El cierre del Instituto Perón y la detención de Juan Grabois reavivan la batalla por la memoria histórica
El operativo policial tras la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón y la detención del dirigente social reabren el debate sobre el vaciamiento simbólico del Estado, la criminalización de la protesta y el intento oficial de desmantelar la memoria peronista. Voces del peronismo, la cultura y los movimientos sociales denuncian una avanzada ideológica del Gobierno.
El conflicto por el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, disuelto recientemente por el Gobierno de Javier Milei, escaló este fin de semana en un episodio de fuerte tensión política e institucional. La ocupación pacífica del edificio en Recoleta por parte de un grupo de militantes, legisladores y dirigentes sociales, derivó en un amplio operativo de la Policía Federal que terminó con la detención de Juan Grabois durante más de doce horas. La decisión de clausurar un espacio central en la construcción de la identidad histórica del peronismo reaviva la discusión sobre la memoria colectiva y las formas de disciplinamiento desde el poder.
La sede, ubicada en Austria 2593, fue intervenida por cerca de 50 personas este sábado al mediodía. Lo hicieron a través del bar “Un café con Perón”, gestionado por una cooperativa de trabajadores con contrato vigente hasta 2027. Con banderas colgadas en los balcones que decían “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”, los manifestantes exigieron la reversión del cierre del Instituto. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la ocupación como una “usurpación violenta” y ordenó el desalojo, que concluyó con la detención de Grabois y otro militante.
El dirigente del Frente Patria Grande fue liberado en la madrugada del domingo. A la salida, denunció no haber recibido una imputación concreta y apuntó duramente contra las condiciones de detención en la alcaldía de Lugano: “La forma en que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Computadoras del año 84. Esto también es parte del Estado que quieren vaciar”, ironizó. También reafirmó su compromiso con la causa: “Si Patricia Bullrich quiere que volvamos a visitar estas instalaciones, lo haremos. Lo que no nos va a sacar es la bandera argentina”.
Grabois acusó al Gobierno de intentar “borrar la historia de una parte de nuestro pueblo” y relató que, durante la intervención del Instituto, “destruyeron todo el archivo, pusieron las estatuas de Evita y Perón en una bolsa mortuoria”.
El operativo fue cuestionado por amplios sectores del arco político y social. Diputados como Itai Hagman, Natalia Zaracho, Horacio Pietragalla y Juan Manuel Valdez, además de figuras del periodismo como Alejandro Bercovich y Ángela Lerena, se hicieron presentes en la Superintendencia de Investigaciones Federales para exigir la liberación de los detenidos. El Partido Justicialista Nacional emitió un comunicado repudiando el accionar del Gobierno y reclamando la restauración del Instituto.
El vaciamiento de una memoria incómoda
El cierre del Instituto Juan Domingo Perón fue anunciado el 7 de mayo por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la decisión por tratarse de “una carga presupuestaria injustificada”. Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que la institución empleaba a 20 personas y consumía más de 400 millones de pesos anuales sin registrar investigaciones activas, aunque omiten que allí se resguardaban archivos históricos, objetos patrimoniales y documentación de valor nacional.
El Gobierno anunció que el edificio será transformado en una biblioteca para personas con discapacidad y que el restaurante que funciona allí será reemplazado por un emprendimiento destinado a jóvenes neurodivergentes. Sin embargo, desde la cooperativa ‘Lo de Néstor’ que gestiona el bar denuncian que tienen contrato vigente hasta 2027 y que la medida los deja en la calle. Leonardo Duva, uno de sus referentes, aseguró que se trata de una “decisión política encubierta de humanitarismo”, y añadió: “No es una reconversión, es un desalojo. Y lo hacen con la historia, como con nosotros”.
La polémica se enmarca en un proceso más amplio de desfinanciamiento y desarticulación de políticas públicas, organismos de derechos humanos y espacios de memoria. Desde diciembre de 2023, el Gobierno ha cerrado organismos como el INADI, el Ministerio de la Mujer y ha eliminado programas de inclusión, cultura y educación con el mismo argumento: el ajuste fiscal.
Pero en este caso, el símbolo excede lo presupuestario. Se trata del corazón simbólico de un movimiento político que marcó la historia argentina del siglo XX y que aún interpela a millones. El intento de clausurar ese relato, suprimir sus símbolos, reducir su legado a una cuestión de números, se interpreta como una agresión directa a la identidad de una parte significativa del pueblo argentino.
Un síntoma de época
La detención de Grabois y el operativo represivo en la sede del Instituto Perón se suman a una serie de episodios que evidencian un endurecimiento creciente por parte del Gobierno frente a las expresiones de disenso. Marchas, huelgas, ocupaciones y protestas sindicales han sido respondidas con protocolos de seguridad más severos, criminalización de líderes sociales y discursos estigmatizantes desde la cúpula estatal.
Frente a este panorama, sectores del campo popular llaman a defender no solo estructuras institucionales, sino también sentidos colectivos. “Cerrar el Instituto Perón no es sólo un ajuste, es un acto de amnesia planificada”, expresó el historiador Norberto Galasso en redes sociales. En el mismo sentido, organismos de derechos humanos advierten que no puede pensarse una democracia plena sin una política activa de memoria, verdad y justicia.
El caso del Instituto Perón es, entonces, mucho más que una discusión administrativa. Es una postal de época, un síntoma de un modelo que busca romper con el pasado para redibujar el presente a su medida. En esa batalla por el sentido de la historia, los símbolos vuelven a ser campo de disputa. Y como enseñó Perón: «La historia la escriben los pueblos cuando se hacen cargo de su destino».
