La apertura comercial y la pérdida de poder adquisitivo aceleran el deterioro de la industria textil argentina. El 70% de la ropa que se consume es importada, se han cerrado 200 empresas en el último año y se perdieron más de 11.000 empleos registrados. Pymes, sindicatos y expertos reclaman un cambio urgente en la política económica.
La industria textil argentina atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Entre enero y mayo de 2025, la producción de hilados y telas cayó un 13,1% respecto del mismo período de 2024, según datos de la Fundación Pro Tejer. En paralelo, el consumo de indumentaria nacional fue desplazado por productos importados, que ya representan cerca del 70% del mercado, lo que pone en jaque a un sector que emplea a más de medio millón de personas en todo el país.
El impacto de esta situación se refleja en el cierre de 200 empresas, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo registrados y la paralización parcial de la capacidad industrial instalada. “Hoy el sector textil está trabajando al 40%. Esto significa que seis de cada diez máquinas están paradas”, explicó Priscila Makari, directora ejecutiva de Fundación Pro Tejer.
La raíz del problema combina múltiples factores: caída del consumo, apertura de importaciones, tipo de cambio atrasado y reducción de aranceles para productos extra Mercosur. A esto se suma una avalancha de ventas a través de plataformas como Shein, Temu y Tiendamia, que ofrecen prendas importadas a precios con los que las fábricas nacionales no pueden competir.
El fenómeno importador: entre la tecnología y la desigualdad de condiciones
A diferencia de crisis anteriores, la digitalización ha jugado un rol central en acelerar la penetración de ropa importada. El marketplace Tiendamia, por ejemplo, duplicó sus ventas en la categoría indumentaria en lo que va del año. Según su country manager, Santiago García Milán, las marcas más demandadas son internacionales: Adidas, Nike, Levi’s, Columbia y North Face, entre otras.
“En esta etapa hay un nuevo factor de presión: la tecnología permite importar prendas de manera directa, eludiendo canales tradicionales y reduciendo tiempos de entrega”, señala el especialista en marketing textil Facundo Guerrero. Este fenómeno se ve amplificado por el auge del «fast fashion», una lógica de consumo que prioriza cantidad por sobre calidad y genera ciclos de renovación muy cortos.
El problema, sin embargo, no es solo económico. La Asociación Obrera Textil (AOTRA) advirtió que detrás de la mayoría de las prendas que ingresan al país hay condiciones laborales extremadamente precarias. “Se trata de una competencia desleal: productos fabricados sin cumplir normas ambientales ni laborales básicas”, sostuvo Hugo Benítez, secretario general del gremio.
Apertura comercial sin red: consecuencias sociales y federales
La decisión del Gobierno nacional de facilitar las importaciones –mediante la reducción de aranceles y el desmantelamiento de controles aduaneros como el Canal Rojo– busca contener los precios y mostrar mejoras en los indicadores de inflación. Pero el costo económico y social es cada vez más evidente.
Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), las ventas del sector cayeron 7,7% en el tercer bimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. En un comunicado reciente, la entidad advirtió: “La caída de ventas afecta a un número creciente de empresas, con acumulación de stock, ajustes laborales e imposibilidad de trasladar costos a precios”.
Makari señaló que el problema se agrava con los altos costos estructurales del país. “Transportar mercadería de Catamarca a Buenos Aires cuesta más que traer un contenedor desde China. A eso hay que sumarle tasas de interés elevadas, alquileres altísimos y una carga impositiva que llega a representar el 50% del precio final en productos premium”, explicó.
Las provincias del interior son las más afectadas. En Catamarca y La Rioja, el sector textil representa casi el 40% del empleo industrial privado. El cierre de fábricas en estas regiones no solo destruye empleo sino que impacta de lleno en las economías locales.
Un futuro incierto y la necesidad de un cambio estructural
El sector textil ha invertido más de 1.400 millones de dólares en los últimos tres años, modernizando maquinaria y capacitando personal. Sin embargo, el panorama actual desalienta la continuidad de esa apuesta. “Las empresas no quieren despedir, pero muchas ya no pueden sostenerse. Lo último que se quiere es desarmar una estructura industrial, pero no hay margen”, afirmó Makari.
El reclamo es unánime: es necesaria una política industrial activa que compense las asimetrías con los productos importados y que no abandone a su suerte a uno de los sectores manufactureros más federales y con mayor potencial de generación de empleo del país.
Francia, por ejemplo, avanzó recientemente en una legislación para limitar el ingreso masivo de ropa de baja calidad, en un intento por proteger su producción nacional y mitigar el impacto ambiental del fast fashion. En la Argentina, en cambio, la ausencia de regulaciones agrava una situación que, de persistir, puede llevar al colapso definitivo de la industria textil local.
“Queremos competir, pero en igualdad de condiciones. El Estado tiene que garantizar que no se destruya empleo formal en beneficio de modelos de negocio sin regulación”, concluyó Benítez.
