La detención de la militante kirchnerista Alesia Abaigar expone el avance de la criminalización del peronismo y el feminismo. El gobierno nacional y sectores del Poder Judicial apuntan a La Cámpora como blanco de una persecución ideológica, con la complicidad de jueces funcionales como Sandra Arroyo Salgado.
La detención de Alesia Abaigar, militante peronista, feminista y trabajadora del Estado, no es un hecho aislado ni casual: forma parte de un patrón de persecución ideológica dirigido al kirchnerismo en general y a La Cámpora en particular, organización a la que desde el gobierno y ciertos medios afines se busca instalar como extremista, violenta y subversiva. La construcción discursiva que equipara militancia política con peligrosidad institucional encuentra en este caso un nuevo episodio preocupante.
El 26 de junio, Abaigar fue arrestada acusada de haber arrojado estiércol y colgado un pasacalle en las inmediaciones del domicilio del diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert. La acción simbólica, que en otras circunstancias se resolvería por vías contravencionales, fue tipificada como “incitación al odio”, figura penal que permitió el uso desproporcionado del aparato judicial y policial. Su casa fue allanada y también se detuvo, sin orden judicial, a su madre de 70 años, quien estuvo tres días incomunicada.
La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa, se convirtió en una pieza clave de esta avanzada judicial. Su papel ha sido señalado como funcional al dispositivo político de persecución. Denegó la excarcelación pese a la falta de pruebas y mantuvo el expediente bajo secreto de sumario, a pesar del delicado estado de salud de Abaigar, que padece una enfermedad autoinmune crónica. El abogado defensor, Daniel Llermanos, denunció: “Ni siquiera se nos permite ver el expediente completo. No hay indicios firmes, solo presunciones y una clara intencionalidad política”.
El pedido explícito de Espert para que no se le conceda la libertad a Abaigar revela el carácter disciplinador del proceso. El diputado, aliado de Milei y conocido por su retórica violenta, ya había sido denunciado por promover la violencia estatal contra opositores. Ahora vuelve al centro de la escena exigiendo prisión para una mujer sin antecedentes penales, cuyo supuesto delito es haber participado en una protesta pacífica. El mensaje es claro: el disenso será castigado con cárcel.
Pero más allá del caso individual, el trasfondo es ideológico. El gobierno de Javier Milei ha consolidado una narrativa que asocia al kirchnerismo y, especialmente, a La Cámpora, con prácticas delictivas, violencia política y odio al orden democrático. Esa construcción mediática, impulsada por sectores del oficialismo, es replicada por medios afines y jueces dispuestos a ejecutar sin cuestionamientos.
Como expresó el CELS en un comunicado reciente, “la criminalización del disenso se canaliza por múltiples vías: judicialización selectiva, hostigamiento digital, ciberpatrullaje ideológico, creación de noticias falsas mediante inteligencia artificial y utilización de fuerzas de seguridad para intimidar”. El patrón es inequívoco: a mayor compromiso político con causas populares, mayor persecución.
Esta escalada no se detiene en Alesia. En días previos, la periodista Julia Mengolini fue blanco de una campaña digital de difamación encabezada por el propio presidente, a partir de una fake news sobre su vida personal. El caso Abaigar sigue esa lógica: una acción simbólica mínima es convertida en un hecho de “odio político”, mientras se habilita a actores oficialistas a ejercer violencia discursiva y simbólica sin consecuencias.
La mesa “Libertad para Alesia”, conformada por periodistas, referentes feministas, organismos de derechos humanos y legisladores del peronismo, denunció el ensañamiento judicial y la arbitrariedad de la jueza Arroyo Salgado, señalando que “se está violando la presunción de inocencia y el debido proceso”. En una conferencia de prensa realizada el martes 2 de julio, Estela Díaz, ministra de Mujeres bonaerense, fue contundente: “Es una detención arbitraria, anunciada por la ministra Bullrich antes que por la Justicia. Esto no es aplicación de la ley: es persecución política”.
El objetivo parece claro: disciplinar al campo popular, utilizando para ello el ataque a la expresión más dura del kirchnerismo, La Cámpora, utilizando causas judiciales sin sustento y jueces funcionales a la narrativa oficial. Se busca instalar que toda acción política vinculada al kirchnerismo es una amenaza al orden público, mientras se promueve la estigmatización de sus militantes como “delincuentes ideológicos”. Es el mismo guion que ha justificado golpes institucionales en la región y persecuciones judiciales como el lawfare en Brasil, Ecuador o Bolivia.
Alesia Abaigar permanece detenida en el Penal de Ezeiza, en condiciones de salud que se agravan día a día. Su defensa solicitó el arresto domiciliario mientras se resuelve el pedido de excarcelación, pero la respuesta judicial continúa siendo el silencio. En paralelo, la campaña de estigmatización hacia el kirchnerismo se profundiza, avalada por el aparato comunicacional del gobierno y ejecutada por un poder judicial que ha dejado de ser imparcial para convertirse en actor político (lawfare.
El caso Abaigar marca un punto de inflexión en el uso del sistema judicial como herramienta de castigo político. Y advierte: cuando se criminaliza la militancia, lo que está en juego es el futuro mismo de la democracia.
NOTA DE LA REDACCION DE DATA POLITICA Y ECONOMICA
