La marcha semanal de jubilados terminó con un violento operativo policial, que incluyó gases lacrimógenos y balas de goma. El padre Paco denunció el uso de balines con gas pimienta y la detención violenta de manifestantes. El reclamo apunta contra el veto de Milei al aumento previsional y la eliminación de medicamentos gratuitos del PAMI.
La tradicional movilización de los jubilados frente al Congreso Nacional se vio nuevamente atravesada por la represión policial. Este miércoles 30 de julio, siete personas fueron detenidas en el marco de un operativo de seguridad que, según testigos y referentes sociales, incluyó el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y balines con gas pimienta, una modalidad denunciada por primera vez por el padre Francisco “Paco” Oliveira.
El operativo se desplegó desde temprano con presencia de camiones hidrantes, patrulleros y un fuerte cordón policial que bloqueó el acceso a las inmediaciones del Congreso a toda persona no acreditada. La tensión escaló por la tarde, cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar por Avenida de Mayo en dirección a Plaza de Mayo, siendo interceptado en el cruce con Montevideo por efectivos que exigían liberar los carriles.
Según la Policía de la Ciudad, los detenidos incurrieron en “atentado y resistencia a la autoridad” tras arrojar objetos contundentes y agredir a personal policial. La versión oficial sostiene que “los efectivos actuaron ante agresiones” y que el operativo fue una respuesta a la supuesta violencia de los manifestantes.
Sin embargo, el testimonio del padre Paco, un reconocido referente de la pastoral villera, dibuja una escena diferente: “Esto es lo nuevo que trajo Patricia Bullrich. Tienen balines con gas pimienta adentro, te disparan y te queda una sensación de ardor y asfixia terrible”, declaró a la revista mu, La Vaca. El sacerdote afirmó que fue detenido momentáneamente y luego liberado, aunque denunció que dos compañeros del barrio Chacarita fueron arrestados con signos de haber sido golpeados brutalmente.
La marcha, como cada miércoles, fue encabezada por jubilados que exigen mejoras en los haberes mínimos, aumento del bono mensual de $70.000 otorgado por ANSES y la restitución de los medicamentos gratuitos eliminados por el PAMI. A estos reclamos se suma la protesta contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, aprobada recientemente por el Congreso pero cuya entrada en vigencia fue bloqueada por el Ejecutivo.
El proyecto de movilidad jubilatoria, sancionado el 10 de julio con apoyo de legisladores oficialistas y opositores, proponía actualizar los haberes previsionales de forma más favorable frente a la inflación. No obstante, el presidente Javier Milei anticipó su veto bajo el argumento de que “el sistema de reparto es insostenible” y que “el Estado no puede gastar más de lo que recauda”, tal como expresó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a medios oficiales.
La decisión presidencial de bloquear la ley ha generado un amplio rechazo social y político. En contraste, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un aumento del 84,2% para el haber mínimo provincial, que pasará de $380.000 a $700.000, junto con un bono bimestral de $100.000 para jubilados que cobren hasta $1.300.000, una medida que ha sido valorada como alternativa frente al ajuste nacional.
La protesta de este miércoles también contó con el acompañamiento de organizaciones políticas como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Izquierda, y agrupaciones de derechos humanos y sociales, quienes denuncian la creciente criminalización de la protesta social bajo la conducción del Ministerio de Seguridad nacional, encabezado por Patricia Bullrich.
Esta no es la primera vez que la manifestación semanal de jubilados termina con incidentes. La semana anterior, una movilización hacia Plaza de Mayo también había sido contenida con un fuerte operativo. Sin embargo, lo que agrava el clima es el uso de nuevas armas represivas, como los mencionados balines con gas pimienta, cuya legalidad y proporcionalidad han sido puestas en duda por especialistas en derechos humanos.
Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional han advertido recientemente sobre el “endurecimiento del accionar policial” y el uso de “nuevas tecnologías represivas no reguladas” en manifestaciones pacíficas, y llamaron a respetar los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza.
En ese marco, la protesta jubilada ha pasado de ser un reclamo sectorial por la dignidad en la vejez a convertirse en un símbolo más amplio de resistencia frente a las políticas de ajuste. La imagen de ancianos reprimidos por reclamar un haber digno vuelve a resonar con fuerza en la opinión pública, y suma un nuevo capítulo a la creciente tensión social que atraviesa el país en medio del ajuste fiscal más drástico desde la crisis de 2001.
“No pedimos lujos, pedimos vivir con dignidad. Nos quitan hasta los medicamentos y nos responden con gases”, resumió Marta, una jubilada de 75 años que participó en la marcha. En una Argentina donde el 68% de los jubilados cobra menos que la canasta básica para una sola persona (según cifras del CEPA, junio 2025), su reclamo no parece exagerado.
