En línea con el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei, el Banco Nación anunció un drástico recorte en su estructura operativa. El cierre de 60 sucursales, la transformación de centros PyME y una reorganización interna buscan ahorrar más de $1.000 millones. Preocupación por el impacto en el acceso al crédito y el rol público del mayor banco del país.
En sintonía con la política de ajuste promovida por el gobierno nacional, el Banco de la Nación Argentina oficializó un recorte de magnitud: el cierre de 60 sucursales en todo el país, la transformación de centros de atención PyME y una reestructuración interna que incluye la reducción de gerencias zonales. Según informó la entidad que preside Daniel Tillard, estas medidas forman parte del Plan Estratégico 2024-2027 y permitirán un ahorro proyectado superior a los $1.000 millones en el presente año.
El banco informó que su red de sucursales pasará de 769 a 709 puntos de atención, lo que implica una merma significativa en su presencia territorial. El argumento principal es el «reordenamiento de estructuras» y la «optimización de recursos», con foco en «fortalecer la presencia estratégica» y alcanzar «los niveles operativos de 2015».
En términos financieros, la entidad afirma haber generado un ahorro inmediato de $139 millones, que se proyecta en $837 millones para lo que resta de 2025. A esto se suman otros $180 millones por la conversión de 45 Centros PyME Nación, que pasarán a operar con modalidad de atención remota o personalizada en territorio, reduciendo así los gastos de alquiler.
Según el comunicado oficial, también se dispuso la reducción de las Gerencias Zonales, que pasaron de 33 a 29 unidades, reorganizadas bajo los criterios de segmentación económica definidos por el INDEC. Desde el banco se señala que esta readecuación permitirá «una distribución más equitativa del servicio financiero» y contribuirá a «mejorar la eficiencia y transparencia».
La banca pública bajo presión
La decisión del Banco Nación se inscribe en un proceso más amplio de transformación impulsado por el gobierno de Javier Milei, cuyo discurso de “motosierra” y desregulación apunta a reducir el tamaño del Estado. En este marco, Tillard destacó que el plan estratégico busca “ratificar el liderazgo del banco en el sistema financiero, mejorar la competitividad y preparar la entidad para una futura transformación en sociedad anónima”.
Esta última declaración no pasó desapercibida: la posible transformación del Banco Nación en una sociedad anónima genera preocupación en sectores que advierten sobre el riesgo de desnaturalizar el carácter público de la entidad. Fundado en 1891, el Banco Nación es el principal instrumento de financiamiento productivo en muchas regiones del país, y cumple una función clave en el otorgamiento de créditos a PyMEs, productores rurales y economías regionales.
Según datos del propio banco, en 2023 otorgó más de $1,2 billones en préstamos al sector productivo, representando más del 40% del crédito bancario destinado a las pequeñas y medianas empresas.
Voces críticas
La decisión de reducir la capilaridad territorial del banco fue cuestionada por organizaciones sindicales, dirigentes políticos y expertos del sector financiero. “Es un golpe al federalismo financiero. Muchas localidades dependen del Nación como único canal de acceso al crédito y servicios bancarios”, advirtió el economista Claudio Lozano, exdirector del banco durante la gestión anterior.
Por su parte, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que el cierre de sucursales “atenta contra la inclusión financiera” y alertó que puede derivar en despidos encubiertos, pese a que desde la conducción del banco aseguran que no habrá reducción de personal.
Entre la digitalización y el vaciamiento
En medio de la expansión de la banca digital, el argumento de “modernización” aparece como justificación de la reducción de sucursales físicas. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de transformaciones deben hacerse con criterios de equidad. “No es lo mismo cerrar una sucursal en una ciudad con conectividad plena y servicios digitales consolidados que hacerlo en pueblos del interior donde el acceso es limitado”, señala un informe reciente de la Fundación Capital.
A su vez, algunos analistas vinculan este proceso con una hoja de ruta que podría derivar en la privatización o fragmentación del Banco Nación, siguiendo modelos aplicados en otras entidades estatales bajo gobiernos neoliberales.
Una redefinición del rol del Estado
El caso del Banco Nación condensa el debate sobre el papel del Estado en la economía. ¿Debe ser un actor activo en el financiamiento del desarrollo o limitarse a competir bajo lógicas de mercado? La respuesta a esa pregunta marcará el destino de una institución que, por más de un siglo, fue sinónimo de presencia federal, impulso productivo y acceso al crédito para millones de argentinos.
Por Redacción Data Política y Económica
