El objetivo que persigue la norma es proteger la producción y los puestos de trabajos en un sector que viene castigado tras cuatro años de políticas de ajuste, falta de acompañamiento estatal y otros dos años de pandemia.
“La crítica situación actual pone en serie riesgo a estas empresas como fuentes productivas y de acceso a derechos para sus integrantes y para la comunidad en general. Esta realidad impacta en casos de empresas recuperadas consolidadas en el tiempo, pero también en casos que se han sumado como esfuerzo de trabajadores por sostener los puestos de trabajo en este grave escenario” argumentaron los autores de la norma en los considerandos.
Ahora, las fábricas recuperadas tendrán facilidades tarifarias y financieras para afrontar deudas o para fortalecer la producción. La normativa también suspende la ejecución de sentencias de desalojo, remates de bienes y cortes de servicios dentro de la jurisdicción bonaerense.
Desde el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense entienden que la producción de fábricas recuperadas y del movimiento cooperativo debe ser el motor de la reactivación en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una “asignatura pendiente que la Provincia tiene con las empresas recuperadas” como refirió el ministro Augusto Costa.
La norma tendrá un plazo de vigencia de dos años pudiendo ser prorrogada por otro periodo similar.
Fuente: Ladran Sancho
