El anuncio de un posible nuevo esquema cambiario reaviva temores de devaluación. ¿Qué implicaría para la inflación, los salarios, y la estabilidad política de un gobierno que apuesta todo al equilibrio fiscal y a un control de la inflación?
El economista Lucas Llach, exdirector del Banco Central y actual asesor de Federico Sturzenegger, anticipó que el próximo lunes podría implementarse un nuevo esquema cambiario en Argentina, como resultado del reciente acuerdo técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo, que aún espera la aprobación del directorio del FMI, contempla un programa de facilidades extendidas por 20.000 millones de dólares a 48 meses, destinado a respaldar la estabilización económica y las reformas estructurales en el país.
Aunque oficialmente no se habló de una devaluación abrupta, los trascendidos apuntan a la adopción de un esquema más flexible, como el de bandas de flotación, que permitiría variaciones mayores del tipo de cambio dentro de márgenes preestablecidos. Este esquema, utilizado por países como Brasil, busca reducir tensiones en el mercado cambiario sin comprometer del todo el control monetario.
Sin embargo, en el contexto argentino, cualquier relajamiento del cepo o del control del dólar oficial suele ser leído como un paso hacia una devaluación. Y con ello, surgen preguntas clave: ¿podrá sostenerse el frágil descenso de la inflación? ¿Qué pasará con los precios y los ingresos reales de la población? ¿Cuánto margen político tiene Milei para asumir ese costo?
Actualmente, Argentina opera bajo un régimen de «crawling peg», que implica una devaluación administrada del peso a un ritmo mensual del predefinido. En diciembre de 2023, este ritmo se estableció en un 2% mensual tras una devaluación inicial del 120%. Sin embargo, en enero de 2025, el Gobierno decidió reducir este ritmo al 1% mensual, en respuesta a una desaceleración de la inflación y en el marco de las negociaciones con el FMI.
La posible implementación de un nuevo esquema cambiario podría implicar la adopción de un sistema de bandas de flotación, similar al utilizado por Brasil en la década de 1990. Este sistema permitiría que el valor del peso fluctúe dentro de un rango determinado, brindando mayor flexibilidad al mercado cambiario y evitando movimientos abruptos en el tipo de cambio. No obstante, expertos advierten que, aunque este esquema puede ser útil para suavizar expectativas de devaluación, no es recomendable como solución a largo plazo.
Consecuencias políticas y económicas
La implementación de un nuevo esquema cambiario conlleva diversas implicaciones tanto en el ámbito económico como político. Económicamente, la adopción de un sistema de bandas podría contribuir a reducir la volatilidad cambiaria y facilitar la acumulación de reservas internacionales, un objetivo clave señalado por el FMI. Sin embargo, existe el riesgo de que una mayor flexibilidad en el tipo de cambio genere presiones inflacionarias, especialmente si como se comenta el piso de la banda estaría cercano a los 1400 pesos, actual valor del dólar financiero.
Políticamente, el Gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de implementar reformas económicas en un contexto de tensiones sociales y sindicales. La reciente huelga general de 24 horas convocada por sindicatos en protesta contra las medidas de ajuste es un reflejo del descontento social. La adopción de un nuevo esquema cambiario, si bien busca estabilizar la economía, podría ser percibida por ciertos sectores como una medida que solo favorece a los mercados financieros en detrimento del poder adquisitivo de la población, especialmente si conduce a un aumento de la inflación.
Además, la relación histórica de Argentina con el FMI ha sido compleja y marcada por crisis y desencuentros. La percepción pública del organismo es mayoritariamente negativa, y cualquier medida económica asociada a sus recomendaciones es objeto de escrutinio y debate.
Riesgos inflacionarios y presión social
Una devaluación implicaría un aumento inmediato en los costos de importación y, por ende, un rebrote inflacionario. Esto golpearía especialmente al consumo interno, justo en momentos en que los salarios y jubilaciones han perdido entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo en los últimos meses.
A esto se suma que el gobierno ha congelado por completo la política de ingresos: no hay aumentos por decreto, no se negocian paritarias libres, ni se actualizan los planes sociales. En este marco, una suba del dólar oficial —aunque se presente como técnica o acordada con el FMI— puede convertirse en un nuevo shock regresivo, con impacto directo sobre los sectores populares y clases medias.
¿Puede resistir el plan Milei una nueva devaluación?
El gobierno de Milei ha hecho del superávit fiscal y la estabilidad del tipo de cambio sus dos credenciales frente a los mercados y el FMI. Pero una nueva devaluación afectaría ambas:
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Fiscalmente, podría aumentar el déficit vía mayores costos de subsidios dolarizados (energía, transporte).
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Económicamente, podría erosionar la baja inflación mensual que el Gobierno exhibe como logro.
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Políticamente, podría acelerar el descontento social, en un contexto de caída del empleo registrado y malestar en sectores sindicales y piqueteros.
Además, en términos simbólicos, La posible implementación de un nuevo esquema cambiario en Argentina representa una medida significativa en el marco del acuerdo con el FMI y las políticas económicas del Gobierno. Si bien busca estabilizar el mercado cambiario y fomentar la acumulación de reservas, su éxito dependerá de una ejecución cuidadosa y de la capacidad del Gobierno para mitigar posibles efectos adversos, como el aumento de la inflación y el descontento social. La experiencia histórica y las condiciones actuales sugieren que, aunque las reformas puedan ser necesarias, deben ser implementadas con sensibilidad política y económica para asegurar su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.
El delicado equilibrio del experimento libertario
El acuerdo con el FMI, puede brindar algo de aire a las reservas del Banco Central. Pero si ese aire viene acompañado por la exigencia de un nuevo regimen cambiario, con una devaluación, podría poner en riego el modelo y transformarse en un problema político.
La pregunta clave no es si hay margen para flotar el tipo de cambio, sino si el Gobierno puede sostener su programa de shock sin una nueva corrida inflacionaria. En definitiva, el plan Milei es un experimento de estabilización sin política monetaria, sin expansión fiscal y sin red social. Una devaluación, en ese esquema, puede transformarse en la chispa que desate una nueva crisis de gobernabilidad.
