El Congreso se prepara para una sesión especial cargada de tensiones políticas. La oposición intentará reunir los dos tercios necesarios para insistir con las leyes vetadas por el Ejecutivo, en un debate que también incluye la distribución de los ATN y el impuesto a los combustibles.
La Cámara de Diputados vivirá esta semana una de las jornadas más intensas de la actual agenda parlamentaria. La oposición convocó a una sesión especial para el miércoles al mediodía con el objetivo de tratar los vetos presidenciales a las leyes de emergencia en discapacidad y a la mejora en los haberes jubilatorios, iniciativas que habían sido aprobadas con amplio respaldo en el Congreso. La cita también incluirá proyectos de alto impacto federal, como la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la reforma en el esquema de reparto del impuesto a los combustibles.
Más allá de los números fríos, la sesión se perfila como un termómetro político que pondrá a prueba tanto la cohesión de la oposición como la capacidad del oficialismo para retener su estrategia de ajuste fiscal.
El peso de los vetos
Uno de los ejes centrales será el debate sobre los vetos a dos leyes sensibles: la de emergencia en discapacidad, que buscaba garantizar recursos extraordinarios para políticas de inclusión y asistencia, y la que establecía un aumento del 7,2% en las jubilaciones, sumado a un refuerzo del bono mínimo de $70.000 a $110.000 y una compensación para las cajas provinciales.
El oficialismo, integrado por La Libertad Avanza (LLA) junto al PRO y un sector del radicalismo, confía en sostener los vetos, dado que necesita apenas un tercio de los votos para bloquear la insistencia de la oposición. En la práctica, con 76 bancas aseguradas en una sesión de 229 legisladores, el Gobierno blindaría su decisión.
Sin embargo, la situación no es idéntica en ambos casos. Mientras que la ley de jubilaciones parece tener un veto consolidado, la oposición está muy cerca de alcanzar los dos tercios para revertir el rechazo a la ley de discapacidad. En la sesión del 4 de junio, el proyecto obtuvo 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, quedando a tan solo un voto de alcanzar la mayoría especial requerida.
El contraste es evidente en la ley de moratoria previsional, donde el oficialismo ya tiene asegurada la ratificación del veto: la norma se había aprobado con 111 votos afirmativos, 100 en contra y 15 abstenciones, una paridad que ahora se inclina en favor del Ejecutivo.
Una sesión con múltiples frentes
La estrategia opositora, encabezada por el bloque de Unión por la Patria (UP) bajo la conducción de Germán Martínez, busca capitalizar la presión social sobre los temas de discapacidad y jubilaciones, pero también avanzar con los proyectos que tensionan la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Entre ellos, se destaca la reforma en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Hoy, el 1% del PBI destinado a esta herramienta de asistencia discrecional es administrado por el Poder Ejecutivo. El proyecto aprobado en el Senado propone que esos fondos se repartan automáticamente según los criterios de la Ley de Coparticipación Federal. El Gobierno, en cambio, pretende mantener la potestad de manejar el grueso de los recursos y transferir a las provincias solo lo que quede como remanente al cierre de cada ejercicio fiscal.
Otro punto caliente es la modificación del impuesto a los combustibles, un tributo estratégico que impacta en la recaudación nacional y provincial. La propuesta opositora establece un reparto con un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el sistema previsional. El dictamen oficialista plantea que el 28,9% vaya directamente a la ANSES y que el resto se sume a la masa coparticipable, lo que en los hechos dejaría al fisco nacional con cerca del 30% del total.
Lo que está en juego
La sesión especial no se limitará a la pulseada por los vetos y los fondos. También se prevé tratar la modificación del funcionamiento de la comisión investigadora del caso Libra, el emplazamiento para discutir cambios en el régimen penal tributario y un proyecto sobre husos horarios. Además, se incluye el veto a la ley de asistencia a Bahía Blanca, lo que agrega un condimento territorial a un temario ya de por sí cargado.
En este contexto, el oficialismo apuesta a mantener su núcleo duro unido, mientras que la oposición deberá demostrar que puede sostener la misma disciplina parlamentaria que logró en junio. Cada ausencia o abstención será determinante.
El trasfondo político es claro: la administración de Javier Milei busca consolidar su programa de ajuste, blindando el equilibrio fiscal aun a costa de leyes con alto impacto social, mientras que la oposición intenta mostrar sensibilidad frente a los sectores más golpeados, en particular jubilados y personas con discapacidad.
Conclusión
La sesión de este miércoles en Diputados será mucho más que un trámite legislativo. En juego está el alcance real del poder presidencial para sostener su programa económico frente a una oposición fragmentada pero activa, y la capacidad de los bloques opositores de traducir el malestar social en victorias concretas en el recinto.
La pulseada por los vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad no solo reflejará la correlación de fuerzas en el Congreso, sino que también pondrá en evidencia qué lugar ocupan los sectores más vulnerables en la agenda política argentina. Mientras tanto, los gobernadores observan con atención la definición sobre los ATN y el impuesto a los combustibles, que incidirán directamente en las arcas provinciales.
El desenlace, ajustado y repleto de tensiones, será una radiografía de la política argentina en 2025: un país atravesado por la puja entre ajuste y derechos sociales, entre centralismo y federalismo, y entre un oficialismo que busca blindar sus vetos y una oposición que intenta recuperar terreno.
