El Gobierno de Javier Milei oficializó la reducción de los aranceles a la importación de ropa, calzado e hilados, en una medida que busca abaratar los precios de estos productos en el mercado interno.
Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte controversia entre los industriales, que advierten sobre los riesgos de una apertura comercial sin una estrategia de fortalecimiento del sector productivo local.
La medida y sus implicancias
El decreto firmado por el presidente Milei, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece una baja en los Derechos de Importación Extrazona (D.I.E.) de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), reduciendo los aranceles de la ropa y el calzado del 35% al 20%, los de las telas del 26% al 18% y los de los hilados de entre 18% y 26% a valores de entre 12% y 16%. Según el Gobierno, esta rebaja responde a la necesidad de reducir los precios de la indumentaria, que en los últimos años han registrado aumentos superiores a la inflación general.
Desde la Secretaría de Comercio, justificaron la medida argumentando que los altos aranceles vigentes desde 2007 fueron concebidos como transitorios y que nunca se revisó su impacto real. Un relevamiento del Gobierno comparó los precios de prendas en Argentina con los de otros países y concluyó que el mercado local es hasta un 310% más caro que el europeo y un 95% más que el brasileño.
Precios vs. empleo: el dilema estructural
Mientras el Gobierno enfatiza el impacto positivo de la medida en el bolsillo de los consumidores, el sector industrial advierte que la reducción de aranceles podría traducirse en una crisis del empleo y la producción nacional. La Unión Industrial Argentina (UIA) ha alertado sobre la falta de una estrategia de competitividad que equilibre la apertura comercial con el desarrollo productivo.
Según la UIA, la industria textil y del calzado es una de las principales fuentes de empleo en provincias como Buenos Aires, Catamarca, CABA, Santiago del Estero y Tucumán. En el último año, el sector perdió más de 10.000 puestos de trabajo, lo que representa un tercio del total de empleos industriales eliminados. Los empresarios también denuncian que la competencia desleal generada por el contrabando y la falsificación de marcas sigue sin ser abordada con políticas efectivas.
El «costo argentino» y la competitividad
El sector industrial sostiene que la problemática de los precios elevados no se debe exclusivamente a los aranceles, sino a una multiplicidad de factores, como la presión tributaria, los costos energéticos y la falta de financiamiento productivo. En este sentido, los empresarios exigen medidas complementarias para mejorar la competitividad local antes de avanzar con una mayor apertura comercial.
Desde el Gobierno, en cambio, se insiste en que la desregulación del sector ayudará a reducir la inflación y facilitar el acceso a bienes más económicos. Sin embargo, la experiencia de procesos de apertura en otros países de la región sugiere que sin políticas industriales activas, el impacto sobre la producción y el empleo suele ser negativo.
Conclusión
La decisión de bajar los aranceles a las importaciones de textiles y calzado abre un debate central sobre el modelo de desarrollo económico del país. Mientras el Gobierno apuesta por la competencia internacional como motor de la baja de precios, la industria advierte que la falta de una política integral podría agravar la crisis del empleo y la producción local. En este contexto, la pregunta sigue abierta: ¿aumentará realmente el acceso a indumentaria más barata o se estará hipotecando el futuro de uno de los sectores industriales más relevantes del país?
