El intento del gobierno de Javier Milei de privatizar la hidrovía se convirtió en un traspié inesperado tras la anulación de la licitación. La decisión fue tomada luego de que solo una empresa, la belga DEME Dredging International, presentara una oferta, generando sospechas de presión y competencia desleal en el proceso.
Un proceso fallido y acusaciones cruzadas
El gobierno esperaba una competencia más amplia en la licitación de la hidrovía, una de las rutas comerciales más importantes para la economía argentina. Sin embargo, a pesar de que once empresas se habían inscripto en el proceso, solo DEME presentó una oferta. Ante esta situación, la administración libertaria decidió cancelar la licitación y ordenó una investigación sobre posibles presiones ejercidas por DEME para desalentar la competencia.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la falta de oferentes era motivo suficiente para anular el proceso: «Es necesario que quien opere la hidrovía tenga la suficiente capacidad para hacerlo bajo los más altos estándares internacionales. Nuestro compromiso es garantizar una licitación transparente y competitiva».
Por su parte, el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, acusó a ciertos actores de intentar boicotear la licitación. «Hubo un grupo de vivos que trabajaron en contra de este proceso para evitar que tengamos una comparación real de ofertas», declaró. También anunció que se iniciará una investigación para determinar responsabilidades.
Advertencias y cuestionamientos previos
Un día antes de la apertura de ofertas, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) publicó un informe en el que señalaba «serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos licitatorios». Según el documento, estas irregularidades podrían haber conducido a adjudicaciones cuestionables desde el punto de vista administrativo y legal.
En respuesta, la ANPYN rechazó los cuestionamientos y aseguró que los pliegos cumplían con «los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, eficiencia económica y concurrencia establecidos en la legislación nacional». También acusó a DEME de intentar obstaculizar el proceso con denuncias judiciales sin sustento.
Reacciones del sector privado
El fracaso de la licitación generó reacciones encontradas en el sector privado. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron su apoyo a un nuevo proceso, pero reclamaron ajustes para garantizar un resultado exitoso. «La suspensión de la licitación debe dar paso a un fortalecimiento del proceso para lograr una concesión sólida», señalaron en un comunicado conjunto. También insistieron en la necesidad de mejorar las condiciones de navegabilidad y reducir costos.
Mientras tanto, el gobierno enfrenta el desafío de reformular el proceso licitatorio en un contexto de creciente incertidumbre política y económica. Hasta que se resuelva la situación, el servicio seguirá en manos de la empresa Jan de Nul para el dragado y de la firma Emepa para el balizamiento, tal como venía ocurriendo antes de la licitación fallida.
