La movilización que inició como una protesta pacífica de jubilados y grupos de hinchas de distintos clubes se convirtió en una jornada de caos y represión desmedida. La manifestación, convocada para reclamar por el ajuste en los haberes jubilatorios y denunciar el vaciamiento del sistema previsional, terminó con un violento accionar policial que dejó heridos graves y más de 100 detenidos.
Un reclamo justo que fue respondido con violencia.
Los jubilados, uno de los sectores más golpeados por la crisis económica y las políticas de ajuste, se movilizaron en defensa de sus derechos, exigiendo un aumento digno de sus haberes y el fin de las medidas de austeridad que los afectan directamente. Acompañados por hinchas de distintos clubes, que se sumaron en solidaridad, la movilización transitaba con normalidad hasta que fuerzas de seguridad intervinieron con una respuesta desproporcionada.
Gases lacrimógenos, balas de goma y golpes fueron el método utilizado para dispersar la protesta. Testigos aseguran que la Policía avanzó sin previo aviso, generando un clima de pánico entre los manifestantes. Varios jubilados resultaron heridos de gravedad, y algunos debieron ser trasladados de urgencia a centros de salud.
Represión y criminalización de la protesta
El saldo de la jornada es alarmante: más de 100 personas fueron detenidas, muchas de ellas sin causa aparente. Organismos de derechos humanos denunciaron la violencia institucional y exigieron la liberación de los arrestados, señalando que el Gobierno está utilizando a las fuerzas de seguridad para reprimir el descontento social en lugar de atender los reclamos ciudadanos.
«Es inaceptable que los jubilados, quienes han trabajado toda su vida y hoy ven vulnerados sus derechos, sean reprimidos de esta manera», declaró un referente de derechos humanos. Además, diferentes organizaciones políticas y sociales repudiaron el accionar policial y convocaron a una nueva movilización en repudio a la violencia estatal.
Un escenario preocupante
La represión de esta marcha se suma a una serie de episodios similares en los últimos meses, lo que evidencia una creciente criminalización de la protesta social. La crisis económica, la inflación descontrolada y la falta de respuestas del Gobierno están profundizando el malestar social, mientras que la respuesta oficial parece ser cada vez más autoritaria.
Frente a este panorama, la pregunta que queda es hasta dónde llegará esta escalada de represión y si las autoridades tomarán medidas para evitar que la crisis social derive en un conflicto aún mayor. Por el momento, la preocupación crece y el reclamo de justicia por los hechos de violencia policial sigue en pie.
