El Gobierno anunció restricciones drásticas para garantizar el superávit fiscal, pero la oposición sostiene que las iniciativas carecen de fundamento constitucional y carecen de estrategia, sumergidas en un laberinto político sin salida clara.
Al día siguiente de que el presidente Javier Milei anunciara que enviará un proyecto para penalizar los presupuestos con déficit fiscal y prohibirá que el Tesoro se financie mediante emisión monetaria, la oposición respondió con fuertes críticas. Dirigentes señalaron que, más allá de la retórica, las propuestas son «inconstitucionales» e imposibles de ejecutar.
Varias voces del arco político advirtieron que penalizar presupuestos con déficit y prohibir el financiamiento del gasto con emisión forma «mensajes vacíos, sin táctica ni estrategia», productos de un gobierno «envuelto en su propio laberinto». Señalan la falta de articulación política y la escasa capacidad de coordinación con el Congreso, que hoy controla una sólida mayoría opositora.
La oposición advierte que las medidas de Milei son inconstitucionales e impracticables
Expertos constitucionalistas también echaron sombras sobre la legalidad de estas medidas. Recuerdan que ya hubo fallos que declararon inconstitucionales decretos previos del Ejecutivo, como el que limitaba el derecho a huelga, al no cumplirse los requisitos formales de “necesidad y urgencia” exigidos por la Constitución Nacional .
Además, diversos abogados calificaron los decretos extensivos como «inconstitucionales y reversibles», subrayando que afectan competencias exclusivas del Congreso y podrían ser anulados por la Corte Suprema.
Desde la oposición se repite que estas iniciativas, lejos de mostrar una visión de gobernabilidad, reflejan un Ejecutivo que actúa impulsado únicamente por la emergencia permanente, sin construir consensos ni presentar propuestas viables y bien estructuradas.
Mientras tanto, el oficialismo insiste en que se trata de «verdades incómodas», contraponiéndose a lo que consideran promesas populistas sin respaldo fiscal. Pero con apenas dos meses para las elecciones legislativas de octubre y un Congreso que no responde a su agenda, las tensiones institucionales y la viabilidad de estas medidas se han convertido en el verdadero centro de debate político.
