La deuda externa en Argentina es un tema profundo y de largo alcance, que marca tanto sus ciclos económicos como su capacidad de decisión soberana. En un contexto donde el gobierno promueve un discurso de «libertad» y «apertura de mercados», surgen interrogantes sobre la viabilidad de seguir aumentando el endeudamiento.
Esta situación se complejiza aún más al observar que los mercados internacionales evalúan con prudencia a un país donde la dependencia financiera es estructural.
Con la llegada de Javier Milei al poder, la influencia del capital financiero internacional en las políticas argentinas se ha intensificado. Figuras como Luis «Toto» Caputo, quien introdujo el «bono a 100 años», representan un enfoque que prioriza la relación con los mercados internacionales, pero también revela sus límites: los actores financieros globales ya no parecen dispuestos a asumir más deuda de un país con dificultades para estabilizar su economía. Esto no solo demuestra una pérdida de confianza en el país, sino que señala el control que se ejerce a través de las deudas existentes, limitando la autonomía del gobierno y condicionando las decisiones económicas.
En este escenario, resulta clave observar cómo sectores históricos de resistencia, como los estudiantes universitarios, están reaccionando. Las recientes protestas en respuesta al veto presidencial a la ley de financiamiento de la educación superior no solo reflejan la capacidad de movilización de este grupo, sino que reviven una tradición de lucha estudiantil que ha jugado un rol crucial en momentos críticos del país. Desde la Reforma Universitaria de 1918 hasta el Cordobazo y el debate entre “Laica o libre”, el movimiento estudiantil ha sido protagonista de batallas que han modelado la vida política argentina y han defendido un modelo inclusivo de nación.
El veto de Milei a la ley de financiamiento universitario puede interpretarse como un intento de abrir el debate sobre la educación pública hacia un enfoque privatizador. Sin embargo, este movimiento ha sido ampliamente rechazado no solo por los estudiantes, sino también por las autoridades universitarias. La rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile, presentó una denuncia penal en respuesta a amenazas que, según sus declaraciones, atentan contra los derechos humanos en el ámbito universitario, exponiendo el impacto de este conflicto en la estructura educativa y en los valores fundamentales del país. La presión sobre la universidad pública plantea una potencial erosión de un pilar clave de movilidad social y equidad en Argentina.
Frente a esta coyuntura, el peronismo enfrenta el desafío de consolidar una respuesta unificada que defienda los intereses populares frente a un modelo de ajuste que impacta sobre los sectores más vulnerables y amenaza las instituciones públicas. No obstante, la unidad interna sigue siendo una tarea difícil: figuras como Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Ricardo Quintela no solo enfrentan presiones externas, sino también el reto de reconstruir una alianza capaz de frenar el avance de políticas neoliberales que promueven el desmantelamiento de derechos adquiridos.
Cristina Kirchner sigue siendo una figura central dentro del espacio popular, y su liderazgo es vital en la confrontación ideológica con el gobierno actual. Kicillof, representando una nueva generación de dirigentes peronistas, logró revalidar su mandato en la provincia de Buenos Aires, una base clave de poder para el movimiento. La unión de estas fuerzas no responde solo a una cuestión pragmática, sino que es una necesidad estratégica ante una ofensiva que busca redefinir el rol del Estado en Argentina.
La fragmentación del peronismo puede entenderse como un reflejo de las tensiones inherentes a un movimiento amplio y diverso, que se debate entre su herencia histórica y las demandas de un contexto político en transformación. Sin embargo, la historia del peronismo demuestra que sus divisiones tienden a superarse cuando reconoce una amenaza compartida y logra dirigir sus esfuerzos en una sola dirección.
NR
