La Cámara Alta aprobó el aumento a jubilados y la prórroga de la moratoria previsional, con el apoyo de sectores radicales, peronistas y provinciales. Mientras el Gobierno denuncia un «golpe institucional», Villarruel respondió con dureza a Bullrich, y estalló la furia en redes oficialistas, con mensajes violentos contra el Congreso y sus legisladores.
En un escenario institucional cada vez más tenso, el Senado de la Nación sancionó dos proyectos clave que afectan de lleno al plan de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei: el aumento de haberes previsionales con un bono ampliado y la prórroga de la moratoria jubilatoria. La sesión, con quórum opositor y ausencia del bloque libertario, no solo representó un revés legislativo para el oficialismo, sino que desató una dura interna entre sus principales figuras, al tiempo que activó una campaña violenta en redes sociales por parte de sus simpatizantes más radicalizados.
Crisis política en el oficialismo tras la sanción de las leyes previsionales: Villarruel enfrentada con Bullrich y la ultraderecha estalla en redes
La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien presidió parte de la sesión y luego se retiró antes de la votación, fue blanco de críticas del núcleo duro del oficialismo, especialmente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Fue cómplice del kirchnerismo”, la acusó Bullrich en declaraciones públicas, sumándose al coro de cuestionamientos desde el ala dura de La Libertad Avanza, que denuncia una supuesta “traición” al Ejecutivo por haber habilitado el funcionamiento de la Cámara Alta.
Lejos de esquivar el conflicto, Villarruel respondió con munición gruesa. En un mensaje publicado en sus redes sociales, acusó a Bullrich de tener un pasado ligado al terrorismo:
“Yo no pongo bombas, no mato gente, no pertenezco a organizaciones terroristas. Fui a la sesión para que el kirchnerismo no se haga la víctima diciendo que no los dejaron sesionar”.
Con esa declaración, Villarruel reavivó viejas disputas internas y marcó una línea divisoria con los sectores más confrontativos del gobierno, evidenciando la falta de cohesión en el elenco libertario.
Mientras tanto, en redes sociales, especialmente en la plataforma X (ex Twitter), los sectores más radicalizados del oficialismo estallaron contra Villarruel y contra el Congreso en general. Cuentas afines a Milei —incluyendo influencers, libertarios orgánicos y operadores digitales— la tildaron de “traidora”, “cómplice” e incluso “enemiga del pueblo”. Algunos mensajes exigieron su renuncia inmediata o su destitución, mientras otros cruzaron límites institucionales, proponiendo el cierre del Congreso o la intervención del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo.
Con apoyo del peronismo, radicales y fuerzas provinciales, el Senado sancionó el aumento de jubilaciones y la prórroga de la moratoria. El Gobierno denunció un “golpe institucional”, Villarruel cruzó a Bullrich y estalló la violencia discursiva en redes oficialistas.
El hashtag #CongresoGolpista fue tendencia durante varias horas, acompañado de llamados a «aniquilar la casta» y acusaciones de «conspiración» contra el presidente. Entre las expresiones más alarmantes, se destacaron publicaciones con amenazas veladas y abiertas contra legisladores opositores, fotos de las instalaciones del Congreso con comentarios como “ya sabemos dónde están” y llamados a una «limpieza total del sistema».
Estas manifestaciones, si bien marginales en términos numéricos, reflejan un clima creciente de intolerancia y radicalización en sectores que orbitan alrededor del gobierno libertario. La violencia verbal, amplificada por bots y cuentas anónimas, fue tan significativa que provocó alertas en organismos de derechos humanos y preocupación entre legisladores.
En lo sustancial, el Senado sancionó el aumento del 7,2% para las jubilaciones y la suba del bono mínimo de $70.000 a $110.000, además de prorrogar la moratoria previsional vencida en marzo. La votación fue contundente: 52 votos afirmativos, sin votos en contra, y con solo cuatro abstenciones. La medida fue acompañada por Unión por la Patria, parte del radicalismo, senadores peronistas disidentes y representantes de fuerzas provinciales. Las abstenciones provinieron principalmente de sectores alineados con gobernadores de Juntos por el Cambio que, aunque no se opusieron formalmente, evitaron convalidar abiertamente la iniciativa.
Desde el oficialismo, el jefe de bloque libertario Ezequiel Atauche insistió en que la sesión fue “inválida”, y adelantó que el Ejecutivo podría vetar ambas leyes por su impacto fiscal. Según estimaciones preliminares, las medidas aprobadas generarían un gasto adicional significativo para el Estado, tensando aún más el equilibrio que intenta mantener el ministro Luis Caputo bajo la premisa del “déficit cero”.
Pero más allá del debate presupuestario, el episodio dejó en evidencia la soledad política del Gobierno, el colapso de la disciplina interna en La Libertad Avanza y la incapacidad de contener la retórica violenta de su base más extremista. En un momento crítico para la institucionalidad democrática, las señales desde el Congreso y desde el oficialismo revelan una fractura cada vez más profunda en el poder real del gobierno nacional.
