En un operativo inédito, las fuerzas federales detuvieron colectivos y trenes, exigieron documentos a trabajadores y requisaron micros que se dirigían a la manifestación en Plaza de Mayo. Organismos de derechos humanos y dirigentes opositores denuncian criminalización de la protesta.
Una ciudad sitiada: controles, demoras e intimidación en la jornada de apoyo a CFK
En la antesala de la movilización convocada por el peronismo en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegó un masivo operativo que encendió alarmas por su carácter intimidatorio y por las posibles violaciones a derechos constitucionales.
Desde la noche del lunes, comenzaron a circular denuncias de organizaciones sociales y agrupaciones políticas sobre la interceptación de colectivos provenientes del interior del país. Según los reportes, efectivos de Gendarmería, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron los vehículos, obligaron a descender a los pasajeros, exigieron la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y revisaron equipajes en su totalidad.
Uno de los casos más llamativos se dio en la autopista Riccheri, donde, en una escena insólita, la PSA y personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) requisaron dos colectivos escolares que transportaban alumnos de primaria desde La Matanza hacia el Planetario. Aunque finalmente los chicos pudieron continuar su viaje, la situación generó una fuerte indignación entre docentes y padres.
La situación se agravó durante la mañana del miércoles 18, cuando las fuerzas de seguridad instalaron retenes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. A la par, implementaron controles en las estaciones de trenes de Constitución y Retiro, donde también se solicitaban documentos a pasajeros que viajaban a sus lugares de trabajo. “No hay delito ni orden judicial, pero igual nos bajaron del tren a revisar”, relató una trabajadora del área de limpieza al canal C5N.
El operativo fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y referentes políticos. “Es un hecho de gravedad institucional. Se está usando el aparato del Estado para reprimir el derecho a la protesta y limitar la libre circulación”, denunció el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) en un comunicado. En la misma línea, diputados de Unión por la Patria elevaron un pedido de informes en el Congreso para que la ministra explique bajo qué normativa se avalaron los procedimientos.
Desde el Gobierno, Bullrich defendió la medida argumentando que se trataba de “controles preventivos para evitar disturbios”, sin dar mayores precisiones legales. “No vamos a permitir que conviertan la Ciudad en un caos”, señaló en declaraciones a Radio Mitre. Sin embargo, hasta el momento no se registraron incidentes protagonizados por los manifestantes, ni detenciones judiciales que justifiquen el despliegue de semejante magnitud.
En redes sociales, el hecho se viralizó con múltiples videos en los que se observa a efectivos armados inspeccionando colectivos, abriendo mochilas y solicitando identificaciones. La agrupación La Cámpora difundió imágenes acompañadas de la consigna: “Gendarmería se sube a los micros que viajan desde todo el país para intimidar a los compañeros y compañeras que vienen a bancar a Cristina”.
La marcha en Plaza de Mayo, convocada en rechazo a la persecución judicial y política contra la exmandataria, terminó por convertirse también en una protesta contra la avanzada represiva del Gobierno. En diálogo con Data Política y Económica, un referente gremial sostuvo: “Nos quieren meter miedo para que no marchemos. Pero lo único que logran es confirmar que el poder nos tiene miedo cuando estamos organizados”.
Con este tipo de medidas, el oficialismo profundiza una estrategia de tensión institucional que busca disciplinar la protesta y blindar la figura presidencial en medio de un clima social cada vez más crispado. La pregunta que queda flotando es hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Javier Milei en su intento por sofocar la oposición popular.
