Crisis económica, errores políticos y una sociedad al límite.
La Argentina atraviesa un momento de máxima tensión. A la recesión inducida por las políticas económicas del oficialismo se suma una creciente conflictividad política y social que pone en duda la capacidad del gobierno de Javier Milei para sostener su agenda.
Por Antonio Muñiz
Lo que comenzó como un experimento liberal sostenido en las redes sociales y en una narrativa disruptiva, se transformó en una gestión marcada por la falta de rumbo, la improvisación y un desgaste prematuro.
El telón de fondo es conocido: inflación persistente, dólar en alza, caída de la actividad económica y una pobreza que no cede. Pero el problema ya excede lo económico. A menos de un año y medio de asumir, el gobierno perdió la iniciativa política, choca con un Congreso que no convalida sus decretos ni sus vetos y abre frentes de conflicto innecesarios con sectores sensibles de la sociedad. Todo configura un escenario que amenaza con profundizar la crisis de gobernabilidad.
Una economía en depresión inducida
La política económica del oficialismo se sostiene en un único pilar: el ancla cambiaria y monetaria. El objetivo es claro: contener el dólar y, con ello, intentar moderar la inflación hasta octubre, cuando el gobierno espera encontrar oxígeno político. Pero el costo de esa estrategia es enorme.
Las tasas de interés exorbitantes paralizaron el crédito y estrangularon el consumo. Los salarios reales se derrumban mes a mes y la pérdida del poder adquisitivo se siente en cada hogar. El mercado interno está en depresión: la industria opera muy por debajo de su capacidad, las PYMES cierran en cascada y la construcción se desploma. La circulación de pesos es mínima y las familias sobreviven con lo justo.
A este escenario se suma un error político: confrontar con el mismo sector financiero que fue sostén y gran beneficiario del carry trade. El resultado es que los mercados comienzan a tomar distancia ante la inviabilidad de un modelo que hace agua en lo económico y en lo político. Las preguntas que circulan son inevitables: ¿puede el gobierno llegar a las elecciones sin una devaluación? ¿Qué pasará si pierde o empata en las legislativas de medio término? ¿Con qué capital político enfrentará los dos últimos años de gestión?
La pregunta que resuena en la calle es aún más directa: ¿hasta cuándo podrá resistir la sociedad este ajuste? Si el único objetivo es sostener el dólar a cualquier costo, el riesgo es que la presión social desborde antes de que lleguen los beneficios prometidos.
Los errores políticos y la pérdida de aliados
La crisis no es solo económica. En lo político, el gobierno acumula errores que agravan el cuadro. En lugar de ampliar su base de apoyo, Milei parece decidido a encerrarse en su núcleo duro y abrir frentes innecesarios. Los ataques al Hospital Garrahan, las decisiones que afectan a personas con discapacidad, el desmantelamiento del INTI y el INTA, o la inacción frente a tragedias como la del fentanilo —que ya dejó 96 muertos sin que la ANMAT intervenga— muestran un Estado ausente o, peor, deliberadamente ineficaz.
La sensación social es que no hay gestión: la administración pública no responde en áreas clave como salud, educación y seguridad. En este contexto, el discurso agresivo del presidente, que alguna vez resultó atractivo para quienes pedían “mano dura” contra la política tradicional, empieza a generar rechazo mayoritario.
A esto se suma la elección de candidatos que parecen responder más a la retórica libertaria que a una estrategia electoral seria. La postulación de José Luis Espert en Buenos Aires es un ejemplo: lejos de ampliar el espectro, consolida un perfil duro que ahuyenta a sectores moderados y deja al oficialismo sin puentes hacia el resto de la sociedad.
La pérdida del Congreso y el vacío de poder
La política no admite vacíos. El Congreso ya rechazó vetos y decretos claves del Ejecutivo, señal de una pérdida evidente de control legislativo. En un sistema presidencialista, la debilidad frente al Parlamento se traduce en fragilidad en el corazón del poder.
El gobierno que prometía arrasar con la “casta” hoy se ve obligado a negociar cada ley, sin aliados firmes y con una oposición que huele sangre. La agenda legislativa de esta semana puede traerle nuevos reveses a la Casa Rosada y exponer todavía más la incapacidad del oficialismo para imponer su proyecto.
La pérdida de la iniciativa política es quizás el dato más preocupante. El Ejecutivo reacciona, responde, improvisa, pero no logra instalar un rumbo claro ni marcar la discusión pública. La ofensiva discursiva contra gobernadores, sindicatos, universidades o periodistas ya no produce adhesión: genera cansancio. La sociedad parece más preocupada por el precio de los alimentos o la inseguridad que por las batallas verbales del presidente.
Una sociedad al límite
El desgaste se refleja en la vida cotidiana. Los hospitales carecen de insumos, las escuelas sufren recortes, la inseguridad crece y el acceso a medicamentos o tratamientos se vuelve un privilegio. La tragedia del fentanilo es una síntesis brutal: un Estado ausente, la desidia burocrática y la falta de respuestas ponen en riesgo directo la vida de los ciudadanos.
La sensación de que el país está a la deriva se instala incluso en sectores que habían apostado por la experiencia libertaria. El experimento de Milei, que prometía un cambio radical y ruptura con el pasado, hoy aparece como un ciclo que acelera la decadencia en lugar de revertirla.
Un laberinto sin salida a la vista
La Argentina de agosto de 2025 enfrenta un panorama crítico. Una economía en depresión, un gobierno que pierde el control político y una sociedad cada vez más agobiada por el ajuste conforman un cóctel explosivo. El oficialismo parece atrapado en su propio laberinto: insiste en un programa económico que profundiza la crisis social, mantiene un estilo confróntativo que multiplica enemigos y carece de una estrategia clara para recuperar la iniciativa.
La pregunta central ya no es si el plan económico funcionará, sino si la sociedad podrá soportar el costo de sostenerlo. La paciencia se agota y los márgenes de error se achican. El riesgo no es solo una recesión prolongada o la pérdida de poder político, sino la posibilidad de una fractura social más profunda.
El gobierno enfrenta una prueba decisiva: ¿Cómo saldrá del laberinto que él mismo construyó? Todavía tiene cartas para jugar, pero su dogmatismo y su lógica de enfrentamiento le cierran las salidas. Cuanto más tarde en rectificar, mayor será el costo que pagará cuando los mercados le digan basta. Y, como siempre, el peso más duro caerá sobre la sociedad, especialmente sobre los sectores populares.
