pesos, lo que da una dimensión del volumen financiero bajo investigación.
Los audios que detonaron el terremoto político
El origen de la crisis se remonta a la filtración pública de una serie de audios. En esas grabaciones, una voz identificada como la de Diego Spagnuolo —por entonces director de la ANDIS y antiguo abogado y amigo personal del presidente Milei— describe con lujo de detalles un presunto sistema de recaudación ilegal.
La voz en los audios afirma que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, serían los beneficiarios finales de un esquema de retornos que oscilaba entre el cinco y el ocho por ciento del monto de los contratos con proveedores médicos y farmacéuticos. Según su testimonio, la droguería Suizo Argentina actuaba como operador intermedio, encargada de cobrar ese porcentaje a otros laboratorios para “facilitar” su acceso a contratos con el Estado.
Las cifras que se manejan son astronómicas. La voz de Spagnuolo calcula que “Karina” se quedaría con un tres por ciento de ese total, lo que se traduciría en ingresos mensuales de “entre medio millón y ochocientos mil dólares”. En un pasaje crucial, se lo escucha decir: “Hablé con el Presidente (Milei) y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina’”.
La reacción del Gobierno: remoción e intervención
Ante la magnitud del escándalo, la respuesta del Gobierno fue rápida pero que generó más preguntas que respuestas. En la madrugada del 21 de agosto, la Vocería Presidencial anunció la “remoción preventiva” de Diego Spagnuolo de su cargo como director de la ANDIS. El comunicado oficial argumentó que la medida se tomó “frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral”.
Paralelamente, se decretó la intervención de la agencia. Inicialmente se informó que el ministro de Salud, Mario Lugones, sería el interventor, pero luego se designó para el cargo a Alejandro Alberto Vilches, actual Secretario de Gestión Sanitaria, con la misión expresa de realizar “una profunda auditoría” en el organismo.
La reacción oficial, sin embargo, evitó por completo abordar las graves acusaciones vertidas contra Karina Milei y “Lule” Menem. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único funcionario de alto rango en hacer una declaración tibia y ambigua: “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, afirmó, para luego agregar que “son temas que tiene que investigar la Justicia”. Esta falta de una defensa contundente de los acusados directos alimentó aún más la especulación y la crisis.
El entramado Menem: poder y familia en el ojo de la tormenta
Los audios no solo apuntan a la hermana del presidente, sino que también colocan bajo una lupa implacable a la familia Menem, que ostenta un poder significativo dentro del gobierno.
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Martín Menem: Presidente de la Cámara de Diputados y sobrino del expresidente Carlos Menem, es descrito como uno de los principales armadores políticos del oficialismo. Su nombre había estado antes en el centro de la polémica por el nepotismo, al defender el nombramiento de su sobrino de 23 años en un cargo lucrativo dentro de la secretaría que él controla en el Congreso.
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Eduardo “Lule” Menem: Prima segunda de Martín y subsecretario de Gestión Institucional bajo las órdenes directas de Karina Milei. Es la figura más directamente señalada en los audios como operador clave de la presunta trama. Spagnuolo lo acusa de haber intentado colocar a personas de su confianza en puestos claves de la ANDIS para controlar los flujos de dinero.
La conexión de los Menem con la droguería Suizo Argentina añade otra capa de complejidad. Denuncias penales previas ya vinculaban a la empresa y a los Menem con presuntas contrataciones irregulares en la ANDIS, aunque esa causa había sido archivada en una primera instancia.
Contexto político: el veto derrotado y la interna de poder
El estallido del escándalo no ocurrió en el vacío. Justo el día anterior a la filtración de los audios, el gobierno de Milei sufrió una dura derrota política en el Congreso. La Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, votó abrumadoramente para rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa que aumenta la financiación para este sector vulnerable.
Esta derrota legislativa, la primera que sufre el oficialismo, mostró la debilidad de Milei en el Congreso y la fortaleza de una oposición unida. El escándalo de corrupción en la misma agencia que administra esos fondos (ANDIS) es un golpe devastador para el relato oficial de “moralización” y “lucha contra la casta”.
Analistas políticos sugieren que la filtración de los audios podría ser también síntoma de una guerra interna dentro del gobierno, donde facciones rivales se disputan el poder y la influencia sobre el presidente.
La respuesta de Milei: atacar al mensajero
Fiel a su estilo, el presidente Javier Milei optó por una estrategia de contraataque y negación frontal. Durante un discurso ante el Council of the Americas, no hizo mención directa al escándalo que envolvía a su hermana y a su gobierno. En cambio, cargó todas sus baterías contra la oposición, a la que acusó de intentar “generar una crisis económica para derrocar al gobierno” y de planear cometer “todo tipo de fraudes” en las próximas elecciones de octubre.
Al desviar la atención y negarse a abordar el fondo de las acusaciones, Milei buscó enmarcar el escándalo como una mera operación política de sus adversarios, una narrativa que ya había sido previamente establecida en el comunicado de remoción de Spagnuolo.
La crisis desatada por los audios de Spagnuolo trasciende con creces la simple denuncia de corrupción. Se ha convertido en el examen más severo al que se ha enfrentado el gobierno de Javier Milei, una prueba que pone a prueba los mismos pilares sobre los que construyó su poder: la credibilidad, la promesa de una gestión austera y libre de corrupción, y la solidez de su círculo íntimo.
Las imágenes de allanamientos, dólares incautados en sobres y funcionarios evadidos no hacen más que profundizar la grieta en el relato oficial. La Justicia ha tomado la posta y ahora avanza con una investigación que promete ser larga y compleja. Cada nuevo dato que surge pinta un cuadro de presuntas operaciones opacas que, de confirmarse, se habrían gestado en las altas esferas del poder, lejos del “despelote” que Milei prometió cortar de raíz.
El gobierno, por ahora, parece refugiarse en el silencio o en el ataque a la oposición, pero la marea de preguntas sin respuesta crece. La ciudadanía, los mercados y la clase política observan con atención. El desenlace de este caso no solo definirá el destino de varios de sus protagonistas directos, sino que podría reconfigurar por completo el mapa político de Argentina en un año electoral decisivo. La crónica de esta crisis aún se está escribiendo, pero sus capítulos iniciales ya han dejado una huella imborrable.
