Fuga de capitales, deuda y evasión en la Argentina neoliberal.
La economía argentina atraviesa una de sus etapas más regresivas desde la recuperación democrática. Con un modelo centrado en la apertura comercial, la desregulación financiera y el endeudamiento externo, el gobierno de Javier Milei profundiza un proceso estructural de concentración y fuga de capitales que hunde aún más a los sectores productivos, compromete la soberanía fiscal y perpetúa la lógica del saqueo.
por Antonio Muñiz.
Este patrón no es nuevo: constituye el núcleo del ciclo neoliberal iniciado en los años 70, consolidado durante la última dictadura y perfeccionado en los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri. Su motor principal es la asociación entre sectores privilegiados del empresariado local y los intereses financieros internacionales. A través de diversos mecanismos —evasión fiscal, subsidios cruzados, endeudamiento en divisas, desregulación cambiaria y protección judicial—, se reproduce un sistema de acumulación basado en la expatriación de excedentes y la socialización de las pérdidas.
Fuga récord y protección judicial
Según estimaciones recientes del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), durante el primer semestre de 2024 se fugaron del país más de u$s 14.000 millones. Esta cifra supera ampliamente los ingresos por exportaciones de bienes industriales en el mismo período. Las divisas, que deberían usarse para importar insumos, pagar salarios o invertir en infraestructura, terminan en guaridas fiscales, fondos de inversión offshore o cuentas bancarias en el exterior.
Lo más alarmante es que la mayor parte de estos movimientos son legales, o al menos tolerados institucionalmente. El régimen de cepo cambiario vigente, limita el movimiento de fondos a las empresas, sin embargo habilita mecanismos a los grandes exportadores y empresas multinacionales a girar divisas sin demasiadas, mientras el Estado desmonta los controles que históricamente permitían regular estas operaciones. En paralelo, el desmantelamiento de la ex AFIP, la Aduana y la Unidad de Información Financiera (UIF) deja al país sin capacidad de control real sobre los flujos de capitales.
El caso paradigmático es el de Techint, el gigante metalúrgico de Paolo Rocca. Construido con el impulso del Estado peronista en los años 50, el grupo se expandió globalmente gracias al financiamiento público y a la protección arancelaria. Hoy, con operaciones en más de 40 países, utiliza su estructura multinacional para optimizar su carga tributaria y repatriar utilidades hacia jurisdicciones de baja fiscalidad. En 2023, por ejemplo, la empresa declaró ganancias por u$s 1.800 millones, pero solo tributó un 2,5% en concepto de impuesto a las ganancias en Argentina.
Una élite que no tributa
La evasión y elusión fiscal no son prácticas marginales ni informales: son parte estructural del comportamiento del gran empresariado argentino. Según datos del Banco Mundial y el BID, más del 60% de la riqueza offshore de los argentinos pertenece al 1% más rico. En total, se estima que existen más de u$s 400.000 millones no declarados en el exterior, equivalentes a casi ocho veces las reservas del Banco Central.
Esta elite económica no solo evade impuestos: también presiona para obtener subsidios, exenciones fiscales y beneficios impositivos. Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que las principales empresas del país —entre ellas Arcor, Clarín, Mercado Libre, Techint y Ledesma— reciben año tras año beneficios impositivos por más de $1 billón, sin contrapartidas productivas ni generación de empleo. En este contexto, la «motosierra» del gobierno se dirige solo contra el gasto social, mientras se preservan las prebendas del poder económico.
El endeudamiento como dispositivo de poder
El otro gran canal del despojo es el endeudamiento externo. Desde la dictadura militar hasta hoy, la deuda ha sido un instrumento de disciplinamiento político y transferencia de recursos. El mecanismo es simple: el Estado se endeuda en dólares, canaliza esos fondos hacia sectores concentrados (vía fuga, subsidios, obra pública o estatización de pasivos privados), y luego transfiere la carga del repago a la sociedad, mediante recortes presupuestarios, ajustes en salud, educación y jubilaciones.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, la deuda pública creció en más de u$s 100.000 millones, gran parte tomada con el Fondo Monetario Internacional. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que buena parte de esos fondos fueron utilizados para financiar la fuga de capitales a través de la venta de dólares en el mercado local, en un esquema que benefició a bancos y fondos especulativos.
A pesar de los recortes drásticos y la obtención de un superávit primario y financiero —por primera vez en décadas—, la deuda pública argentina bajo Milei mostró una expansión en términos absolutos, principalmente por la incorporación al Tesoro de pasivos del BCRA y por emisión en pesos. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, la deuda bruta del Tesoro creció unos USD 41 mil millones, pero la consolidación que considera pasivos del BCRA redujo el endeudamiento neto en cerca de USD 18,4 mil millones. En pesos, el stock de deuda pública se duplicó, pasando del equivalente a unos USD 104 mil millones a USD 208 mil millones en moneda local, con casi el 55 % de la deuda total en pesos (la mayoría ajustable) .
En cuanto al peso del pago de intereses dentro del déficit fiscal, el gobierno instituyó una “regla fiscal inquebrantable” que prioriza el pago de intereses antes que cualquier otro gasto.
Aunque el déficit financiero final fue prácticamente cero en 2024 (~0,3 % del PIB), ello solo fue posible gracias al superávit primario (1,8 % del PIB), que cubrió las erogaciones por intereses. Es decir, los intereses absorben una parte considerable del esfuerzo fiscal, limitando severamente el espacio para políticas redistributivas o inversión pública, en un contexto de fuerte austeridad que ha impactado negativamente en el empleo, en el salario, el consumo y el bienestar social.
Este esquema revela un endeudamiento que, si bien en apariencia parece orientarse a la estabilidad macro, en realidad refuerza la dependencia del Estado frente a los mercados financieros, despojándolo de margen para políticas contracíclicas.
Una economía para pocos
El resultado es una economía dual y excluyente. Por un lado, una minoría dolarizada, financierizada y conectada al circuito global, que acumula activos en el exterior y paga pocos impuestos. Por otro, una mayoría empobrecida, con ingresos pulverizados por la inflación y el ajuste, que debe soportar la carga impositiva, la recesión y la desocupación.
Este esquema también reconfigura el mapa productivo del país. Mientras se destruyen industrias nacionales, se consolida un modelo primario-exportador basado en el agro y la extracción de recursos. En este contexto, las multinacionales controlan los enclaves estratégicos —litio, petróleo, gas, alimentos— y giran sus utilidades sin dejar valor agregado en el territorio. La reciente desnacionalización de YPF Litio o la creciente extranjerización de los frigoríficos y exportadoras de granos son ejemplos paradigmáticos.
La legitimación cultural del privilegio
Un elemento central de este proceso es la construcción ideológica que lo sostiene. Desde los medios de comunicación, las usinas neoliberales y el discurso oficial, se promueve la idea de que el Estado es el problema, que los impuestos son un robo y que la verdadera libertad consiste en permitir que el capital se mueva sin restricciones. Se demoniza al trabajador sindicalizado, al jubilado que cobra la mínima, al beneficiario de un plan social, pero se oculta la obscena concentración de riqueza en pocas manos.
El resultado es una sociedad fracturada, donde la desigualdad no solo es económica, sino también simbólica. Se castiga al que necesita y se premia al que especula. Se empobrece al interior productivo, pero se enriquece la City porteña. Se hunde la educación pública, pero se subsidian escuelas privadas. Y todo bajo la promesa de que, algún día, el derrame llegará.
Alternativas para un modelo justo
Romper con este ciclo exige reformas estructurales. Es necesario restituir los controles de capital, gravar la riqueza y los activos offshore, investigar la deuda externa ilegítima y construir un sistema tributario progresivo. También es urgente un nuevo pacto productivo que fortalezca la industria nacional, promueva la re industrialización, basada sobre todo en las nuevas tecnologías I+D y priorice la integración regional.
Pero, sobre todo, se requiere voluntad política. Un gobierno que represente los intereses del pueblo y no los del capital financiero. Que entienda al Estado como herramienta de desarrollo y no como botín para privatizar. Que construya una economía al servicio de las mayorías y no de una casta evasora y fugadora que solo piensa en dólares.
La Argentina no es pobre. Es un país rico saqueado por elites que se consideran impunes.
Recuperarlo exige más que medidas técnicas: requiere una nueva conciencia colectiva. Y también un Estado presente, soberano y comprometido con el interés nacional.
