La Corte rechazó el último recurso de la defensa y dejó firme la condena contra la ex presidenta. El fallo consolida un proceso judicial cuestionado por sectores políticos, jurídicos y académicos que denuncian arbitrariedades, persecución y lawfare.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, dejando firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa conocida como “Vialidad”. El fallo cierra las vías ordinarias de apelación, consolidando una sentencia que, lejos de saldar un capítulo judicial, reaviva el debate sobre la independencia del Poder Judicial y el uso político de las causas penales.
El proceso judicial: condena y controversias
La condena se remonta al fallo del Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, cuando se sentenció a la ex presidenta por administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la adjudicación irregular de 51 obras públicas en Santa Cruz a empresas vinculadas a Lázaro Báez.
La Cámara de Casación ratificó la condena en 2024, y la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cerró ahora la discusión al declarar inadmisible el planteo de la defensa.
Sin embargo, el proceso ha sido duramente criticado por juristas, organismos internacionales y referentes políticos. La defensa de Fernández de Kirchner denunció durante años “la utilización del Poder Judicial para proscribir dirigentes opositores”, en línea con lo que organizaciones como el Grupo de Puebla y el Comité de Derechos Humanos de la ONU han calificado como prácticas de lawfare, es decir, el uso del aparato judicial como arma de persecución política.
“El proceso estuvo lleno de irregularidades”, sostuvo en su momento el constitucionalista Eduardo Barcesat, quien denunció una “violación sistemática al principio del juez natural y a la imparcialidad del tribunal”.
Criterios cuestionados: ¿Justicia o política?
Uno de los puntos más controvertidos del juicio fue la elección del tribunal que juzgó a Fernández de Kirchner: el TOF 2 fue señalado por mantener vínculos políticos y mediáticos con sectores de poder enfrentados al kirchnerismo. Además, la causa avanzó de forma acelerada en fechas electoralmente sensibles, y la acusación principal –asociación ilícita– fue descartada por el propio tribunal, lo que debilitó la arquitectura original del expediente.
A esto se suma el uso del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite a la Corte rechazar recursos sin dar fundamentos. Este mecanismo, si bien legal, ha sido criticado por su opacidad. “No explicar una decisión de esta envergadura vulnera el principio de publicidad y razonabilidad de los actos judiciales”, advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado reciente.
Implicancias políticas y reacción oficialista
Desde el oficialismo libertario, la sentencia fue celebrada como un hito en la lucha contra la corrupción. El presidente Javier Milei declaró que “Cristina Fernández de Kirchner es culpable, y eso ya es irreversible”, reforzando su narrativa de restauración de la República frente al “kirchnerismo corrupto”.
Pero desde el peronismo se advirtió que se trata de un intento de proscripción política. “Es un fallo a medida para eliminar a la principal referente opositora del escenario electoral”, sostuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Wado de Pedro, por su parte, trazó un paralelo con la persecución judicial que sufrió Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil: “El caso de Cristina tiene el mismo patrón: pruebas débiles, tribunales alineados y tiempos procesales funcionales al calendario electoral”.
¿Qué sigue? Recurso internacional y escenario electoral
Con las vías nacionales agotadas, la defensa de la ex presidenta anunció que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Se vulneraron garantías elementales del debido proceso y del derecho de defensa”, sostuvo su abogado Carlos Beraldi.
Cristina Kirchner, que mantiene un fuerte peso simbólico en el electorado opositor, enfrenta ahora una inhabilitación que le impediría competir en las próximas elecciones.
Una sentencia que no cierra el conflicto
El fallo de la Corte Suprema marca un hito en la historia judicial argentina, pero está lejos de clausurar la discusión. Para unos, representa un acto de justicia frente a décadas de corrupción. Para otros, es el resultado de un sistema judicial instrumentalizado por intereses políticos y mediáticos. El caso Kirchner expone así no sólo la fragilidad institucional del país, sino también los límites del Estado de Derecho en un contexto de polarización extrema.
