El presidente firmó en el límite legal los decretos que anulan las leyes aprobadas por el Congreso. La oposición necesita dos tercios en ambas cámaras para revertir el veto. El Gobierno alega inviabilidad fiscal y activa acuerdos con aliados para blindar su decisión.
En el límite del plazo legal y tras semanas de especulaciones, el presidente Javier Milei firmó los decretos de veto a las leyes que establecían un aumento en las jubilaciones y declaraban la emergencia en discapacidad. Las iniciativas habían sido aprobadas por amplias mayorías en el Congreso, pero el Ejecutivo decidió suprimirlas bajo el argumento de que resultan “fiscalmente inviables” dentro del ajuste estructural que impulsa el oficialismo.
Ambas leyes —una impulsada por bloques dialoguistas y sectores del peronismo para recomponer ingresos jubilatorios, y otra promovida ante el colapso de prestaciones para personas con discapacidad— quedaron ahora sujetas a una definición legislativa: si ambas cámaras rechazan el veto presidencial por mayoría de dos tercios, las leyes volverán a tener vigencia. De lo contrario, quedarán definitivamente archivadas.
Según trascendió, el Ejecutivo demoró la oficialización con la expectativa de debilitar los esfuerzos de la oposición durante el receso invernal y evitar una ofensiva parlamentaria que lograra reunir los votos necesarios para la insistencia legislativa.
Frente a ese riesgo, la Casa Rosada activó negociaciones directas con gobernadores y bloques aliados, ofreciendo recursos como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y eventuales beneficios fiscales a cambio de apoyo político. El objetivo central es impedir que en Diputados se consigan los dos tercios que habiliten la reversión del veto, algo que se considera más probable en el Senado debido a su composición más diversa.
Desde el oficialismo insisten en que las leyes vetadas pondrían en riesgo la meta del déficit cero. “Cualquier retroceso en el ajuste fiscal compromete la estabilidad del país”, señaló un vocero del Ministerio de Economía. Sin embargo, organizaciones sociales y legisladores de la oposición denuncian que el Gobierno utiliza el déficit como excusa para desfinanciar derechos básicos y desproteger a los sectores más vulnerables.
La ley de movilidad jubilatoria vetada proponía un nuevo mecanismo de actualización que combinaba la inflación con el crecimiento salarial y garantizaba un piso mensual de aumento. Según estimaciones de especialistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta fórmula habría permitido recomponer en parte el poder adquisitivo de los haberes mínimos
